CONTRA LA VIOLENCIA INSTITUCIONAL Y EL ABUSO DE PODER

JUEVES 31 DE OCTUBRE A LAS 17.00

CONVOCATORIA Y MOVILIZACIÓN

DESDE PLAZA ONCE A LA SEDE DEL SERVICIO PENITENCIARIO FEDERAL, LAVALLE 2705, CABA.

Desde la vuelta de Alejandro Marambio al frente del Servicio Penitenciario Federal se multiplicaron las denuncias por maltratos y violencias. En menos de 20 días dos personas aparecieron ahorcadas en el Complejo Penitenciario Federal 1 (CPF1), el mismo en el que se produjo la fuga que desató la salida de Víctor Hortel. En la vecina unidad de mujeres, las denuncias por maltratos derivaron en la remoción del director, Juan Montenegro.

Matías Ezequiel Cejas apareció ahorcado el pasado 27 de agosto en su celda en el CPF1. Venía de la Unidad 7 de Resistencia, Chaco, con un traslado requerido por Abel Córdoba, fiscal titular de la flamante Procuraduría contra la Violencia Institucional (PROCUVIN).

Además, entre 2009 y 2012 fueron halladas sin vida nueve mujeres en el Complejo penitenciario IV de la ciudad de Ezeiza. Es la cantidad total de las muertes de mujeres en prisiones federales de todo el país en el periodo. Seis de ellas fueron “colgadas” y ninguna de estas muertes fue esclarecida. Las y los agentes del Servicio Penitenciario –por acción u omisión- son responsables de la integridad de las personas en situación de cárcel y cumplir una pena nada tiene que ver con dejar la vida en el penal.

En noviembre de 2012, la Cámara de Diputados de la Nación convirtió en ley el proyecto que crea un sistema nacional de prevención de torturas en cárceles y facilita la investigación por malos tratos y apremios a detenidos/as. La iniciativa da forma al Sistema Nacional de Prevención de la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, con el objeto de garantizar todos los derechos reconocidos por la Convención firmada por la Organización de Naciones Unidas. Esta resolución crea además el Comité Nacional contra la Tortura, que dependerá del Parlamento y estaría integrado por miembros/as del Congreso, representantes de las provincias y organismos nacionales, como la Secretaría de Derechos Humanos y de la Procuración Penitenciaria Nacional. Sin embargo, aun no está en ejecución.

El grado de aplicación de la fuerza punitiva del Estado y la seguridad de todos/as sus habitantes responde a criterios de política criminal. Porque decimos basta de violencia institucional es que también exigimos:

BASTA DE GATILLO FÁCIL

BASTA DE CRIMINALIZACIÓN DE LA JUVENTUD Y LA POBREZA

POR EL ESCLARECIMIENTO DE TODAS LAS MUERTES EN LAS CÁRCELES

POR LA DESMILITARIZACIÓN DEL SERVICIO PENITENCIARIO FEDERAL

NO MÁS AMENAZAS Y PERSECUSIONES A FAMILIARES Y LUCHADORES/AS POR LOS DERECHOS HUMANOS

URGENTE ADOPCIÓN DEL SISTEMA NACIONAL DE PREVENCION DE TORTURAS EN LAS CÁRCELES FEDERALES

POR NO MÁS EJERCICIO DE TODO TIPO Y FORMA DE VIOLENCIA Y DISCRIMINACIÓN POR RAZÓN DE GÉNERO

… “Porque las muertes y torturas en las cárceles también constituyen violaciones a los derechos humanos”…

CONVOCAN:

FAMILIARES Y AMIGXS DE DETENIDXS Y VÍCTIMAS DE LA VIOLENCIA INSTITUCIONAL Y EL ABUSO DE PODER