Un documento muy interesante que analiza el tema de la megaminería y el contexto nacional que permite esto.
(Ver también Versión Resumida y Anexo Documental)
Plataforma 2012 surge de la necesidad de construir una voz
colectiva que pueda debatir abierta y
públicamente los grandes problemas nacionales para contribuir al accionar social
transformador, por fuera de los reduccionismos y del encapsulamiento del
debate que promueve polarizaciones
descalificadoras.
Plataforma 2012 es un colectivo de intelectuales y
trabajadores de la cultura comprometidos en la lucha por un país verdaderamente
independiente, una sociedad justa e igualitaria con plena vigencia de la
libertad y los derechos humanos.
Plataforma 2012 se propone como un espacio plural,
democrático e independiente de los diferentes grupos de poder, sea éste
político, económico o mediático.
Desde su primer pronunciamiento, a comienzos de este año,
Plataforma 2012 planteó la necesidad de recuperar el pensamiento crítico más
allá del discurso del oficial. La enorme repercusión que produjo aquel primer
documento y la cantidad de adhesiones
que nos siguen llegando desde distintos puntos del país, confirman la
existencia de aquella necesidad y comprometen a Plataforma a consolidar un
espacio que pueda hacer audibles las múltiples voces que desde el campo popular
piensan críticamente la realidad.
El relato oficial pretende enmascarar una realidad que
eclosiona en diferentes manifestaciones
en el cuerpo social. Plataforma 2012 considera que el desmontaje de ese relato
- que por vía de la sacralización épica, la negación, la tergiversación, la
desmentida, los silencios y
ocultamientos tiende a imponer una visión monolítica y unívoca de la realidad -
puede ser una herramienta que contribuya a resituar el debate de los grandes
problemas nacionales. Desde esta perspectiva, los síntomas de malestar social,
lejos de ser leídos como producto de algunas anomalías en el interior de un
proceso transformador, pueden ser comprendidos como efectos de una política global de gobierno.
Tres son los ejes en los que Plataforma 2012 se ha centrado
desde su primer pronunciamiento:
desigualdad, en un registro abarcador, que no se mide solamente en términos
económicos, sino de desigualdad social, educativa, sanitaria, ambiental, de
género, así como las implicancias que esto tiene en términos de desigualdades
políticas y deterioro institucional; vínculos del gobierno con las grandes
corporaciones económicas; y violación de
los derechos humanos hoy.
En este sentido, la problemática de la minería transnacional
- que a través de las demandas de la pueblada de Famatina hizo visibles las
luchas presentes en todo el país -, ha demostrado su urgencia y dramatismo.
Este tipo de minería ilustra de manera cabal los tres puntos enunciados y cómo
esta tríada se inscribe en una política
nacional: mayores desigualdades económicas, territoriales, sanitarias,
ambientales y sociales; alianza estratégica entre el gobierno nacional y
grandes corporaciones mineras
transnacionales; y violación de los derechos humanos a través de la criminalización
de la protesta social. Del mismo modo, el problema de la megaminería ha desenmascarado el relato mistificador del
gobierno, que procura deslindar su
responsabilidad en la aplicación de la política megaminera y sus
consecuencias, atribuyéndola a decisiones de competencia exclusiva de los
gobiernos provinciales, como si la
aplicación de esas políticas no respondiera a una política nacional
impulsada por el Ejecutivo y como si esos gobiernos no
formaran parte de la estructura de alianzas oficialista.
Durante los años `90, bajo el gobierno neoliberal de Carlos
Menem, se introdujeron grandes modificaciones en la sociedad y la economía
argentinas. Con apoyo del FMI y otros organismos internacionales, se
privatizaron los recursos naturales, entre ellos los minerales, y se sentaron
las bases de un nuevo marco normativo y jurídico en relación a éstos, que se
extiende hasta nuestros días. La aplicación de estas políticas neoliberales
acentuaron aun más las asimetrías, condenando a los países dependientes y periféricos
a la extracción y provisión de bienes primarios en favor de los países más
poderosos del planeta, consumidores de las mismas. En la actualidad, los
resultados de la aceptación de este patrón de acumulación son conocidos:
tendencia a la reprimarización del aparato productivo interno -hecho confirmado
por diferentes informes económicos-; extranjerización de la industria, de recursos naturales (minerales, petróleo,
gas, tierras y agua); concentración económica -en algunas empresas
multinacionales, que controlan el mercado global-; especialización productiva
-exportación de algunos productos, sin valor agregado-; desigual distribución
de los conflictos ecológicos y territoriales, que perjudica a los países
periféricos, y, dentro de ellos, a aquellos sectores sociales de mayor
vulnerabilidad; en fin, consolidación de verdaderos enclaves neocoloniales, que
van configurando espacios productivos estructuralmente dependientes del mercado
internacional en términos económicos, comerciales, financieros y tecnológicos.
