11/04/2013 Por Marina Dragonetti (@misantapeluca) para Plazademayo.com
La justicia chilena ordenó parar el proyecto minero
binacional de Pascua Lama. Entrevista a Lorenzo Soto, abogado de las
comunidades chilenas afectadas.
El primer proyecto minero binacional para instalar una mina
de oro y plata a cielo a abierto en la frontera de Atacama y San Juan, sufrió
un duro revés en la justicia chilena. Un fallo unánime de la Corte de Copiapó
acogió la orden de no innovar presentada por cinco comunidades indígenas, tras
denunciar una serie de irregularidades ambientales. La firma canadiense Barrick
Gold encargada de la explotación anunció la paralización de los trabajos de
construcción en el lado chileno “mientras trabaja en requerimientos ambientales
y otros de tipo regulatorio”.
Uno de los requisitos básicos para la explotación contenidos
en la Resolución de la Calificación Ambiental era el de no afectar la zona
glaciar. Compromiso que asumió la empresa y que difundió en su página oficial:
“la compañía solamente accederá al mineral de manera tal que no se produzca
ninguna remoción, reubicación, destrucción ni intervención física de los
glaciares Toro 1, Toro 2 y Esperanza”.
Sin embargo, la denuncia presentada en la justicia incluye actividades
no autorizadas en los glaciares y contaminación de los recursos hídricos que presentan
altas concentraciones de metales pesados.
En nuestro país, la Corte Suprema realizó un pedido de
informes a las autoridades provinciales para conocer los estudios de impacto
ambiental y recovó las medidas cautelares que impedían la aplicación de la Ley
de Glaciares. Sin embargo, la empresa aseguró que por el momento las
actividades en Argentina “no están afectadas”.
El abogado chileno que representa a las comunidades
diaguitas que viven en donde está emplazada la mina, Lorenzo Soto explicó a
Plazademayo.com que los damnificados “nunca tuvieron información sobre el
proyecto, ni apoyo del estado, han estado desamparados”.
- ¿Qué irregularidades ambientales se detectaron?
- Hoy en día los glaciares se encuentran cubiertos de
material sedimentario y hay denuncias que los glaciares están siendo
intervenidos, atravesados con maquinaria pesada y removido parte del hielo del
glaciar. Por otro lado, hay una serie de irregularidades vinculadas a la
contaminación del río Huasco. Esta es una cuenca frágil que se alimenta de las
aguas glaciares y de los cursos que llegan al mar. El agua de esos ríos está
contaminada. Ambas situaciones están acreditadas por los servicios públicos
chilenos. Presentan alta densidad de materiales pesados como el aluminio, cobre
y arsénico y las obras para impedir que se produzca esta contaminación no están
ejecutadas, además hay obras que no fueron autorizadas y que la empresa ha
construido.
- ¿Cómo han actuado los organismos de control en este caso?
- La empresa no da información, no entrega los monitoreos y
no los hace. Esto ha llevado a que hoy se produzca esta situación. Hay
organismos de control que tienen escasos medios y escasas condiciones para
poder controlar, sumado al hecho de que hay una gran complacencia del sector
político que ha avalado que este proyecto se instale en Chile. Esta es una
empresa poderosa y tiene muy buenas redes para poder llegar a todas las
esferas. Recién ahora con una nueva institucionalidad ambiental, ha sido la
Superintendencia de Medioambiente la que ha podido llevar adelante las acusaciones
en infracciones ambientales. La Dirección de Aguas es el único organismo que ha
actuado con la mayor diligencia denunciando las situaciones hídricas que se han
presentado.
- ¿En Chile se exige una licencia social para llevar
adelante este tipo de emprendimientos?
- No. En Chile se necesita un permiso ambiental, y en este
caso se debería haber considerado la variable cultural e indígena porque Chile
adscribe al convenio de la OIT que obliga a la consulta previa de las
comunidades indígenas suceptibles de ser afectadas por grandes emprendimientos
como este. Eso no ocurrió.
- ¿Cómo continúa la causa?
- La Corte ordenó una paralización provisional hasta que se
trate el fondo del asunto, esto quiere decir que la causa va a llegar a la
Corte Suprema de Santiago en los próximos meses y ahí se va a tomar una
decisión definitiva para la paralización de la construcción.
- ¿Tienen información sobre la situación del proyecto en
Argentina?
- Solo tenemos la información que emana de las redes
sociales y los medios de prensa y entendemos que ahí también está la Ley de
Glaciares y que ha habido obstáculos para implementarla. En Chile no tenemos
esa legislación, la Corte Suprema se niega a tomar algunas medidas, pero la
verdad es que entendemos que el proyecto sigue adelante por el lado argentino,
que solo se va a suspender del lado chileno hasta que se cumplan con algunos
requerimientos ambientales que no han querido precisar.
- ¿Cómo cree que va a resolverse el conflicto?
- La empresa está jugando el juego de decir que siguen
adelante en Argentina y la verdad es que si quieren entrar en ese terreno,
deberán asumir las consecuencias de llevarlo adelante en una parte, aunque
tengan que poner en riesgo todo lo que hayan avanzado. Responsablemente, lo que
debiera ocurrir es que esto paralice completamente el proyecto, sin embargo,
eso no es una decisión que pueda adoptar un tribunal extranjero, como en este
caso sería la Corte chilena. La única posibilidad es que sea una decisión
comercial, que entendemos la empresa no está adoptando. La otra posibilidad
sería que los colegas argentinos despertaran invocando los antecedentes que ya
existen y se presenten en las cortes argentinas.

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