Referentes del área analizan los alcances de los ejes
presentados
Con una fuerte bajada de línea para los tribunales
inferiores, la Corte Suprema de Justicia de la Nación dejó inaugurado el año
judicial
Hasta el momento nunca antes hubo una agenda tan delimitada
de temas sobre los que transitará la Justicia de cara al año que judicial que
comienza. En este marco, el discurso de apertura del año jurídico nacional que
dio el titular de la Corte, Ricardo Lorenzetti, se apoyó sobre diferentes
puntos de gestión que ya abren debate en el estamento judicial.
“No puede ser que la Justicia se mire a sí misma, primero
hay que mirar a la sociedad y brindar un servicio”, es necesario “acercar la
Justicia a la gente, hacer hablar a la Constitución con la voz del pueblo de la
Nación”; esta frase sintetiza una firme idea que viene persiguiendo la Corte
Suprema y que ubica el norte en lograr un sistema de Justicia más cercano a la
sociedad y que logre poner en primer plano los problemas que aquejan a las
personas. De la mano de esto, no se puede quitar la mirada de cuestiones que
necesitan de una urgente resolución y fortalecimiento: acceso a justicia,
imparcialidad del sistema judicial, jueces independientes, celeridad en la
resolución de los casos, límites al poder, entre otros aspectos de relevancia
sobre los que se apoya la agenda planteada para 2012.
PARTICIPACIÓN CIUDADANA. “La Corte Suprema realizó avances
importantes en materia de participación ciudadana. Por ejemplo, la celebración
de audiencias públicas para tratar casos de gran transcendencia ha permitido
que la ciudadanía vea a la Corte en acción y se familiarice con su trabajo.
Esta práctica, sin embargo, debería extenderse y aplicarse a los casos más
sensibles, ya que no se la utiliza con frecuencia y muchos casos importantes
son resueltos sin discusión pública previa”; así Álvaro Herrero, director
ejecutivo de la Asociación por los Derechos Civiles (ADC), apoya uno de los
principios sobre los que Lorenzetti basó toda su exposición: trabajar por un
modelo de Justicia más cercano a los intereses de los ciudadanos.
En este plano, el especialista advierte que la Corte debería
reactivar el uso de la figura de los amicus curiae, ya que permiten una
discusión más amplia en la sociedad de los temas que llegan al Tribunal. Lo
cierto es que “si bien reguló su utilización mediante acordada 28/2004, en los
últimos cinco años sólo anunció un caso en su página web para realizar dichas
presentaciones”.
Otra forma de alentar la participación ciudadana, coinciden
los especialistas, radica en el diseño y la profundización de políticas de
transparencia y acceso a información pública. “La Corte ha avanzado con
políticas de gobierno abierto, pero resta mucho por hacer. La carencia de una
ley de acceso a información pública a nivel nacional no es óbice para que, por
ejemplo, el Tribunal impulsara su propia regulación en la materia”, advierte
Herrero.
ACCESO A JUSTICIA. “Una de las alternativas a la protesta
social es reprimirlas, es tratar de que no se expresen, pero éste no es el
camino más acertado”, sostuvo Lorenzetti e instó a que el sistema judicial priorice
las audiencias públicas, como “la mejor manera de resolver los conflictos y
escuchar a las distintas voces”.
Consultada por BAE, Sandra Elena, directora del Centro de
Implementación de Políticas Públicas para le Equidad y el Crecimiento (Cippec)
señala que “en la Argentina, la justicia formal tiene altas barreras de acceso,
baja calidad en la prestación de sus servicios y problemas relacionados con
falta de transparencia e independencia. Así, las necesidades jurídicas
insatisfechas de la población se multiplican al mismo tiempo que aumenta el
descrédito público de la Justicia”. Al respecto, Elena explica que uno de los
mayores problemas que afecta el acceso de la población a los sistemas de
justicia, radica en que “las autoridades políticas y judiciales no han generado
políticas públicas de reforma integral de la Justicia ni promovido un cambio
cultural que promocione la negociación como forma de resolución de los
conflictos; tampoco se organizó un servicio de asistencia jurídica gratuito y
masivo, que permita sortear el primer obstáculo de acceso a justicia de los
grupos más vulnerables: la representación legal”. En este macro, la
especialista señala que “las barreras de acceso cristalizan y magnifican las
desigualdades sociales en perjuicio de aquellos que no tienen otra vía para
hacer valer sus derechos”.
Así, desde Cippec proponen la creación de Centros de Acceso
a Derechos (CAD) a nivel nacional, provincial y municipal que evalúen las
necesidades jurídicas insatisfechas de la población y los recursos jurídicos
existentes y brinden respuesta a las carencias detectadas a través de casas de
justicia, abogados probono, defensores públicos, entre otras modalidades.
Por otro lado, Marcelo De Jesús, miembro del Comité
Ejecutivo del Foro de Estudios sobre la Administración de Justicia (FORES)
aboga por la aplicación de un management judicial que simplifique los procesos
y cambie los hábitos de trabajo del Poder Judicial. “El management judicial
apunta a reducir los pasos de trabajo y, en definitiva, acercar al juez a la
gente, trabajar más rápido y hacer el servicio más transparente".
LIBERTAD. “Fue un hecho muy positivo que el presidente de la
CSJN haya resaltado la importancia de las normas penales y su aplicación a los
casos complejos. De hecho la propia ley procesal penal de la Nación habilita a
los tribunales a dictar normas prácticas que sean necesarias sin alterar su
alcance y espíritu”, dijo a BAE la jueza de Cámara Tribunal Oral en lo Penal
Económico, Karina Perilli. Dentro de ese marco, Lorenzetti hizo hincapié en la
importancia de que se continúe trabajando en la defensa de las normas del
debido proceso y las garantías del derecho penal.