En esta línea, lejos
de ser “motor de desarrollo”, como argumentan sus defensores, la megaminería
trasnacional refuerza la dependencia hacia los centros capitalistas de poder
global, y profundiza las formas de desigualdad ya existentes a escala local,
provincial y nacional: expoliación económica, devastación institucional,
destrucción de territorios y depredación de bienes naturales, fragmentación y
control social, cooptación científico-tecnológica, ya son hechos incontestables
de nuestra realidad del siglo XXI, que no hacen más que remitir y
actualizar la triste historia colonial
del continente.
El caso de Bajo la Alumbrera, en la provincia de Catamarca,
uno de los yacimientos de cobre más grandes de Sudamérica, es emblemático. Tras
15 años de explotación, el paisaje catamarqueño da cuenta de empobrecimiento;
asistencialización generalizada de la población; falta de empleo, de agua, de
electricidad; naturalización de la devastación ambiental; institucionalización
del clientelismo y la corrupción; degradación de la cultura democrática;
profundización de las desigualdades sociales y ambientales.
Recordemos que este tipo de minería se propone extraer los
minerales diseminados en la roca portadora, a través del sistema de explotación minera a cielo abierto
(open pit), que utiliza técnicas de procesamiento por lixiviación o flotación,
esto es, sustancias químicas altamente contaminantes, que producen impactos
negativos en la salud de las poblaciones y cuantiosos daños ambientales, los
cuales han sido probados en diferentes países y regiones. Se trata de minería a
gran escala, es decir, de mega-emprendimientos, una actividad que consume
enormes cantidades de agua y energía y compite por tierra y recursos hídricos
con otras actividades económicas (agricultura, ganadería, turismo). Dada su
envergadura, estos emprendimientos tienden a desestructurar y reorientar la
vida de las poblaciones, desplazando economías regionales preexistentes y
“liberando” territorios que, de ahí en más, quedan presos de la lógica
económica de las grandes compañías trasnacionales. En ese marco se producen
hondas transformaciones de la ciudadanía; asistimos cada vez más a la
territorialización de los conflictos y a la violación de derechos ambientales y
colectivos, que se hallan amparados por la normativa nacional e internacional,
y que incluyen también los derechos de los pueblos originarios (Convención 169
de la OIT). Dichas violaciones repercuten asimismo sobre los llamados derechos
de primera generación, como son el de la libre expresión y el derecho de
petición, impedidos u obstaculizados de modo recurrente en determinados
escenarios provinciales (Catamarca, San Juan, La Rioja, entre otros).
Son las pequeñas y medianas
poblaciones de nuestras provincias, sobre todo en las zonas
pre-cordilleranas y cordilleranas, pero también en otras regiones áridas del
país, las que hoy sufren la embestida de este modelo neocolonial. Desde las movilizaciones de Esquel, donde se
llevó a cabo el único plebiscito en el país por este tema (2003), pasando por
la represión y la pueblada de Andalgalá (2010), hasta la actual gran pueblada
de Famatina, las poblaciones vienen rebelándose contra la expansión de este
tipo de minería, con claros reclamos que subrayan el derecho a un ambiente
sano, el derecho a elegir un modo de desarrollo congruente con el respeto de la
vida presente y futura, de las personas y de los ecosistemas; en fin, el
derecho a participar de las decisiones colectivas en el marco de una sociedad
que se quiere democrática.
