Es la segunda provincia que cuenta con una norma que busca
erradicar las fuentes de tratas de personas.
Tucumán siguió los mismos pasos de Córdoba y, desde ayer, se
convirtió en la segunda provincia en tener una ley que prohíbe los prostíbulos.
La norma, bautizada “Prostíbulo Cero”, fue sancionada ayer
por la Legislatura provincial.
El proyecto fue elaborado tomando como base una iniciativa
anterior redactada por el diputado provincial Jesús Salim, quien trabajó en su
elaboración junto a Susana Trimarco, madre de Marita Verón, la joven desaparecida
en 2002 víctima de una red de trata de personas. Las comisiones de Derechos
Humanos y de Seguridad y Justicia le dieron el visto bueno al texto que será
debatido y se espera que sea aprobado por el cuerpo legislativo.
La iniciativa, que consta de 11 artículos, prohíbe en todo
el territorio provincial el funcionamiento de lugares en los que se practique o
se facilite el ejercicio de la prostitución bajo la modalidad de wisquerías,
cabarets, clubes nocturnos, boites, saunas o locales de alterne.
Cuando la ley entre en vigencia se prohibirá "la
instalación, el funcionamiento, el regenteo, el sostenimiento, la promoción, la
publicidad, la administración y/o la explotación bajo cualquier forma,
modalidad o denominación de lugares en los que se facilite, tolere, promocione,
regentee, organice, desarrolle y/o se obtenga provecho de la explotación de la
prostitución ajena, hayan prestado o no las personas explotadas su
consentimiento para ello", según señala el texto.
También dispone la inmediata clausura y cierre definitivo de
los locales mencionados apenas entre en vigencia de la ley, que se conoce como
"Prostíbulos cero". Uno de los artículos establece que "en todos
los procedimientos que se realicen con motivo de la aplicación de la Ley se
deberán resguardar de manera integral los derechos de las personas que se
encuentren en el lugar ejerciendo, ofreciendo o con el propósito de ejercer la
prostitución de manera voluntaria".
Cuando éstas no puedan acreditar su identidad y domicilio,
serán tenidas como víctimas de la trata de personas y recibirán protección y
contención mientras su situación es puesta en conocimiento de las autoridades
judiciales y administrativas competentes.

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