Fuente: Marcha.
Por Equipo de Policiales.
Los efectivos involucrados en la desaparición de Luciano Arruga están
trabajando en comisarías de Lanús, Morón, Monte Grande y La Matanza.
Después de 3 años y siete
meses el gobernador Daniel Scioli recibió a familiares y abogados de Luciano
Arruga, visto por última vez en el Destacamento de Lomas del Mirador. Entre los
reclamos que se le plantearon al mandatario de la provincia de Buenos Aires
hubo uno cuya resolución debería ser inminente: que sean echados de la policía
bonaerense los efectivos sospechados de haber detenido, torturado y desparecido
al joven de 16 años. Y que sean juzgados.
Marcha accedió en
exclusiva a la información sobre el destino en el que están trabajando 7 de los
por lo menos 9 policías involucrados en la desaparición de Luciano Arruga. De
acuerdo a fuentes reservadas, la mayoría lo hace no muy lejos del ahora cerrado
Destacamento donde se desempeñaban.
Néstor Guillermo Díaz
(Legajo 20.520): Este teniente primero se encontraría prestando servicio en la
comisaría primera de Monte Grande, en Esteban Echeverría. No le queda lejos de
una de las direcciones que registra en el AFIP, aunque el domicilio principal
que declara es en Villa Celina. Era el jefe del destacamento.
Díaz, que tiene 43 años,
fue ascendido de oficial inspector a oficial principal en enero de 2005. Según
consta en el Boletín Informativo del entonces Ministerio de Seguridad, en
agosto del 2006 el titular de la cartera, León Carlos Arslanián desestimó los
reclamos administrativos que Díaz y muchos otros habían iniciado para que se
reajusten sus haberes mediante la incorporación al sueldo básico.
Ariel Alfredo Herrera
(Legajo 21.035): Se encontraría prestando servicio en la comisaría cuarta de
Morón, en la localidad de Gervasio Pavón. Siendo teniente primero, era el
segundo del Destacamento. Fue quien fingió ayudar a la familia, haciendo de
“policía bueno”, según contó Vanesa Orieta, hermana de Luciano, a La Vaca.
Al igual que su anterior
superior, en su momento también hizo reclamos administrativos para mejorar su
situación. A este hombre de 38 años, oriundo de Gregorio de Laferrere,
Arslanián le rechazó la revisión de su situación escalafonaria. En 2003 Herrera
fue ascendido a Oficial Inspector, pero solicitó ser Oficial Principal. En
diciembre de 2004 esos grados fueron unificados en el de Teniente 1° del nuevo
escalafón. “En orden a ello, el planteo de revisión escalafonaria se torna
abstracto para su tratamiento”, dictaminó Arslanián, según se lee en el Boletín
Informativo.
En el informe del Comité
contra la Tortura de 2010 consta que “el Segundo Jefe, oficial Ariel Alfredo
Herrera realizó la declaración testimonial bajo juramento en el marco de la
etapa de investigación preparatoria que en el procedimiento usual por
“detención por averiguación de identidad”: “el procedimiento respecto de los
menores de edad, se los tiene en la antes mencionada oficina, para luego
reintegrárselos a sus progenitores. Asimismo, refiere que la reforma de la ley
juvenil, no le significó cambio alguno con el procedimiento llevado a cabo con
menores” (foja 568, pagina 5 de 6, IPP: 05-00-003044-09).
Sergio Omar Fecter (Legajo
N 157.035): Estaría trabajando en la primera de Lanús, en Lanús Oeste. Tiene 35
años y se domicilia en Rafael Castillo. En el informe mencionado arriba constan
sus dichos donde declara “lo mismo” que Herrera (foja 547, pagina 7 de 7 misma
IPP)”. Fecter es sargento y era chofer de uno de los móviles del destacamento.
Junto con Daniel Alberto Vázquez, recorría en la madrugada del 31 de enero del
2009 la zona de Lomas del Mirador en el móvil 12806. Era uno de los dos coches
policiales que tenía el Destacamento. Pese a que tenían recorridos distintos,
los dos vehículos estuvieron en el Monte Dorrego, un descampado lindero a la
villa Santos Vega. Tanto en el móvil 12806 como en el Monte Dorrego los perros
rastreadores encontraron los rastros de Arruga. Es el lugar donde de manera
cínica se instaló el nuevo Destacamento que reemplaza al de la calle Indart, en
donde fue visto por última vez Arruga.
De acuerdo a familiares
que luchan contra el gatillo fácil en La Matanza, Fecter habría estado
involucrado en el caso de Diego Lucena, sucedido en 2004 en ese partido. Según
la información que provee el Boletín Informativo, en mayo de 2004 lo nombraron
como Cabo y en marzo de 2006 en el grado de Sargento.
Daniel Alberto Vázquez
(Legajo 158.294): Ahora estaría en la segunda de Lanús, en Lanús Este. Es
sargento y al igual que Fecter, es chofer de móvil. Los dos están seriamente
involucrados. Tiene 31 años y está domiciliado en Laferrere,La Matanza. Consta
en el Boletín Informativo que en enero
de 2009 fue ascendido a Sargento, apenas unos días antes de la desaparición de
Arruga.
