Una lucha decisiva
La lucha por el castigo a los responsables del asesinato de
Mariano se encuentra en una fase decisiva. El juicio oral y público por el
homicidio de Mariano aún no tiene fecha, a pesar de haber quedado
definitivamente resuelta la unificación de las causas que investigan a Pedraza
y la patota con la de los policías que habilitaron el ingreso y retirada del
grupo criminal, y despejadas todas las todas las nulidades, recursos y
apelaciones presentadas por las defensas durante toda la etapa preliminar.
Asimismo, ha sido habilitada la sala para las sesiones.
Los medios de comunicación -especialmente la agencia estatal
Télam y el oficialista Página/12- aseguraron que el juicio comenzaría el 15 de
junio: una información desmentida por la realidad. El Tribunal Oral y Público
(TOC) aún no fijó un cronograma de audiencias. La sala que se puso a
disposición -denominada SUM- se encuentra en los tribunales de Retiro y deberá
ser compartida, en forma alternada, con el juicio que se desarrollará contra el
empresario Rafael Levy y otros imputados por la masacre de Cromañón. La sala
SUM tiene una capacidad para 60 personas, un espacio estrecho. Por otra parte,
se trata de una sala en la que no hay manera de dividir al público, por lo que
víctimas y familiares, así como los representantes del movimiento que reclama
el castigo a Pedraza, inevitablemente se cruzarán con los allegados de los
acusados.
La demora para fijar el cronograma de un debate que abarcará
más de seis meses deberá atravesar la feria judicial de invierno con audiencias
espaciadas, lo que atenúa el impacto público del proceso. Por otro lado, la
superposición con otro juicio, con el que además compartiría sala (la Justicia
podría haber dispuesto el alquiler de un espacio adecuado, como lo ha hecho en
otros casos) también diluye el protagonismo de la causa. En el banquillo de los
acusados habrá algo más de 15 personas imputadas: será sometida al escrutinio
público la trama de intereses que derivaron en el crimen político de Mariano
Ferreyra, en la masacre de Once y en centenares de crímenes contra el pueblo
trabajador.
Los problemas no se agotan aquí. Hasta ahora, el TOC 21 no
ha permitido el acceso de las querellas a las escuchas telefónicas y a las
computadoras personales de Pedraza y Fernández -a pesar de que forman parte de
las pruebas del juicio. Por otro lado, la causa paralela que investiga el
intento de coima a los jueces de Casación se encuentra en un punto muerto (ver
nota aparte). Tampoco progresó un milímetro la investigación por el desvío de
fondos para el pago de salarios en Ugofe, iniciada a raíz de la denuncia de un
ex gerente.
Se trata de una operación quirúrgica para aislar el juicio
por el crimen de Mariano de todas las derivaciones y conexiones que ponen de
manifiesto sus connotaciones políticas.
La burocracia ferroviaria
Las dilaciones judiciales tienen lugar cuando hay activas
negociaciones entre el gobierno y la burocracia sindical ferroviaria. La UF se
ha convertido en un botín de la más alta importancia como consecuencia del
derrumbe del pedracismo. Según BAE (29/5), el gobierno dispondría que la
Sociedad Operadora Ferroviaria Sociedad del Estado (Sofse) pase a controlar y
explotar los ramales de las líneas Mitre y Sarmiento, con Roggio y Emepa (e
incluso TBA) operando en calidad de ‘técnicos’. Sofse está encabezada por Juan
Araya, abogado y ‘hombre de confianza’ de José Pedraza, y por Agustín Special,
directivo de La Fraternidad. La especie refleja, en parte, los movimientos del
gobierno para quedarse con los despojos del pedracismo. En el mismo sentido de
copamiento, la burocracia de La Fraternidad se ha alineado con la Casa Rosada
en la embestida contra Moyano. Moyano, por su parte, intenta ocupar un espacio,
tal como lo demuestra la participación de su hijo Facundo en charlas y debates
que abordan la tercerización en la actividad ferroviaria. (El proyecto de ley
sobre tercerización presentado por el moyanismo es insustancial, porque no
plantea lo único que importa en la materia: la vigencia en las empresas
contratistas del convenio colectivo de la empresa principal -en cuanto a
salarios y condiciones de trabajo). La esposa de Moyano continúa en la
vicepresidencia del Belgrano Cargas, el ramal de los ramales. Es probable que
Pedraza esté negociando su absolución a cambio de aceptar una jubilación definitiva
de la Unión Ferroviaria. Advertimos que la condena judicial de Pedraza se
encuentra condicionada a negociaciones político-sindicales, las que no tienen
nada que ver con las pruebas terminantes reunidas contra los autores políticos
e intelectuales del asesinato de nuestro compañero Mariano Ferreyra. En
oposición a todos los que buscan usar el juicio para sus fines de copamiento
político, nosotros (los del Partido Obrero) exigimos el juicio y castigo a los
culpables.
Conclusiones
Advertimos un operativo oficial para aislar el juicio a
Pedraza y despojarlo de sus connotaciones políticas -incluso para aislarlo del
impacto político que está teniendo el ‘ajuste’ y la crisis cambiaria. Es un
hecho que la Rosada busca poner un pie en la Unión Ferroviaria, al mismo tiempo
que desarrolla su acción de copamiento de la CGT.
Nuestra campaña política por el inmediato inicio del juicio
oral y el castigo a toda la patota pedracista irá acompañada de un
esclarecimiento permanente de las maniobras políticas que buscan instrumentar
el desarrollo del juicio y su veredicto final.
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