Rechazo a la reforma del código procesal penal

Tras la reforma de la Ley 7690 (Código Procesal Penal de la Provincia), distintas organizaciones sociales, sindicales, estudiantiles, entre las cuales se encuentran APSADES-Fesprosa, CTA y el Colegio de Abogados y Procuradores de la Provincia de Salta, decidieron conformar la Multisectorial en defensa de las libertades democráticas. Ante el revés electoral, y con la excusa de luchar contra el narcotráfico, el gobierno que encabeza Juan Manuel Urtubey busca instrumentos para reprimir las demandas de la población, y su última medida fue aprobar en trámite súp r exprés, una reforma al Código Procesal Penal, por la cual se otorga potestades a la policía de la provincia para requisar a los ciudadanos sin orden ni control del juez de garantías, violando la Constitución Provincial y Nacional y los Tratados Internacionales de Derechos Humanos con rango Constitucional firmados por la Argentina; en claro retroceso en cuanto a las libertades de los ciudadanos, que evoca los tiempos más violentos de la represión por parte del estado en nuestro país.

Es lamentable que ante la decisión del gobernador y de sus urgentes instrucciones a ambas cámaras legislativas, no fueron consultados ni juristas de trayectoria en materia penal ni el Colegio de Abogados y Procuradores de la provincia, tal como la reforma lo amerita en tanto ser de trascendencia para la comunidad.

Como resultado del obrar negligente de los poderes públicos (ejecutivo y legislativo provincial), debemos señalar que a poco más de un año de implementada la Ley 7690, la que ni siquiera llegó a aplicarse plenamente en toda la provincia, generándose situaciones tales como que en Salta Capital confluyan dos códigos distintos al mismo tiempo, la justicia penal salteña se encuentra envuelta por un manto de incertidumbre, fruto del desorden y decisiones que hicieron colapsar el sistema vigente. Esta reforma se produce en un contexto donde la acumulación de poder es rector en la materia, encontrando de este modo que una misma persona ostenta los cargos de Procurador Fiscal y Defensor General, evidenciándose una incompatibilidad en el ejercicio de funciones contrapuestas como lo son la acusación y defensa pública. Estas desprolijidades generan incertidumbre e inseguridad jurídica para toda la comunidad, colisionando abiertamente con los principios republicanos de la división de poderes, el debido proceso y el derecho de defensa. Ante esta situación, el mismo día que Senadores aprobaba la Reforma, la policía, considerando que un joven tenía cara de “rompevidrieras”, lo golpearon y dispararon con balas de goma, inmediatamente, cuentan los vecinos del Barrio donde acaeció el hecho, llamaron refuerzos fingiendo un enfrentamiento entre patotas y policías. La Policía salteña, fuertemente cuestionada por vínculos con el narcotráfico, que ocupa los primeros lugares en el ranking nacional por el “gatillo fácil” y por los apremios ilegales, lejos de ser auxilio y guarda de las vidas y bienes de las personas, de esta manera se pone al servicio del accionar represivo del gobierno provincial, poniendo en riesgo las libertades y derechos democráticos de los ciudadanos.

El hecho de otorgar potestad para que personal policial pueda requisar a los habitantes sin orden y control de un Juez de Garantía, es una situación que no resiste análisis posible, deviniendo en una clara afrenta contra las normas constitucionales y posibles responsabilidades del estado salteño ante organismos internacionales por su contradicción con los tratados de idéntica jerarquía.

Es por ello que este Congreso, al igual que lo hiciera frente a la ley antiterrorista, se pronuncia en contra de la reforma, exhorta a su inmediata derogación y apoya las acciones con este fin que realice APSADES en unidad con todaslas fuerzas democráticas de Salta.

Fuente: fesprosa.com