Hábitat y leyes en debate

 Aproximadamente 3 millones de familias tienen problemas relacionados con la tenencia jurídica de la tierra. Los diferentes programas estatales son insuficientes para cubrir una demanda que debido al crecimiento de la población se acrecienta día a día. La problemática urbana y rural, la lucha de los sectores populares y las legislaciones en gestación. Por TIERRHA. 

Por ANRed - L (redaccion@anred.org) 

El 4 de Noviembre se realizaron en la Facultad de Derecho las V Jornadas de Derecho Penal y Derechos Humanos organizadas por la agrupación ALDE. En este marco, una de las charlas previstas tuvo la presencia del Grupo TIERRHA y del referente “Kike” Mosquera de la Corriente Clasista y Combativa (CCC) de Jujuy, que participó en la toma de tierras del Ingenio Ledesma. La charla dio cuenta de miradas complementarias sobre la problemática del acceso al suelo, que, en un mismo sentido y desde diferentes vivencias y realidades, permitieron tener una información abarcativa sobre el tema.

Actualmente en nuestro país hay un 80% de personas que viven en ciudades, debido a migraciones internas y las escasas posibilidades de subsistencia que se plantean en las áreas rurales cada vez en menos manos, obteniendo urbes superpobladas que cuentan en su periferia con grandes asentamientos informales. Existe un déficit del 17% de viviendas y son deficitarias (por hacinamiento o falta de infraestructura básica) un 60%. Aproximadamente 3 millones de familias tienen problemas relacionados con la tenencia jurídica de la tierra. Sumado a esto los diferentes programas estatales son insuficientes para cubrir una demanda que viene de largo tiempo y que -debido al crecimiento vegetativo de la población-, se acrecienta día a día. Si el presupuesto destinado a vivienda mantiene la misma proporción que en el periodo 2005-2009, tardaría cientos de años en resolver el problema habitacional.

Las tomas y las leyes

Ante la imposibilidad del acceso a la tierra urbana y rural, a una vivienda digna y adecuada, cabe como única salida la toma de tierras. Esto genera violentos desalojos ejecutados por quienes deberían asegurar las soluciones. En contraposición, los terratenientes, manipulan la tierra como una mercancía que cada vez se presenta más escasa. Esto es lo que día a día aumenta la desigualdad, ya que las clases con mayor poder adquisitivo toman las zonas de alto valor ambiental expulsando a los sectores populares a vivir “informalmente” en los sectores más degradados.

Ante esta problemática, se están gestando leyes que intentan aportar a la igualdad en el acceso al territorio.

Una de ellas es la ley de Promoción del Hábitat Popular, que intenta regular el uso y el acceso a las tierras urbanas por parte de los diferentes actores, por medio de normativas como impuestos progresivamente crecientes, hasta la expropiación directa de los terrenos en desuso. Incluye la sesión por parte de los grandes emprendimientos inmobiliarios privados de un 10% de la superficie del terreno, microcréditos accesibles para reacondicionar las viviendas que sean recuperables y organismos de gestión y planificación que aseguren la participación y decisión de la comunidad en las directrices del crecimiento urbano. Estas propuestas si bien son positivas, deben tener mecanismos de implementación que aseguren su cumplimiento y que las mayorías sean los verdaderos beneficiados por su aplicación.

La Otra es la Ley de Tierras Rurales, que tiene como fin restringir la cantidad de tierras cultivables en manos extranjeras. Con respecto a estas tierras, se estima que entre un 10 y 20% de las mismas, alrededor de 20 millones de hectáreas, está en manos extranjeras, datos que son difíciles de precisar ya que no hay un registro fehaciente. El 1,3% de los terratenientes de origen extranjero y argentino posee 43% del total de las tierras cultivables, con la mayor fertilidad y riquezas minerales.

Los puntos más destacables de la normativa son la prohibición para personas extranjeras de poseer más de un 20% de las tierras cultivables del territorio nacional y de no poder comprar más de 1000 hectáreas cada uno, además de la creación de un registro de propietarios. Estas normativas empiezan a regir a partir de aprobada la ley y no se tiene en cuenta los compromisos anteriores, es decir que, si el nuevo registro arroja que, en realidad los extranjeros tienen solo un 10%, podrán comprar hasta llegar al 20%, y que por ejemplo, los hermanos italianos Benetton se quedarían con el millón de hectáreas que poseen y la empresa chilena AIG, con el 7% de Salta.