Damián Marcelo Sotelo
(Legajo 173.420): Estaría en la comisaría primera de Morón. Es Oficial de
Policía, era ayudante de guardia en el Destacamento. Como Vázquez, tiene 31
años y está domiciliado en Laferrere. En abril de 2007 fue incorporado en
calidad de Aspirante a Policía en el Instituto de Formación Policial “Agente
Rosendo Matías”.
Hernán Gabriel Zeliz
(Legajo 173.473): Se encontraría prestando servicio en la tercera de Morón, en
Castelar Sur. Es Oficial y chofer de móvil. Está domiciliado en Isidro Casanova
y su edad es de 30 años. En el mencionado informe de la Comisión por la
Memoria, se consigna lo que Zeliz declaró: “Preguntando para que digan como
proceden con respecto de menores de edad si es que no encuentran a los padres,
manifiesta que: en ese caso es el Oficial de Servicio quien maneja la
situación, pero generalmente el menor permanece en el destacamento hasta que se
ubique a los padres progenitores” (fojas 549 y 550, pagina 3 y 4 de la misma
IPP).
Damián Alfredo Borrego
(Legajo 165342). Estaría enla Comisaría Noroeste segunda deLa Matanza, o sea la
de Ramos Mejía. Tiene 28 años y declara tener domicilio en Moreno. Fue
incorporado a partir del 1º de agosto de 2005, en calidad de Aspirante a
Oficial de Policía, al Módulo I dela Tecnicatura Superior en Seguridad Pública,
en el Instituto de Formación Policial “Rosendo Matías”. En enero de 2007
concurrió a las “Jornadas de Evaluación Nivel II”. Lo hizo en la Comisaría
Noroeste segunda de La Matanza. Es la misma en la que presta servicio ahora.
De quienes no se sabe su
destino ni mayores datos es del Teniente Emiliano José Márquez (legajo 26.289),
del Teniente Martín José Monte (legajo 25656), Oficial de servicio. Tampoco de
otros dos policías que fueron mencionados, uno de apellido Torales y otro Sosa.
Idas y venidas
El 15 de abril del 2009 EL
Ministerio de Seguridad informó que habían sido desafectados los policías Díaz,
Herrera, Monte, Márquez, Fecter, Vázquez, Sotelo y Zéliz. La desafectación del
servicio es una medida cautelar que se dispone cuando la Auditoria de Asuntos
Internos hace actuaciones sumariales e investigaciones administrativas. No
supone una separación definitiva de la fuerza. En este caso, duró poco. El 7 de
agosto de ese año se les levantó la sanción. De Borrego nunca se informó
públicamente cuál era su situación.
Los policías mencionados
fueron sancionados en virtud del Decreto 3.326 por cometer “faltas graves, que
constituyen faltas éticas y abusos funcionales graves, las que dan lugar a
suspensión de empleo de hasta sesenta (60) días, cesantía o exoneración y que
se sustancian en el ámbito de la Auditoría Generalde Asuntos Internos.”
Puntualmente, se los
señaló por “cometer, por acción u omisión, todo acto que importe el
incumplimiento de un deber legalmente impuesto al agente por las normas que
rigen su actuación, en tanto se verifique de éste una grave afectación a la
ética, el respeto, la integridad y la honestidad del funcionario”, por “cometer
actos que impliquen la afectación de la dignidad humana y/o violen Derechos
Humanos” y por “proporcionar o liberar el acceso, aun en forma imprudente, a la
prensa o a particulares, de información, documentación, informes, y/o cualquier
otra constancia de las que tuviere conocimiento por la función que desempeñe,
no mediando autorización para su difusión, y siempre que de ello derive grave
perjuicio para la investigación o la seguridad de terceros”.
En marzo de este año, el
diputado provincial Miguel Funes impulsó un pedido de informes para que el
ejecutivo bonaerense “indique si los funcionarios policiales: Damián Sotelo,
Ariel Herrera, Daniel Vázquez, Sergio Fecter, Emiliano Márquez, Néstor Díaz,
Hernán Zeliz y Damián Borrego, se encuentran en servicio en la actualidad, y en
tal caso, indique en que dependencia se encuentran afectados”. No hubo mayores
novedades sobre la respuesta.
Las continuidades con el
pasado
Como consignamos más
arriba, Vázquez estaría trabajando en la segunda de Lanús. Es una de las
comisarías de la provincia que fueron parte del llamado Circuito Camps. Pero el
horror siguió en democracia: en marzo de 2010, fue asesinado el joven Matías
Pena. Sin saber que uno de los responsables de la desaparición de Arruga
trabajaría ahí, sus familiares y amigos marcharon uniendo los reclamos, como
reflejó la Agencia Walsh.
Otra dependencia que fue
escenario del terrorismo de Estado es la primera de Esteban Echeverría, donde
habría ido a parar Díaz. También fue parte de este circuito de muerte la
Brigadade San Justo, la actual DDI de La Matanza, que todavía sigue al mando
del polémico comisionado Marcelo Javier Chebriau, el hombre que estuvo a cargo
de la búsqueda de Arruga durante los primeros 45 días, cuando la causa estuvo
en manos de la fiscal Roxana Castelli, de la UFI7. Chebriau está siendo
investigado por su responsabilidad en el caso de Candela Sol Rodríguez, como
publicamos en su momento en Marcha. La Maldita bonaerense sigue enroscada en su
círculo vicioso de corrupción y violencia. Lo hace con el consentimiento de
sectores judiciales y políticos.
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