Un fiscal de Tucumán, Santiago del Estero y Catamarca
detalló las denuncias que tiene la empresa minera. En ninguna se ha llegado a
juicio. Recordó que la firma está constituída por dos partes: una privada y
otra estatal.
Antonio Gómez es fiscal general de las provincias de
Tucumán, Santiago del Estero y Catamarca. En diálogo con el programa radial La
Palangana (FM 103.7), relató que la empresa Minera La Alumbrera posee tres
causas por delitos ambientales, en las tres provincias. La más antigua data de
1998 en donde la Cámara Federal procesó a Julián Rooney, vicepresidente de la
empresa, por el agua que se tiraba al Dique El Frontal luego del proceso que se
da en la planta de secado.
“Realicé una investigación por mi cuenta y tuve en cuenta
informes de la misma minera que daba cuenta de altísimos índices de
contaminación, informes de gendarmería, de la secretaría de Minería de la
Nación y de algunas provincias. La prueba es sobre-abundante”, remarcó el
fiscal.
Todavía no se concretó ningún juicio. “Presentamos recursos
de quejas por la demora. Lo último que nos queda es una presentación ante la
Comisión Interamericana de Derechos Humanos”, aseguró.
Sobre los delitos económicos Gómez, recordó que Minera La
Alumbrera está integrada por dos grupos, una privado y otro estatal. El estatal
es Yacimientos Mineros de Agua de Dionisio (YMAD), una sociedad integrada por
representantes del Gobierno de Catamarca, la Universidad Nacional de Tucumán y
el Gobierno nacional. En el sitio web de la minera se afirma que los derechos
de exploración y explotación pertenecen a YMAD.
“La minera le entrega a YMAD el 20% de todas sus ganacias
netas. Esos son muchos millones de dólares. El dinero que se reciba la
universidad se reparte de la siguiente manera: un 50% queda en la casa de
estudios y la otra mitad va al resto de las universidades del país, por eso
algunos informes son poco confiables”, explicó.
Además, describió que un científico peruano radicó una
denuncia tras estudiar el tipo de roca que se estaba extrayendo de la mina. Al
parecer estarían explotando un grupo de minerales ocultos, valuados en 90
dólares por tonelada. “Esto implicaría un engaño a sus socios, es decir al
Gobierno“, añadió el fiscal.
Escuchá la entrevista completa en La Palangana
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