Se manifestaron por la
vigencia de la Ley 7.722 y celebraron el primer aniversario del rechazo a la
instalación del proyecto minero San Jorge en la provincia. A un año del rechazo
a la instalación del proyecto minero San Jorge en la provincia, cientos de
vecinos y organizaciones ambientalistas marcharon ayer a la tarde para defender
la vigencia de la ley 7.722, que prohíbe el uso de sustancias químicas en la
minería a cielo abierto, y pedir que los jueces ratifiquen de forma plenaria
(no sólo tres de los seis magistrados) la constitucionalidad de la norma frente
al pedido de un grupo de empresas mineras que iniciaron acciones judiciales
para que sea considerada contraria a la Carta Magna.
Fuentes: diario Los Andes
y San Rafael
Con carteles en las manos,
bombos y varios disfrazados de payasos -ya que consideran que el Gobierno no
los toma en serio-, se congregaron desde las 19 en el nudo vial de Vicente
Zapata y Costanera, de Ciudad. Durante su recorrido por distintas calles del
microcentro, se manifestaron frente a la Legislatura y concluyeron la
movilización ante el edificio del Poder Judicial.
El texto de algunos
carteles rezaba: "Somos 75% agua y un 0% oro que defender", "Ley
7722, agua pura, defenderla", "Que toda la Corte Suprema de Justicia
ratifique la absoluta constitucionalidad de la 7722".
Existen diez causas que
están en manos de la Sala II de la Suprema Corte de Justicia, integrada por
Mario Adaro, Herman Salvini y Carlos Böhm. Sin embargo, el debate aún sigue
abierto, ya que algunos de sus miembros opinan que la decisión final sobre el
futuro de la ley antiminera debería tomarse entre los seis jueces que componen
el organismo, tal como vienen pidiendo públicamente los sectores
ambientalistas.
Justamente, la semana
pasada ambientalistas, integrantes de diferentes organizaciones de vecinos de
toda la provincia y mendocinos se reunieron en la explanada del Poder Judicial para
entregar por mesa de entrada una carpeta con 36 mil firmas de personas que
apoyan el reclamo para que la ley 7.722 no sea modificada ni declarada
inconstitucional.
Además de comunicar sus
pedidos, los manifestantes recolectaron firmas para luego incorporarlas al
expediente que ya fue creado.
"En menos de un mes
reunimos más de 36 mil firmas en la provincia (más de tres por ciento del
Padrón Electoral) que exigen la plena constitucionalidad de la ley",
sostuvieron fuentes de la Asamblea Popular por el Agua en un comunicado.
Entre las entidades
participantes figuraba Ampap (Asambleas Mendocinas por el Agua Pura), y los
estribillos le exigían al Gobernador Paco Pérez que "cumpla sus promesas
electorales".
En la columna había gente
de la asamblea de Tupungato, de Conciencia Solidaria, cuyos integrantes
visitaron hace poco San Rafael, y vecinos del Gran Mendoza, además de
representantes de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) cuya
secretaria general, Raquel Blas, dejó en claro que "el gobernador se viene
manejando como lo que es, siempre supimos que era un representante de los
intereses de los grupos macro económicos; es evidente que todo fue una maniobra
electoral y hoy sigue apoyando una medida económica en detrimento de la
provincia".
Milca Vargas, delegada de
Ampap y coordinadora de Asamblea por el Agua y Bienes Comunes, explicó a un
medio provincial que "estamos aquí para continuar presionando; hace cinco
años presionamos para que la ley 7722 se hiciera realidad. Hoy venimos a pedir
que no se declare inconstitucional. Nuestro principal argumento está
relacionado con que vemos cómo están otras provincias. Hay legisladores que
pretenden flexibilizar y hacer más laxa la norma".
Tras el rechazo de las
autoridades locales, la minera San Jorge (Coro Mining) modificó una vez más el
proyecto original para la extracción de cobre en Uspallata (Las Heras). La idea
de la empresa ahora es extraer los minerales acá pero llevarlos a San Juan para
realizar allí la molienda. El proyecto se está analizando.
En setiembre, los
legisladores malargüinos José Muñoz y Silvia Calvi (Frente para la Victoria)
presentarán su proyecto de modificación de la ley 7.722 con la intención de
hacer cambios que permitan el desarrollo minero sustentable en la provincia de Mendoza,
sobre todo en Malargüe.

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