Esquel y Gan Gan, Andalgalá, Belén, Santa María y Tinogasta,
Chilecito y Famatina, Calingasta y Jachal, Ingeniero Jacobacci y Bariloche,
Gregores, Campana Mahuida-Loncopué y Rincón de los Sauces, General Alvear, San
Carlos y Uspallata, Capilla del Monte, Casa Grande y Yacanto de Calamuchita, La
Carolina y Merlo, Abra Pampa, Cangrejillos y Tilcara, Cafayate, Metán y Tolar
Grande, Jasimampa y Sumampa, Amaicha del
Valle y El Paso, valles enteros de diferentes provincias, entre tantos otros
nombres, son algo más que puntos supuestamente remotos de nuestra amplia
geografía nacional. Son poblaciones que, detrás de la bandera “El agua vale más
que el oro”, han ido construyendo de modo perseverante y en situación de gran
asimetría de fuerzas, una red de resistencias local y regional, que, en varios
casos, ha tenido como producto la sanción de leyes provinciales que prohíben
este tipo de minería con algunas sustancias químicas (Chubut, Río Negro,
Mendoza, La Pampa, Córdoba, San Luis, Tucumán, La Rioja y Tierra del Fuego). Son
estas poblaciones las que también estuvieron detrás de la defensa activa de la
Ley Nacional de Protección de los Glaciares, que fuera vetada por la actual
presidenta en 2008, resancionada en septiembre de 2010, luego de un arduo
trabajo transversal de organizaciones sociales y ambientales, diferentes
profesionales y representantes del Congreso Nacional, con la oposición activa
de gran parte del oficialismo. Son estas poblaciones las que resisten de pie
frente a la derogación de las leyes que prohibían este tipo de minería, como
sucedió desde 2008 en La Rioja, y recientemente, en diciembre de 2012, en Río
Negro.
Por ello creemos que resulta injusto y agraviante imputar
“irracionalidad” o “falta de información” a la fuerte oposición que este tipo
de minería ha generado en vastas poblaciones de nuestras provincias. La
megaminería no es cuestionada por desconocimiento, ni por falta de cultura
productiva, sino precisamente porque ésta constituye una síntesis acabada del
maldesarrollo. Se trata además de un modelo que pone en jaque a la democracia,
pues avanza sin consenso de las poblaciones, generando todo tipo de conflictos
sociales, divisiones en la sociedad y una nueva espiral de criminalización de
las resistencias. A la causa penal abierta contra los vecinos de Andalgalá y
Famatina, se sumaron, primero, la detención de 18 vecinos en el pueblo de Santa
María en Catamarca, a quienes se los acusa de entorpecer el tránsito terrestre
(art. 194 CP) y de ser parte de una agrupación que tiene por objeto imponer sus
ideas o combatir las ajenas por la fuerza o el temor (art. 213 bis); segundo,
la represión desatada por la policía provincial contra los vecinos de Belén,
que dejó como saldo decenas de detenidos (entre ellos, un niño menor de 13
años); tercero, la brutal represión y desalojo en Tinogasta y asimismo en
Amaicha del Valle. Frente a estos hechos no podemos olvidar que ante la
resistencia del pueblo de Gualeguaychú en defensa de sus derechos fue la propia
Cristina Fernández de Kirchner quien firmó el decreto (828/2010) a través del
cual instruyó al Procurador General del Tesoro a denunciar a 10 vecinos de
Gualeguaychú acusándolos de los delitos de sedición, atentado contra el orden
democrático, más otros 12 delitos que contemplan prisión efectiva.
Resulta claro que la criminalización de la protesta es una
política represiva nacional que está siendo profundizada. En este y no en otro
marco, el Congreso Nacional aprobó la la nueva Ley Antiterrorista, enviada por
el ejecutivo, que modifica la ya sancionada bajo el mandato de Néstor Kirchner
en el año 2007.
Tampoco creemos que pueda responsabilizarse exclusivamente a
las provincias, las cuales detentan el “dominio originario” de nuestros
recursos naturales, luego de la reforma de la constitución de 1994. El marco
económico y jurídico que beneficia a la megaminería se sustenta en una batería
de leyes nacionales, sancionadas en los años `90, que aseguran una rentabilidad
extraordinaria a las empresas, al compás del aumento de los precios
internacionales de los minerales. Está legislación se mantiene en la actualidad
y es custodiada por los legisladores nacionales oficialistas, junto a los
sectores conservadores de ambas Cámaras, quienes no permiten siquiera la
discusión de los proyectos que pretenden modificarla. Por su parte, a través
del Tratado Binacional sobre Integración y Complementación Minera firmado con
Chile -1996- que sancionó una legislación de “facilitación fronteriza”, se
consumó la entrega de una parte de la cordillera a las transnacionales mineras,
entre ellas a la empresa canadiense Barrick Gold que hoy opera en San Juan, a
través de los emprendimientos mineros Veladero y Pascua-Lama. Esta empresa
judicializó la ley nacional de protección de los glaciares, y logró, mediante
una medida cautelar que dicha norma no se aplique en esa provincia. El tema
está hace meses “a estudio” de la Corte Suprema de Justicia de la Nación
dejando así a los glaciares a merced del negocio minero en San Juan. En el
resto del país, la pasividad del gobierno nacional -como autoridad de
aplicación- en implementar efectivamente dicha norma, resulta inaceptable.
