No más represión en la provincia de chaco, movilización 5 de setiembre.

Los trabajadores, pobres y excluidos del chaco, responden, con argumentos y datos concretos, a la embestida electoral que pretende más represión, para encubrir los conflictos sociales y el abandono del estado a los más vulnerables que ya se cobro 84 vidas desde el 2007.

 

Comunicado de la Multisectorial Chaco

SEGURIDAD NO ES REPRESIÓN, ES TIERRA, TRABAJO, VIVIENDA, SALUD, JUSTICIA...

Durante las últimas semanas, en el marco de la campaña electoral, se ha instalado una vez más el problema de la “inseguridad”. Políticos, jueces, abogados, periodistas, empresarios y hasta la clase media salieron a decir algo sobre el tema. Sin embargo, hay una voz que todavía no se escuchó, la voz de los y las de abajo: los trabajadores, los desocupados, los pobres, los excluidos.

Las corporaciones empresariales plantean que uno de los principales problemas del comercio son los piquetes en el centro de la ciudad. Sobre esa base, exigen al gobierno mayor control social (por ejemplo, a través de cámaras instaladas en la ciudad) y más policía en las calles. Sin embargo, no reconocen que desde el 2002 la masificación de los planes sociales contribuyó al sostenimiento de los comercios después de la crisis económica y que hasta hoy nuestros compañeros desocupados gastan los pocos pesos que tienen en sus negocios. Tampoco quieren entender que la presencia constante de los compañeros en cortes de calles responde a una necesidad concreta que no es atendida por los funcionarios de turno, y no a un mero capricho de “vagos peligrosos”. Finalmente, las exigencias de los empresarios terminan por demostrar su propia impotencia para mirar más allá de su propio ombligo y aportar a la resolución de las necesidades sociales. Una buena parte de los funcionarios del Ministerio de Gobierno de Capitanich, responsable político directo de la seguridad, provienen de las corporaciones empresariales: Roberto Lugo, subsecretario de Gobierno, era presidente de Federación Económica cuando fue convocado por Capitanich, en tanto que Luis Asano, subsecretario de Asuntos Policiales, conforma la comisión directiva de la Cámara de Comercio. Está claro que cuando los empresarios señalan el fracaso de las políticas de seguridad de este gobierno están al mismo tiempo señalando su propio fracaso como empresarios-funcionarios.

Los medios de comunicación, por su parte, venden todos los días un nuevo hecho de inseguridad con todos los macabros detalles posibles, renovando el pedido de más policía. Cuanto mayor es el miedo que generan en la población, más aceptables y deseables se tornan los sistemas de control social. Con el mismo énfasis que reproducen hasta el hartazgo los detalles del último crimen, callan frente a las represiones contra organizaciones sociales, los casos de gatillo fácil, el exterminio de las comunidades Qom, la condena a policías o los fallos judiciales contra las torturas en nuestras cárceles.

El gobierno, a nivel nacional, responde a la inseguridad desplegando gendarmes y prefectos en las villas miseria, bajando la edad de imputabilidad a los menores (Leyes “Blumberg”), aprobando las leyes antiterroristas, utilizando a la gendarmería para espiar a militantes políticos (“Proyecto X”), manteniendo presos políticos en Bariloche y Corral de Bustos o encubriendo los crímenes en las comunidades indígenas. Todo lo cual echa por tierra la idea que es un gobierno “progresista” o “de los derechos humanos”. En cuanto a los piquetes y otras medidas de protesta, si bien aún no utiliza masivamente la represión abierta, su discurso no se diferencia de la “mano dura” planteada por los radicales, massistas o macristas.

En nuestra provincia, el gobierno de Capitanich simula ser dialoguista impulsando la Ley de Seguridad Democrática, proponiendo cambios en la formación de los policías y poniendo en manos de civiles algunos puestos de control policial. Pero tras cartón, vuelve a poner a un policía al frente de la Secretaría de Seguridad, instala en el centro de Resistencia un sistema de cámaras de $6,2 millones vigilado por una empresa, propone que las manifestaciones públicas se realicen a través de la televisión y no hace más que trasladar a los agentes policiales condenados por torturas o muertes. La impunidad de los funcionarios, desde los crímenes policiales hasta la corrupción política, refuerza la impunidad de cualquier delito. Baste con recordar los casos impunes del vicegobernador Pibernus, las estafas con tarjetas alimentarias durante la gestión Leiva o el caso del kiosco “El cohete”, enriquecido de la noche a la mañana por facturar millones de pesos al Estado provincial.

