Crónica de un asesinato anunciado

Las patronales del agro negocio, junto a sus bandas armadas y sus silenciosos cómplices políticos se cobraron la vida de Miguel Galván, miembro del MoCaSE-Vía Campesina, quien fue asesinado de una puñalada en la yugular por Paulino Riso, en el Paraje Simbol, al norte de Santiago del Estero. Por ANRed

  

         Por ANRed - Sur (redaccion@anred.org)

Parece una noticia repetida, similar a lo publicado por Agencia de Noticias Redacción (ANRed) hace casi un año atrás cuando asesinaban a Cristian Ferreyra, pero no es así. Nuevamente los campesinos de la provincia de Santiago del Estero fueron víctimas de la violencia ejercida por sicarios de empresarios agropecuarios, quienes esta vez se cobraron la vida de Miguel Galván, también miembro del Movimiento Campesino de Santiago del Estero Vía Campesina (MoCaSE-VC).

 

A diez días de que el MoCaSe-VC difundiera un comunicado en el que denunciaba las amenazas y persecuciones de grupos paramilitares a familias campesinas, el mortal accionar de estas patotas armadas se hizo efectivo.

Miguel Galván pertenecía al Movimiento Campesino y vivía en el paraje Simbol (límite entre Salta y Santiago del Estero), en el pueblo Lule Vilela. En su comunicado oficial, el Movimiento señala que muchas familias de la zona ya habían denunciado en reiteradas ocasiones haber sido hostigadas por sicarios de la Empresa La Paz S.A., que pretende alambrar parte del territorio perteneciente a las comunidades indígenas. Miguel y su hermano Rafael también habían denunciado, según el comunicado de la agrupación, que Paulino Riso, Hortensia Valderrama y su marido Eulogio Riso los habían amenazado de muerte y golpizas. Por la tarde del 10 de octubre, aproximadamente a las 14:20 hs., el primero de ellos cumplió su promesa, y apuñaló en la yugular a Miguel, que había ido a la represa de su casa para darles agua a los animales. Riso fue catalogado por el MoCaSE como un “sicario de Figueroa”, empresario de la zona.

Deolinda Carrizo, integrante del MoCaSE-VC, declaró a radio La Retaguardia que “las autoridades, tanto la policía como el juez de Monte Quemado, como el gobierno provincial, no han tomado cartas serias en el asunto”. Habló también de “gente armada contratada por un empresario que anda castigando a los campesinos”, y denunció la complicidad de la policía con la intención de las empresas de formar un alambrado en las tierras campesinas: “Hay una empresa de salta llamada ´La Agropecuaria La Paz´: esta gente que hace tres meses tiene adicionales de la policía de Salta para que custodien los alambradores”.

Acerca de este último tema, Carrizo decidió desarrollar y ser mas precisa en la cuestión: “La Paz S.A. es la decimo octava (empresa) que viene en la zona para sacar a los campesinos. En el año 2008, 2009, 2010 ha habido todo un recambio de empresarios que pretenden las tierras donde están esas mismas familias desde hace 20 años. Tanto al gobierno provincial y al local les consta la situación”. Mas allá de ubicar la mayor responsabilidad política en el gobierno provincial, Carrizo no desconoce el problema de fondo, la cuestión nacional: “Hay toda una política a nivel nacional que se pretende imponer sobre las comunidades campesinas-indígenas de nuestro país. Y esto tiene que ver con el modelo de saqueo que hoy está avanzándose para los capitales externos”.

Por su parte, Cariló Olaiz, miembro también del MoCaSE-VC, declaró a ANRed que “(el empresario salteño) Figueroa viene a entrar, y sabe que tiene que entrar por las malas, entonces entran a los palos”, y aseguró que hay bandas armadas que son contratadas para poder ingresar a la tierras de los campesinos. Cariló apunto no sólo al gobierno provincial sino más precisamente a Luis Fernando Gelid, Ministro de Producción, Recursos Naturales, Forestación y Tierras de la provincia de Santiago del Estero, a quien acusó de ser “artífice de todo esto (ya que) él quiere que se produzca carne, soja, algunos cereales y nada más”. Si bien Olaiz señaló que la principal responsabilidad del gobierno nacional está relacionada con el debate (y sanción) hasta ahora postergado de la Ley Contra los Desalojos de campesinos, también afirmó que “en derechos humanos se ha avanzado, pero tal vez en derechos humanos vinculados al tema ´tierras´ estamos en el freezer”. Cariló remarcó, por último, la necesidad de “pedir la intervención del gobierno nacional en el territorio” y que “asuma la responsabilidad el gobierno provincial”.

Al mediodía de este jueves 11 de octubre se convocó a una concentración frente al Congreso Nacional, en la que diversas agrupaciones políticas y sociales pidieron por el esclarecimiento del hecho y justicia por el asesinato.

En septiembre de este año que decía un comunicado del MoCaSE-VC decía en relación al asesinato de Cristian Ferreyra: “Se podría haber evitado, va a volver a ocurrir”. Otro crimen anunciado.