Patronato de Liberados: Hay sólo 100 profesionales para controlar a 7.600 procesados

Fuente: Clarin.com

POR CLAUDIO SAVOIA

Son los casos mensuales en Capital Federal, donde este organismo supervisa prisiones domiciliarias, libertades condicionales y probation. Y sobrevive entre el limbo administrativo y la asfixia económica.

03/03/13

El relato oficial dice y repite que para resocializar con éxito a quienes delinquieron hay que minimizar su estadía en las cárceles. Que en lugar de hacer y llenar más prisiones se deben favorecer otras medidas alternativas.

Pero los hechos dicen otra cosa: en Capital Federal, el organismo encargado de ejecutar y supervisar todas esas variantes que representan el corazón de la política pública de seguridad es una asociación civil que ni siquiera pertenece al Estado, tiene un presupuesto cada vez menor y necesita muchos más profesionales que los que día a día hacen malabares para cumplir con su tarea.

Las trabajadoras sociales del Patronato elaboran los informes socioambientales de los imputados en todas las causas judiciales, redactan los análisis previos al otorgamiento de las detenciones domiciliarias y luego controlan su cumplimiento (incluidas las correspondientes a los procesados y condenados de lesa humanidad), supervisan el cumplimiento de las reglas de conducta y las condiciones impuestas por los magistrados en las excarcelaciones con libertad condiciona l, vigilan las reglas de conducta de la libertad asistida y las medidas educativas y curativas dispuestas por los jueces (como la obligación de seguir tratamientos de rehabilitación contra las drogas), revisan el cumplimiento de los trabajos comunitarios ( probation ) en las suspensiones de juicio a prueba y en las condenas de ejecución condicional, y preparan a los presos que están por cumplir su condena en varias cárceles federales. También les brindan asistencia social a los liberados condicionales o egresados por pena cumplida o agotada: desde buscarles trabajo y dónde vivir hasta gestionarles documentos, planes sociales o subsidios.

La historia de este oxímoron jurídico tiene casi un siglo. En 1918, preocupado por el desamparo con que los presos salían de las cárceles, el camarista Jorge Hipólito Frías creó una asociación de ayuda para sostenerlos hasta que lograran reinsertarse socialmente. Desde entonces, y aunque con el correr de las décadas fue trocando aquella misión asistencial por un abanico de tareas estrictamente judiciales, el Patronato de Liberados de Capital sigue siendo una asociación sin fines de lucro integrada por un puñado de jueces y ex jueces. Hoy su presidente es el doctor Alejandro Frías, descendiente del fundador.

En el Patronato reportan 78 trabajadores sociales (casi todas mujeres) , distribuidos en seis departamentos y una delegación que funciona en Corrientes. Sirve a todos los juzgados federales y nacionales de la Capital y los federales de Misiones, Formosa, Corrientes y Chaco. También atiende a los procesados en cualquier lugar del país que tengan su domicilio en la Ciudad. Mucho trabajo. Y cada vez más: en seis años, la cantidad de causantes –término que engloba a los distintos sujetos a quienes asisten– aumentó un 20 por ciento. Por mes, ahora superan los 7.600.

¿Cómo deben representar al Estado para aplicar las promocionadas medidas alternativas a la prisión? Con más voluntad que recursos. Sólo algunos ejemplos: aunque la cantidad de trabajo en el área de ejecución condicional –casos que se supervisan durante uno y tres años– crece sin pausa, hay seis trabajadores sociales para atender a unos 800 imputados mensuales.

En el área de Suspensión de Juicio a Prueba son 40 profesionales: hace unos diez años eran 70. En Informaciones Sociales eran 35; quedaron 17. Para atender unos 1.500 casos de libertad condicional hay diez personas. Todos los detenidos con prisión domiciliaria son controlados entre una y cuatro veces por mes –según lo indiquen los jueces– por c inco personas. En el departamento de Informaciones Sociales, donde se entrevista a los imputados en todos los juicios, cada mes reciben a 1.500 personas. “Pero como falta personal llegamos a hacer unos 800 informes, y el resto se acumula para el mes siguiente”, dice una de las profesionales del área. ¿El colmo? La Delegación Noreste, que se ocupa de todos los procesados federales de cuatro provincias, tiene sólo tres trabajadoras sociales.

Claudia Alvarez trabaja en el Patronato desde hace 17 años. Junto con otras 16 colegas realiza los informes socioambientales requeridos en la etapa de instrucción de todas las causas. “Hacemos exactamente el mismo trabajo que los funcionarios de la Prosecretaría de la Cámara del Crimen del Poder Judicial, pero con un sueldo de 6.000 pesos, cobramos casi tres veces menos que ellos”, suspira. Y no habla sólo de llenar carpetas con datos: “Hace un tiempo, una compañera nuestra murió por un tiroteo en una villa cuando fue a supervisar a una persona. En mi oficina hay dos compañeras con cáncer, y otro que murió de un síncope en la calle. Trabajamos bajo mucha presión. Padecemos enfermedades nerviosas, todo el mundo tiene el síndrome del burn out . Y ni siquiera tenemos ART”.