Así, lejos de ser una “rémora” del viejo orden neoliberal,
este ordenamiento jurídico-económico encuentra un apoyo incondicional en las
políticas del gobierno nacional, desde 2003 hasta la fecha. En 2004, Néstor
Kirchner avaló el Plan Minero Nacional, declarando la actividad de interés
estratégico y sumando nuevos beneficios y exenciones a la misma. En el mismo
año se firmó con Chile el “Protocolo Adicional Específico” al Tratado para el
proyecto minero binacional Pascua Lama, donde –entre otras cosas- ambos países
se obligaron a permitir a “los inversionistas de una y otra, el uso de toda
clase de recursos naturales necesarios para el desarrollo minero,
comprendiéndose en este concepto los recursos hídricos existentes en sus
respectivos territorios”. La actual presidenta, Cristina Fernández de Kirchner,
no sólo ha buscado alentar la inversión minera
-como en su discurso en El Qatar, en 2011-, sino que también ha dado
muestras claras del apoyo del aparato del Estado a la megaminería. Uno de los
ejemplos más emblemáticos, además del veto a la ley nacional de protección de
glaciares, ha sido su participación en
diferentes reuniones con Peter Munk, el CEO de la empresa Barrick Gold, tanto
en Toronto como en Buenos Aires, a fin de facilitar un acuerdo tributario con
dicha empresa, a cargo del proyecto binacional de Pascua-Lama. La fotografía
que muestra a la presidenta en Canadá, junto a P.Munk, custodiada por tres
banderas –la de Canadá, la de Argentina y la de la Barrick Gold- es todo un
símbolo de la alianza estratégica entre gobierno nacional y megaminería, y sin
duda quedará grabada en la memoria de los argentinos.
Las alusiones en el discurso presidencial a los sectores
“ambientalistas”, supuestamente despreocupados por la suerte de nuestras islas
Malvinas y la reciente exhortación a la “responsabilidad y seriedad sobre los
planteos que se realizan”, no hacen más que poner en evidencia el manifiesto
desprecio hacia las poblaciones movilizadas y el empeño por desplazar el eje de
la discusión, ante el impacto nacionalizador que ha tenido la pueblada de
Famatina respecto de la cuestión minera y el creciente apoyo de la sociedad
hacia estas protestas. También evidencian
un desprecio por la conservación del patrimonio y el futuro del país.
Mientras en Catamarca se teme por la aplicación de la nueva ley antiterrorista
sobre 18 asambleístas; mientras continúan las protestas y movilizaciones en
diferentes ciudades de Río Negro; mientras el gobernador riojano se apresta a
verter ingentes recursos económicos para torcer la voluntad de la población de
su provincia; el gobierno nacional
continúa acompañando con hechos la expansión de la megaminería. Desde el
nombramiento del empresario minero Jorge Mayoral bajo el gobierno de Duhalde,
quien continúa al frente de la Secretaría de Minería de la Nación, hasta el
reciente nombramiento de un ex familiar de la presidente - Armando “Bombón”
Mercado- como director del YMAD (Yacimientos Mineros Aguas de Dionisio), nada
parece haber horadado la continuidad en las orientaciones gubernamentales en
este tema.