La “pelea” entre los poderes Ejecutivo y Judicial sobre el problema de la “puerta giratoria” de los delincuentes que son liberados poco después de cometer delitos no es sino un pase de factura en una disputa política por el manejo de recursos. Ambos apuntan a la criminalización de la pobreza, sin que ninguno de los ámbitos estatales se haga cargo del problema. Como si esto fuera poco, en los últimos días se supo que el Ministro de Gobierno Verbeek amenazó a la jueza Saidman con iniciarle un juicio político por haber ordenado la liberación de 17 personas detenidas durante una razzia en un fallo que cuestiona el accionar policial. La llamada intimidatoria fue realizada desde el propio teléfono personal del Ministro, lo que habla a las claras de la impunidad con que se maneja el Poder Ejecutivo para apretar a jueces que no siguen sus mandatos. Uno de los policías involucrados en las detenciones ilegales es el cabo Olivello, quien tiene un amplio prontuario de apremios ilegales, agresión a periodistas, torturas y casos de gatillo fácil. Cabe señalar que Saidman es una de las pocas juezas cuyos fallos demuestran un fuerte compromiso con la protección de las víctimas de violencia de género, el respeto por los derechos humanos y el cumplimiento de las normas ambientales.

Desde las organizaciones sociales que formamos parte de la Multisectorial entendemos que el problema es deliberadamente mal planteado desde el principio. Cuando los de arriba hablan de seguridad todo su discurso se reduce a la represión y al control social. Para ellos, más seguridad significa simplemente más policía. Este falso discurso sobre la seguridad es funcional al sostenimiento de la sociedad injusta en que vivimos porque no apunta a las causas sociales del delito ni cuestiona la violencia y la corrupción con las que se maneja la policía.

Nosotros, que conocemos por el propio cuero el accionar policial, vemos que esa misma policía es la responsable de la represión permanente contra los de abajo, tanto aquellos que salen a luchar y se movilizan en las calles, como aquellos que viven en barrios considerados peligrosos o responden al clásico estereotipo de ser joven, negro y pobre. Sólo en los últimos 2 meses se han comprobado 3 casos de gatillo fácil: jóvenes pobres, indígenas o criollos, asesinados a quemarropa por agentes policiales. A ello se suman las torturas, vejaciones, hostigamiento y persecución a cargo de policías de uniforme y de civil que padecemos continuamente, las muertes en comisarías y cárceles por acción u omisión de las fuerzas de seguridad, así como los asesinatos en que se sospecha de actuación policial. En el mismo sentido, los asesinatos de Gastón De Los Santos (2002) y Fernando Rodas (2010) muestran con sentencias judiciales la complicidad que existe entre policías y delincuentes para cometer delitos.

En base a la información sobre los hechos mencionados, hemos redactado el listado que se adjunta más abajo. Allí se describen los casos de muertes por acción u omisión estatal durante los últimos 5 años, desde el inicio de la gestión de Capitanich en el Poder Ejecutivo, cuyo número asciende a más de 80 personas. Es decir, un promedio de más de una muerte por mes bajo responsabilidad del Estado.

Incluimos en esta lista las muertes producidas por falta de atención médica suficiente, porque consideramos que la salud es un derecho constitucional que debe ser garantizado por el Estado. También incluimos las muertes sin justicia, que evidencian las graves fallas en el Poder Judicial en tanto institución estatal responsable de los hechos señalados. Cabe señalar también que más de la mitad de los casos corresponden a integrantes de las comunidades aborígenes Qom, lo que demuestra que hoy por hoy son el principal blanco de la represión estatal, en sintonía con el fallo de la Corte Suprema de Justicia que hablaba de un “genocidio silencioso” durante la gestión del gobierno anterior. Esto implica que la represión de los aparatos del Estado se continúa a pesar de los cambios en los colores políticos de los gobernantes.

Ante la situación planteada, la Multisectorial Chaco se pronuncia en contra de todo tipo de represión proveniente de cualquiera de los poderes del Estado. Por acción o negligencia de sus instituciones, los muertos siempre los pone el pueblo. Repudiamos también el proyecto inconsulto de “Regulación del Espacio Público”, anunciado por el gobernador para ser presentado después de las elecciones en una clara maniobra por captar votos con el discurso de la seguridad. La protesta social, el primer derecho del pueblo en toda democracia, no es “una acción deliberada para generar problemas” como dice Capitanich, sino una expresión de necesidades insatisfechas y derechos negados. Por eso, sostenemos que la seguridad no se consigue con más represión ni más policía en la calle. La seguridad se construye con el acceso digno al trabajo, a la vivienda, a la tierra, a la salud, a la justicia y con la satisfacción de todos los derechos negados por este régimen injusto que debe ser transformado de raíz.

¡BASTA DE REPRESIÓN!

¡TRABAJO, TIERRA, VIVIENDA, SALUD Y JUSTICIA PARA TODOS LOS CHAQUEÑOS!

MUERTES EN CHACO POR ACCION U OMISION ESTATAL