En las últimas horas, se ratificó que la pretendida
nacionalización de YPF da paso ahora a los capitales de Chevron, condenada por
contaminación en Ecuador, para explotar los hidrocarburnos "no
convencionales". El Observatorio Petrolero Sur acaba de publicar el libro
Zonas de sacrificio que justamente denuncia el avance de la frontera hacia el
shale-gas, en provincias como Neuquén. Por su parte, Los Verdes impulsan a
nivel legislativo una nueva matriz energética, frente al lobby petrolero y
nuclear.
Una de las imágenes que denuncia el accionar de Chevron en
el Amazonas.
Desde ComAmbiental se lo advirtió desde un primer momento.
Lo que se difundió como la nacionalización de YPF, pero que en realidad fue la
compra del 51 por ciento de las acciones de Repsol, tenía como principal
objetivo incluir al petróleo dentro de la política extractivista del gobierno
nacional, avanzando incluso en proyectos conflictivos como el gas no
convencional en Vaca Muerta. Y más aún, que esto se haría en realidad con otra
empresa trasnacional, como la norteamericana Chevron, tal y como lo dio a
entender en junio la propia Presidente Cristina Fernández en Nueva York, y se
confirmó hace semanas en Buenos Aires, en sendas reuniones del Consejo de las
Américas.
Ahora lo publicó la propia agencia oficial: YPF y Chevron
acordaron la exploración conjunta en el yacimiento de hidrocarburos no
convencionales (shale) de Vaca Muerta, provincia de Neuquén. Esta noticia se
enmarca en el impulso del gobierno nacional que pretende 37.200 millones de
dólares de inversiones para aumentar un 32% la producción hidrocarburífera
hacia el año 2017. Para distintas voces ambientales, esto es solo un indicio de
la expansión de la frontera petrolera que ya está en marcha.
Además de las diez provincias que integran la Organización
Federal de los Estados Productores de Hidrocarburos (OFePHi), “las restantes
(salvo la Ciudad de Buenos Aires) están inmersas en alguna de las etapas
previas" que corresponden "a la radicación definitiva de la
industria”, advierte el Observatorio Petrolero Sur en el nuevo libro Zonas de
sacrificio.
Por ejemplo, se menciona que Entre Ríos definió áreas de
cateo en 2010 en busca del shale –con la entonces Repsol-YPF– en el norte de la
provincia donde hay “numerosas actividades productivas primarias y
agroindustriales” y que “además se superpone con el Sistema Acuífero Guaraní”
poniéndolo en grave riesgo de contaminación.
Aunque el objetivo oficial es la soberanía energética, el
interés de fondo es obtener saldos exportables y aprovechar la creciente
demanda de los países más consumistas. El Observatorio concede que las últimas
medidas adoptadas por el gobierno nacional “han permitido una relativa
redistribución de la renta", pero insiste que "en poco y nada han
alterado la lógica predatoria, social y ambientalmente insustentable con la que
se explota el recurso, y la extranjerización a la que se encuentra sometido”.
¿Y las fuentes renovables?
Juan Carlos Villalonga de Los Verdes fue más crudo: “Me da la sensación
de que ahora sí van por todo”. En rueda de prensa, aclaró que el plan nacional
no está explicitado pero prevé “un crecimiento vegetativo” de las energías
renovables hasta “el 9.4% de la matriz para 2030”. Su colega Roque Pedace sumó
que el desinterés oficial se ve en el GENREN que "es inconsistente porque,
entre otras cosas, no tiene financiación", a diferencia por ejemplo de la
energía nuclear.
Por su parte, el diputado nacional Carlos Comi (Coalición
Cívica) agregó que “el Ejecutivo no firma ni permite la discusión en el Congreso
porque va cambiando todo el tiempo”. El legislador especificó que en lo que va
del año la comisión de Energía y Combustibles de la Cámara Baja, presidida por
la kirchnerista Rosana Bertone, se reunió solo una vez, evitando tratar pedidos
de informe sobre el plan nuclear que recibe recursos "muchas veces de
ANSES" o el proyecto presentado por el propio Comi que impulsa una matriz
100% renovable y limpia para 2050.
Esta última propuesta se basa en la comparación de seis
escenarios energéticos confeccionados por diez instituciones del sector
empresario energético, del ambiental y del académico. Asesorado por Los Verdes,
plantea que con una política de estado es posible que para 2020 las fuentes
renovables y limpias ocupen el 25% del consumo energético, se cierren las
centrales nucleares, haya mayor eficiencia energética y se permita la
generación de electricidad en los hogares.
Los promotores aclaran que esta iniciativa demanda una
inversión menos riesgosa que la que busca YPF (a nivel económico, ecológico y
social) y que incluso se compensa en el mediano y largo plazo con la
disminución paulatina de la dependencia de combustibles fósiles cuyos costos
inevitablemente irán en aumento. La complementación de energía solar
fotovoltaica, la eólica, el biogás a partir de los residuos, la geotérmica y la
mareomotriz adquiere un rol protagónico para lo cual se debería promover
incentivos para la industria nacional, tarifas preferenciales y fideicomisos
como se hace hoy en día en favor del lobby petrolero, nuclear y de las grandes
hidroeléctricas.
A futuro. "Mientras más se demore, mayores serán los
costos y los riesgos de colapso porque el sistema actual se resiente",
advirtió Pedace. Las herramientas técnicas existen pero Comi se mostró
desanimado "porque el tema no interesa al oficialismo". La clave está
en la arena social, aunque allí "la discusión de lo energético está
centrado en el conflicto, en la resistencia de las comunidades, en aceptar o no
un proyecto en lo local, pero no se discute el plan", aquejó Villalonga.
Al respecto, el Observatorio Petrolero Sur alentó a organizar espacios
colectivos, "pensar la energía como un derecho y discutir qué tipo de
sociedad queremos".
Chevron criminal. Puede leerse en algunas redes sociales a
militantes oficialistas publicitando como buena noticia, ocultada por los
grandes medios, la incorporación de Chevron a los proyectos de YPF. Pero lo
cierto es que Argentina le abre las puertas a una corporación considerada
criminalmente como culpable del peor desastre socio-ambiental de la historia
petrolera. Sucedió durante la operación de Chevron-Texaco en el Amazonas
ecuatoriano, por la cual hubo una condena por daños de 9.500 millones de
dólares. “Ningún monto del mundo podrá devolver las vidas, el daño que ha
causado esta contaminación, pero este monto no es suficiente para remediar todo
lo afectado. Recordemos que se dañó el agua, la vida, la Tierra; que muchas
personas murieron, por eso creemos que el monto debería revisarse”, expresó en
su momento Luis Yanza, coordinador de la Asamblea de Afectados de Texaco,
difundido por OilWatch.
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