Así, no se trata solamente de una discusión exclusivamente
económica o ambiental, sino también de una discusión política. La megaminería
es uno de los eslabones más contundentes –aunque no el único- que ilustra la
continuidad y profundización por parte de este gobierno respecto de las
políticas de explotación neocolonial y expropiación de los bienes naturales
aplicadas en los ´90. El “relato” oficial, que procura presentarlas como parte
de un modelo de crecimiento y generación de empleo, es una pieza clave para la
construcción de un consenso social favorable que garantice su aplicación. La
retórica épica sobre las bondades de la política megaminera se complementa con
el ocultamiento y negación de sus efectos devastadores. Y cuando las
poblaciones involucradas, lejos de contribuir al “consenso megaminero” buscado
por el gobierno, desenmascaran la falacia cuestionando legítima y abiertamente
la megaminería a cielo abierto, movilizándose para rechazarla y concitando -
como en el caso de Famatina – solidaridades en todo el país, el gobierno echa
mano a un nuevo recurso discursivo: la “desmentida”. Según este recurso, que
pretende borrar de la memoria colectiva la imagen y el valor simbólico de aquel
encuentro presidencial en Toronto con el CEO de la Barrick Gold, la megaminería
a cielo abierto no formaría parte del
proyecto político del gobierno nacional sino que correspondería a decisiones y
acuerdos estrictamente provinciales - en
este caso del gobernador Beder Herrera.
Todo esto pone en evidencia un deterioro de las
instituciones. Por ello, vemos con mucha preocupación que el mismo gobierno que
ha destruido el sistema nacional de estadísticas (lo que dificulta toda
reflexión colectiva sobre pobreza, desigualdad, desempleo o inflación, y afecta
seriamente las negociaciones salariales), que extorsiona a los jueces que lo
desafían, que se ha ocupado de desoír o desarmar la estructura de controles institucionales
sobre el poder, que ha reforzado el proceso de concentración del poder en el
ejecutivo, hoy amenaza solapadamente con una reforma constitucional promovida
por las peores razones de corto plazo.
Con la convicción de que los pueblos tienen el derecho de
elegir el modelo de desarrollo que más convenga y beneficie a sus poblaciones,
en función de un ideal de igualdad y de equilibrio con la naturaleza y en
solidaridad con las movilizaciones vecinales de tantas pequeñas y medianas
localidades de nuestro país, que se han levantado activamente contra este
modelo neocolonial, en defensa de nuestras cuencas hídricas y de nuestros
territorios, Plataforma 2012 plantea
la necesidad de debatir e
impulsar las siguientes propuestas:
1. Reforma
integral del Código de Minería y derogación de la Ley de Inversiones Mineras
(24.196) y sus modificatorias, que
promueven y habilitan la destrucción de los bienes comunes y el despojo
colonial de nuestras riquezas.
2. Aplicación
efectiva de la Ley Nacional de
Protección de los Glaciares en todo el país.
3. Recomposición
ambiental de las zonas afectadas por los megaemprendimientos mineros que
actualmente existen en el país.
4. Cierre de
todas las causas abiertas a los ciudadanos criminalizados por manifestarse
contra la megaminería
5. Urgente
derogación de la nueva ley antiterrorista.
6. Urgente
sanción de las leyes provinciales derogadas en La Rioja y en Río Negro, que prohibían este tipo de
megaemprendimientos mineros.
7. Activación y
ampliación de mecanismos participativos y de democracia directa que apunten a
la democratización de las decisiones.
8. Propuesta de
Declaración de una moratoria a nuevas concesiones a la exploración y
explotación minera metalífera.
9. Propuesta y
debate de una Ley Nacional de Prohibición de la megaminería metalífera con uso
de sustancias tóxicas y la uranífera en todo el país.
10. Propuesta de
realización de un gran debate nacional que reflexione y genere políticas públicas
que apunten a una salida del extractivismo neocolonial, en pos de un equilibrado e igualitario desarrollo de
los pueblos, respetando su cultura y sus formas de vida; en pos de la gestión
pública y participativa de nuestros bienes comunes.
Firmas:
Alabarces Pablo, Antonelli Mirta, Bidonde Héctor, Burucúa
José Emilio, Correas Nora, Dowek Diana, Edelman Lucila, Galán Mónica, Galvano
Mario, Gargarella Roberto, Genta Adriana, Kordon Diana, Lagos Darío, Lagos
Mariana, Lanzillotto Alba, Levinas Gabriel, Lindenboim Javier, Lo Vuolo Rubén,
Massuh Gabriela, Nené Bettanin, Onaindia
José Miguel, Ramos Hugo, Sáez Luis, Scandizzo Mónica, Svampa Maristella, Tauber
Sanz Nicolas, Tcherkaski Osvaldo, Viale Enrique, Zangaro Patricia
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