La conexión político policial: ¿por qué suspendieron el juicio de M. Ferreyra?

15/02/2013 Por Diego Rojas (@zonarojas)

El tribunal que investiga el asesinato del militante del Partido Obrero pasó la sesión al martes. La sospechosa ausencia de un comisario acusado.

Afiche convocando a la sesión judicial frustrada.

La conmoción recorrió el aire de los tribunales de Comodoro Py. Adentro del edificio y afuera. Dentro de la sala, todos los abogados de las querellas y de las defensas discutían una situación que nadie había previsto: el comisario Hugo Lompizano, uno de los policías acusados en el juicio que investiga el asesinato de Mariano Ferreyra, no se encontraba en la sala aunque, por ley, era su deber estar allí. Norma Bouysson, su abogada defensora, había dicho que Lompizano se encontraba desde el sábado en San Martín de los Andes, en Neuquén, tan cerca de Chile. Que ella se había enterado recién el martes por la noche. Que había sido un imponderable, que no había podido volver, que el juicio, entonces, siguiera. Pero las cosas no eran tan fáciles y la tensión ganó la sala y, cuando se extendió la información y llegó afuera, también cubrió las mentes de los manifestantes que esperaban acompañar el primer alegato acusatorio que, según estaba planificado, iban a realizar los abogados del CELS. La tensión aumentó: las querellas iban a pedir la suspensión del juicio y la detención del comisario.

“No podíamos permitir que la sesión siguiera –explica a plazademayo.com María del Carmen Verdú, abogada querellante y miembro de Correpi–. Es decir, podríamos haberlo hecho, pero bajo un riesgo grandísimo. En un proceso hay dos instancias en las que los acusados deben obligatoriamente estar presentes: durante el requerimiento de elevación a juicio y durante el alegato. Estas dos partes son las que fundamentan la acusación. Es por eso que el juez Horacio Días dijo que en todo proceso hay derechos y garantías y que a los derechos se puede renunciar, pero que a las garantías no”.

–En su intervención usted señaló que no descartaba un intento de fuga por parte de Lompizano.

–Es que la experiencia en juicios con policías nos indica que la norma es que se fuguen.

–Sin embargo, Lompizano está acusado sólo por abandono de persona, no le cabrían grandes penas, ¿por qué se fugaría?

–La fiscalía lo imputa por ese delito. Nuestra querella y la del CELS lo acusamos, junto al resto de los policías, como partícipes necesarios en la ejecución del plan criminal. No son bajas esas penas.

En los alrededores del tribunal se había montado un escenario a cuyos pies la manifestación seguía los sucesos de la sala. Allí el público había copado todos los espacios. Se encontraban testigos que habían participado de la movilización aquel 20 de octubre en el que una patota organizada por la Unión Ferroviaria le había quitado la vida al militante del Partido Obrero, dirigentes de su organización como Gabriel Solano, Néstor Pitrola o Vanina Biasi y del Frente de Izquierda, como Christian “Chipi” Castillo (del PTS), o Juan Carlos Giordano y José Castillo (de Izquierda Socialista), dirigentes sindicales como Roberto Pianelli (de los Metrodelegados), Roberto Baradel y Eduardo López (de CTERA), Santiago Gándara (de AGD-docentes universitarios), trabajadores ferroviarios, amigos y amigas y camaradas de Mariano Ferreyra. Y su familia. Entre el público estaba toda su familia: sus hermanas Rocío y Paula, su hermano Pablo, sus cuñados, su papá Ricardo. Dentro del tribunal, en el banquillo de los acusadores, Beatriz, su madre, conocida como Betty, firme como desde que comenzara este juicio el 6 de agosto del año pasado. Firme en este comienzo de la etapa final del litigio, que se mostraba accidentado.

“Es la consecuencia final de una política que buscó la impunidad de los policías que estuvieron ese día en Barracas –afirma Gabriel Solano–. Por eso la fiscalía los acusó sólo por abandono de persona, cuando tuvieron una participación activa en la acción, dejando que la patota actuara al liberar la zona. El principal implicado es Lompizano, que al ser el policía con mayor gradación era el nexo con el poder político. Lompizano es un pesado de la Federal que, tras el crimen de Mariano, fue ascendido y que dirigió la represión en el parque Indoamericano. Su ausencia podría ser interpretada, también, como un apriete al tribunal en este tramo final del juicio: es un policía y conoce al dedillo los procedimientos judiciales y la obligatoriedad de su presencia en la sala. Ya otro comisario en este juicio admitió que este tipo de manifestaciones contaban con un monitoreo y eran dirigidas desde centros políticos. En octubre de 2010, las órdenes eran impartidas desde el ministerio del Interior, que estaba bajo el control de Aníbal Fernández. Él debe ser investigado”.

Las querellas habían pedido que se suspendiera el juicio y que se detuviera a Lompizano para garantizar su presencia en la reanudación del proceso. El tribunal se había retirado para deliberar. Una tensión surcaba el aire en el amplio salón donde se lleva adelante el proceso.

Tensión que se interrumpió por un momento. Una mujer en silla de ruedas ingresó en la sala. Era Elsa Rodríguez, también del PO, que ese día de octubre de 2010 recibió una bala en la cabeza que la había dejado en un coma profundo. Empujada la silla por su hija, Elsa ingresó con el puño izquierdo en alto. La militante aún se recupera de las graves heridas que le causó el ataque y todavía no ha recuperado el habla ni la capacidad motriz autónoma. Se instaló junto a sus abogadas para aguardar la decisión de los jueces.

Los miembros del tribunal reingresaron en la sala. Determinaron que la sesión no podía continuar y decidieron que Lompizano debía ser detenido. El dictamen también señaló que el ministerio de Seguridad debería hacerse cargo de los demás policías para cumplir con su presencia en la próxima audiencia, que se realizará el próximo martes 19.

Ese día comenzará el alegato el alegato que debía haber comenzado hoy. Ese día también está convocada una movilización y tomarán la palabra los abogados Maximiliano Medina y Alberto Bovino. Ese día, José Pedraza, Juan Carlos Fernández y sus cómplices escucharán cómo se pide cadena perpetua por sus delitos y por qué se pide que permanezcan en la cárcel el tiempo que resta de sus vidas.

Fuente: http://www.plazademayo.com/2013/02/la-conexion-politico-policial-por-que-suspendieron-el-juicio-de-m-ferreyra/