Buenos Aires, 2 de marzo de 2012
El Informe Anual 2012 de la Comisión de Expertos en
Aplicación de Convenios y Recomendaciones (CEACR) de la OIT cuestionó
nuevamente el comportamiento del Estado Argentino en materia de libertad
sindical.
La Comisión de Expertos se ha pronunciado sobre la
existencia de obstáculos legales para el ejercicio de los derechos sindicales,
ha manifestado su preocupación por casos de violaciones a la libertad sindical
en la práctica, y se ha expresado en términos inusitadamente duros respecto del
comportamiento del Gobierno Argentino en el trámite del pedido de personería
gremial de la Central de Trabajadores de la Argentina.
En cuanto a los obstáculos legales, la Comisión viene
señalando desde hace años la existencia de incompatibilidades entre varias
disposiciones de la ley de asociaciones sindicales y los convenios
internacionales en materia de libertad sindical.
Dichos cuestionamientos fueron avalados por nuestra Corte
Suprema de Justicia de la Nación en los fallos “ATE” y “Rossi”, donde señaló
que los pronunciamientos de la Comisión de Expertos de la OIT son obligatorios
para los tribunales locales.
En particular, la OIT cuestiona la extensión de los derechos
exclusivos que la ley argentina le otorga a los sindicatos que cuentan con
personería gremial. La OIT señala que todas las organizaciones sindicales,
independientemente del tipo de reconocimiento estatal, deben contar con derecho
a la tutela de sus representantes, a elegir delegados en los lugares de trabajo
y a exigir el descuento por nómina de las cuotas sindicales. A su vez, destaca
que deben ser los trabajadores, y no la legislación, quienes definan el tipo de
asociación sindical que desean conformar.
Como consecuencia de ello, la Comisión de Expertos de la OIT
afirma que numerosas disposiciones de la ley de asociaciones sindicales de
nuestro país, entre las que se encuentran los artículos 28, 29, 30, 38, 41, 48
y 52, son contrarias a los convenios internacionales de la OIT, y por ende
deben ser modificados. Como conclusión de su informe, la Comisión “pide
firmemente al Gobierno que (...) tome las medidas necesarias para poner la
legislación en conformidad con el Convenio”.
La Comisión también ha destacado en su informe la gravedad
de las denuncias presentadas por la CTA y por la Confederación Sindical
Internacional donde se han denunciado violaciones a la libertad sindical en la
práctica, entre ellos el asesinato de Mariano Ferreyra y el ataque con armas de
fuego contra la vivienda de un dirigente sindical.
Finalmente, la Comisión se pronunció una vez más sobre la
demora injustificada del Gobierno Argentino en resolver el pedido de personería
gremial efectuado por la CTA hace más de siete años. En este caso, la Comisión
parece haberse quedado sin palabras, por lo que directamente “deplora el largo
tiempo transcurrido (...) sin que la autoridad administrativa se haya
pronunciado en relación con el pedido de personería gremial de la CTA”.
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