En ese sentido, Perilli señaló que ya varios tribunales
colegiados del país que tienen bajo juzgamiento “megacausas” lo han venido
haciendo y como corolario, los integrantes de la Cámara Federal de Casación
Penal dictaron en sesión plenaria las “reglas prácticas” para aplicar en
procesos complejos con el fin de posibilitar una mayor dinámica y operatividad
a las normas procesales vigentes.
Dicho de otro modo, se trata de adaptar, dentro del marco
legal permitido, los procedimientos que la ley impone, para agilizar los
juicios complejos o “megacausas”, evitar dilaciones innecesarias y, puntualiza
Perilli, “por sobre todo en aquellos casos donde lo emocional se encuentra tan
involucrado, evitar la revictimización de los damnificados que necesitan
imperiosamente una respuesta rápida y eficaz de la Justicia”.
LÍMITES AL PODER E IMPARCIALIDAD. “Debe haber un equilibrio
de poderes y los jueces y juezas tienen esa función, limitar y proteger los
derechos de los individuos, pero limitando, porque los fuertes no necesitan
ninguna protección y el derecho está para los débiles”, indicó el presidente de
la Corte y a su vez remarcó que “se debe encontrar la medida justa de los
límites de los abusos de toda clase de poder”.
En este plano, Luis María Cabral, presidente de la
Asociación de Magistrados analizó el panorama actual y no dudo en afirmar que
“la inmensa mayoría de los jueces argentinos cumple con los estándares de
independencia, idoneidad e imparcialidad que se les exige. Considero relevante,
como lo mencionó el titular de la Corte, profundizar una forma trabajar que nos
muestre más cercanos a los ciudadanos”.
Sobre el fantasma de las presiones que ronda y mancha desde
cerca la credibilidad del sistema de Justicia, Cabral ratificó la independencia
de los magistrados pero señaló de suma importancia que se incorporen los
reclamos de la sociedad de manera y se les de una respuesta veloz y
comprensible.
Por otro lado, con relación a los abusos en que pudieran incurrir
los jueces, el fiscal Javier De Luca consideró que la clave está “en la rápida
revisión de los casos en que se alegue que ello ha ocurrido. Tanto por
apelación como por quejas por retardo de justicia, una medida cautelar debería
estar resuelta y revisada en 15 días. Y así con un sinfín de procesos
sumarísimos que, en la realidad, se eternizan y terminan conformando un recurso
de los interesados para dilatar la aplicación de medidas de estado,
cualesquiera que fueran éstas”.
TRAGEDIAS COLECTIVAS. Éste fue tal vez el más controvertido
de los conceptos vertidos en el discurso inaugural, dado que el magistrado
llamó a trabajar en “una maduración política e institucional para hablar de
políticas de Estado que resuelvan grandes temas que generan permanentes
litigios en el Poder Judicial”. En este contexto, se refirió a las tragedias
colectivas como un plano que excede al sistema y que luego de transforman en
“tragedias judiciales”.
Consultado al respecto, Jorge Rizzo, presidente de la
organización de abogados Gente de Derecho y ex presidente del Colegio Público
de Abogados de la Capital Federal, señaló que “ha llegado la hora de que los
jueces [mediante una ley que así se los exija] comiencen a aplicar sanciones
punitivas, como ocurre en los Estados Unidos, en el caso de negligencias de
empresas privadas o del Estado nacional. Me da la sensación de que con dicha
creación se empezaría a prestar más atención en el mejoramiento de todo
servicio para los usuarios y no tanto en las tarifas y/o precios en detrimento
de ellos como ocurre desde hace muchos años”.
Imparcialidad, celeridad, fortalecimiento de las políticas
de Estado y una Justicia de cara a los ciudadanos, son las bases sobre las que
la Corte busca avanzar en este 2012, motivando bajo su impulso a los tribunales
inferiores, con el firme objetivo de trazar “una agenda de cambio releyendo la
Constitución”.
LA PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE, EN PRIMERA PLANA
Uno de las megacausas emblemáticas de la Corte a partir de
2011 fue sin dudas el “caso Riachuelo” que, según lo señaló el ministro de la
Corte, le valió al país el reconocimiento de las Naciones Unidas por los
avances logrados en materia de derecho ambiental. En este plano, donde la Corte
refuerza dentro de la agenda 2012 su compromiso en el terreno medioambiental,
Claudio Lutzky, director ejecutivo del Programa de Derecho del Cambio Climático
de la UBA, indica que existe una explosión de litigios en materia ambiental en
los últimos años por lo cual “sería de gran utilidad que la Corte instara
procedimientos de discusión y negociación directa entre las partes enfrentadas
en materia de conflictos ambientales. Dado que los individuos son los mejores
jueces de sus propios intereses, cuanto mayor sea el margen de decisión de los
conflictos por parte de los propios interesados, más sólidos y sostenibles
serán los resultados”.
Por su parte, María Eugenia Di Paola, directora ejecutiva de
la Fundación Ambientes y Recursos Naturales (FARN), sostiene que “resulta clave
el activo rol demostrado por la Corte Suprema de Justicia como control de
importancia en la causa Riachuelo, un punto de inflexión en materia de justicia
ambiental. Asimismo ha sido muy importante su actividad cautelar en la causa
por desmontes en Salta y actualmente de involucramiento en materia de Litio y
comunidades en la Puna”. En tal sentido, desde FARN indican que sería un gran
avance que “este rol se traslade también a otras causas, como la lucha por la
implementación de la Ley de Glaciares. Asimismo, que la prioridad y
transversalizacion de la cuestión ambiental en los ámbitos administradores se
constituya como política de Estado y ocupe el lugar que merece en agenda
publica”.
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