Marta Barberis integra el equipo que supervisa las condenas de ejecución condicional por delitos con penas menores a tres años: “También controlamos las probation . Nos asignan una cantidad de casos y hay que hacerlos como se pueda.” Las trabajadoras sociales de la división de pre-libertad y asistencia pos penitenciaria visitan en los penales de Devoto, Ezeiza y Marcos Paz a los presos que están por cumplir sus condenas, durante los tres meses previos a su salida. Se entrevistan con ellos y con sus familias. “Los vemos una vez por mes, hasta que cumplan la condena.

A algunos los seguimos por más de diez años ”, dice Silvina Blanco, que reconstruye su rutina como un viaje en tobogán: “somos los que día a día asistimos a la decadencia del sistema. Trabajamos con cosas rotas, no tenemos micros para ir a ver a los presos y muchas veces viajamos sentadas en el piso de combis truchas, tenemos que pelear para que nos reconozcan los gastos y los tiempos de esos traslados”. Un dato: el viático diario para hacer todas las visitas en Capital acaba de aumentar a 8,50 pesos.

El ajuste llegó a otras áreas. Para alojar a los liberados que no tienen dónde dar con sus huesos, o quienes necesiten un domicilio fijo para que el juez les otorgue la libertad condicional, el Patronato firmó convenios con los hogares del Ejército de Salvación. Hace un tiempo eran más de cuarenta. Ahora no llegan a diez. “Les gestionamos subsidios habitacionales y los empujamos para que de a poco se solventen solos”, explica Inés Parodi, coordinadora técnica del organismo.

“El Patronato de Liberados es una ONG que tiene una función pública, con socios que votan a la comisión directiva. Pero trabajamos con la misma responsabilidad y compromiso que si perteneciéramos al Estado”, se apura en aclarar Parodi. Y muestra algunos resultados: “en los seis años que tiene la unidad especial de delitos contra la integridad sexual, sólo hubo dos reincidencias.

En un año, entre los liberados condicionales y asistidos hemos tenido 5% de nuevas detenciones”. Pese a su defensa de un trabajo que no se cuestiona, la funcionaria baja la guardia: “Es cierto que hacemos una tarea netamente judicial. La mayoría de los Patronatos provinciales dependen del Ejecutivo, y unos pocos dependen del Poder Judicial. También es verdad que necesitamos más personal.” El financiamiento del organismo es singular. Como el 60% de sus servicios los presta a la Corte y el 40% al ministerio de Justicia, cada año se elabora un presupuesto que estos dos órganos del Estado cubren mediante transferencias. La coordinadora administrativa del Patronato, Claudia Fiorentino, despliega su diagnóstico con números. “Hace dos años que recibimos 14 millones de pesos: es decir que en realidad venimos afrontando un recorte.

La Corte nos mandó 4 millones en 2010 y 2011, y un poco más el año pasado. Nosotros les pedimos bastante más, pero siempre es una pelea.

Además, tardan bastante en pagar. Nueve de cada diez pesos lo gastamos en sueldos, por eso en 2012 tuvimos muchos atrasos y protestas gremiales”.

Otros directivos del Patronato lo resumen con más crudeza: “Es mendigar todo el tiempo”. Fuentes del organismo aseguran que el presupuesto de este año es igual al de 2012, y no está contemplado un aumento de los salarios. Además de dinero y personal, otra necesidad urgente del Patronato es la de espacio físico. Según un informe que está en manos de la Corte hace más de un año, para cumplir decentemente con su rutina el organismo necesita 216 m2 más.

En su guerra de posiciones, fuentes de la Corte Suprema de Justicia advirtieron a Clarín que la vidriosa situación administrativa del Patronato “está contemplada en la ley de ejecución penal. La Corte gira todos los años los fondos asignados en el presupuesto”, dicen. “Pero si este subsidio es insuficiente el Patronato debería elaborar un presupuesto anual –con proyecciones adecuadas a sus actividades actuales– y elevarlo al ministerio de Justicia para que sea considerado dentro de sus partidas.” Sin embargo, los jueces reconocen que el organismo tiene mucho más trabajo y responsabilidades de las que puede cumplir bajo las actuales condiciones: “La Corte entiende que el Patronato debe ser absorbido por el Estado Nacional y depender del ministerio de Justicia”, dicen sin rodeos.

En el Ministerio no respondieron los llamados de Clarín. Pero este diario pudo saber que hay proyectos para concretar el traspaso de los trabajadores sociales, que por ahora le ponen el cuerpo a la progresista retórica oficial.

Hasta entonces, no será más que otra exuberancia del “relato”.

Fuente: http://www.clarin.com/zona/solo-profesionales-controlar-procesados_0_875912504.html