La Unidad de Información Financiera (UIF) dispuso seis
sanciones por incumplimiento a las normas de combate al lavado de activos y
financiamiento del terrorismo por 116 millones de pesos, en el último bienio, y
logró que se traben embargos por más de 30 millones de pesos. La mayor
interacción de la UIF con la justicia derivó, asimismo, en 17 procesamientos y
en decomisos por 2,5 millones de pesos durante 2010-11, según un informe
publicado en la página web de la dependencia oficial. “Los cambios en la normativa
y en la gestión de los dos últimos años permitieron dar un vuelco importante en
materia de efectividad del sistema antilavado de activos y contra la
financiación del terrorismo”, evalúa el organismo. Precisa luego que ya están
registrados más de 22.500 sujetos obligados a elevar reportes de operaciones
sospechosas en el sistema on line, puesto en marcha en abril del año pasado,
cuando en la etapa previa sólo se contaba con 350 registros. “Se espera otro
salto cuantitativo en el corto plazo, merced a la incorporación de nuevos
sujetos obligados desde junio de 2011 por la aprobación del cambio normativo”,
ya que los sectores obligados aumentaron de 20 a 31. La UIF consideró que “los
sujetos obligados tomaron conocimiento de sus responsabilidades y vieron un
notable incremento de los riesgos que acarrean las infracciones” a las normas
antilavado. En ese marco, la Unidad de Información Financiera sancionó por
primera vez, en 2010, a una entidad bancaria. De las seis sanciones ya dictadas
desde entonces, cinco están en proceso de apelación y una de ella, por
incumplimiento en la debida diligencia a los clientes, se encuentra firme y
pagada (por 27 millones de pesos). La UIF realizó, por otra parte, 141
supervisiones a sujetos obligados desde 2010, y en doce casos se analiza si los
incumplimientos pueden derivar en sanciones administrativas. Esta actividad de
control se respaldó en modificaciones normativas adoptadas durante 2011, que
sentaron las bases del sistema general de supervisión y reglamentaron el deber
de colaboración de los órganos específicos (Banco Central, Comisión de Valores
y Superintendencia de Seguros). Tras esas actualizaciones normativas, el año
pasado se desarrollaron tareas de fiscalización conjunta con el BCRA en un
banco y en once casas de cambio. “Las irregularidades detectadas fueron
notificadas a las entidades supervisadas”, mientras se analiza la posible
sustanciación de procedimientos sumariales por incumplimiento de la normativa
antilavado, indicó el informe. La UIF inició a la vez, el año pasado, 29
inspecciones in situ a diversos sectores no sujetos a supervisión por otros
organismos, en materia de lavado de activos y financiamiento del terrorismo. En
ese sentido, se abordaron actividades “nunca antes supervisadas”, como
escribanías, sociedades de capitalización y ahorro, comercios de venta de
antigüedades, entidades que reciben donaciones (fundaciones) y emisores de
tarjetas de crédito, además de joyerías, juegos de azar, transportadoras de
caudales, remesadoras de fondos y galerías de arte. Tales controles se
efectuaron en cinco provincias, además de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y
como resultado fueron enviadas 2.099 intimaciones y se consiguió que en más de
70% de los caso se diera cumplimiento a la obligación de registro. En cuanto a
la actividad de la UIF en tribunales, el informe destaca que “en promedio
anual, en los dos últimos años los oficios judiciales respondidos se
cuadruplicaron respecto al promedio anual de los casi diez años anteriores”
(antes 18, frente a 84 en el último bienio). Las colaboraciones judiciales se
elevaron en un 50% promedio anual y la UIF se presentó como querellante en 19
causas entre 2010 y 2011, mientras este instrumento sólo había sido utilizado
una vez en el decenio anterior, concluye el informe.
Fuente:
http://www.0223.com.ar/nacionales/60476-disponen-sanciones-de-116-millones-por-lavado-de-dinero/
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