Huelga general contra el ajuste

(AW) El pueblo  griego realizó el pasado miércoles su primera huelga general del año contra la política de ajuste del conservador Andonis Samarás. en un país  con un desempleo en el 27% y en el caso de los jóvenes por encima del 60%

Grecia, 20 de febrero de 2013 (http://www.diariovasco.com).-

Más de 60.000 personas han salido este miércoles a las calles de Atenas para protestar contra los recortes y la subida de impuestos decretados por el Gobierno en el marco de su política de austeridad, en una nueva jornada de huelga general -la primera del año- que ha vuelto a paralizar Grecia.

Al grito de "ladrones, ladrones", miles de personas han marchado hacia el Parlamento. Se trata de la mayor protesta de los últimos meses contra las medidas de austeridad del Gobierno, al que acusan de ahogar con recortes a los ciudadanos para satisfacer los deseos de la 'troika' -Fondo Monetario Internacional, Banco Central Europeo y Unión Europea-.

La concentración concluyó pacíficamente, aunque no estuvo exenta de incidentes. Agentes antidisturbios han lanzado gases lacrimógenos contra un grupo de jóvenes que amenazaban con piedras y botellas a las fuerzas de seguridad.

El paro de este miércoles había sido convocado por los dos sindicatos más importantes, que representan a cerca de 2,5 millones de personas, ADEDY y GSEE. "La huelga de hoy supone un nuevo esfuerzo para deshacernos tanto de la operación de rescate como de aquellos que se aprovechan de la gente para generar miseria", ha indicado el secretario general del sindicato del sector público ADEDY, Ilias Iliopoulos, que organiza los paros con su homólogo del sector privado GSEE. "Una revolución social está cerca", ha declarado Iliopoulos.

La mayoría de la actividad empresarial y del sector público se ha detenido durante la huelga de este miércoles, que ha sido secundada por profesores, trabajadores de la red de transporte público y banqueros, entre otros. Asimismo, los puertos y escuelas han permanecido cerrados y en los hospitales sólo había personal para emergencias.

El Gobierno de coalición del primer ministro, Andonis Samarás, se ha esforzado, durante los ochos meses que lleva en el poder, por demostrar que aplicará las reformas prometidas a la Unión Europea y el Fondo Monetario Internacional, que ya han rescatado a Atenas hasta en dos ocasiones por un valor de unos 200.000 millones de euros. El Gobierno ha adoptado una dura estrategia ante los huelguistas, acudiendo, en este año dos veces, a las leyes para casos de emergencia para exigir a los marineros y a los trabajadores del metro que regresasen a sus puestos de trabajo, tras los largos paros semanales que paralizaron los servicios de transporte público en la capital, Atenas, y dieron lugar a escasez de alimentos en las islas.

El líder del partido opositor Syriza, Alezis Tsipras, ha dado por concluido el "periodo de euforia" que corresponde a los primeros meses de cada Ejecutivo y ha advertido de que, aunque Samaras prometió "renegociar" los términos del rescate, finalmente se ha topado con "la cruda realidad".

Expectativas

Tras seis años de recesión y tres de austeridad, la tasa de desempleo se ha triplicado, generando un índice de par juvenil por encima del 60%. "Hay que luchar con uñas y dientes para proteger a la juventud", ha indicado Ioannis Alexiadis, un pensionista de 70 años que vive con 470 euros al mes.

"Estamos de rodillas. El país ha sido destruido, la gente joven ha sido destruida", ha afirmado Nikos Papageorgiou, un funcionario de 56 años. "Estoy escandalizado con los europeos y también con nuestros políticos. Deberían ir todos a la cárcel", ha añadido. Una pancarta en la que podría leerse "no al euro" fue colgada en las vallas que protegen el Parlamento, lugar en el que se espera terminen las marchas a lo largo de este miércoles por la tarde.

Además, la visita del presidente francés, François Hollande, a Atenas ha pasado prácticamente desapercibida debido a la huelga de los periodistas griegos.

El pasado martes, el Ejecutivo griego anunció que no despediría a los casi 1.900 funcionarios, cuyos puestos de trabajo penden de un hilo, a pesar de haber prometido a los prestamistas extranjeros que reduciría la deuda pública.