Si modifican la ley 7722 volvemos a la calle y a la
legislatura. Sin sorprendernos, nos enteramos que una vez más quieren modificar
la ley 7722 para hacerla más flexible. Y es que esta ley, que se sancionó en
2007 por presión del pueblo de Mendoza que despertaba ante la amenaza de la
megaminería, es una traba real y concreta al avance de las empresas
megamineras. En primer lugar, porque prohíbe la utilización de sustancias
tóxicas en la actividad minera, y en segundo lugar, porque establece que los
proyectos deben someterse a ratificación legislativa (instancia donde San Jorge
fue rechazado).
15/05/2012. Decimos una vez más, porque desde su sanción
esta ley ha sido blanco de constantes ataques de funcionarios y empresas
mineras, tal es así que aun hoy tiene once pedidos de inconstitucionalidad que
la corte mendocina no ha resuelto. Y no se trata del caso aislado de Mendoza,
sino que a lo largo del territorio nacional se han ido derogando
sistemáticamente las leyes provinciales similares a nuestra 7722, en una clara
estrategia por liberar de "trabas legales" a estas empresas, como son
los casos de La Rioja y Rio Negro.
Lo que más nos indigna es la estrategia del gobernador para
desligarse del problema político que representa la megaminería en nuestra
provincia. Problema tan grande que obligó al por entonces candidato a llamar a
rechazar el Proyecto San Jorge a meses de las elecciones. Lo obligó a
desarrollar una campaña prometiéndole a todos los mendocinos que no se avanzaría
con esta actividad por sobre un pueblo entero que se movilizó para que ni San
Jorge ni cualquier otro proyecto se instalara en nuestra provincia. Lo obligó a
responder que "se respetaría la plena vigencia de la ley 7722"en cada
nota donde le preguntaron por el tema minero.
Ya electo gobernador, y con vistas a una reelección,
manifestarse abiertamente promotor de estas empresas mineras es un costo
político muy grande en una provincia que ya decidió no dejarlas entrar. Por eso
recurre a intendentes, legisladores y ministros para dar la cara en estas
decisiones poco populares entre los mendocinos. Asimismo, se nos presentan
falsas disputas al interior del PJ sobre el tema minero, en las cuales el
gobernador siempre queda bien parado.
Por eso, como mendocinos que fuimos testigos de promesas
electorales, exigimos que la ley 7722 se mantenga tal cual fue sancionada. Y
advertimos que no vamos a permitir que traicionen al pueblo nuevamente. Si ya
se movilizó la provincia entera para lograr su sanción, nos movilizaremos el
doble si pretenden seguir adelante con intenciones de modificarla. No vamos a
repetir las razones que nos llevan a tomar esta postura por la cual nos han
tildado, entre muchas otras cosas, de fundamentalistas. En todo caso,
fundamentalistas son todos aquellos que quieran imponerle al pueblo este modelo
de saqueo y contaminación a cualquier precio, pasando por encima de cualquier
tipo de legislación que proteja a sus ciudadanos.
Porque seguimos luchando, atentos y movilizados, y el pueblo
no olvida ni perdona estas traiciones.
¡Estamos alerta!
¡Plena vigencia de la ley 7722!
¡No a San Jorge, no a la explotación de uranio!
¡Fuera VALE de Mendoza y de Argentina!
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