El defensor general adjunto de la Ciudad Roberto Andrés
Gallardo afirmó que las familias que ocupaban habitaciones del hotel familiar
desalojado en la noche del lunes en el barrio de Constitución no estaban
usurpando la propiedad ya que pagaban un alquiler de buena fe. “Sacaron a la
gente a punta de pistola. Fue una brutalidad. Vamos a pedir la nulidad de todo
lo actuado”, afirmó. “La jueza Fernanda Botana va a tener que dar cuenta de
esta barbaridad de dejar a 34 familias en la calle”, remarcó Mario Kestelboim.
En la noche del lunes, la Policía Metropolitana dio
cumplimiento a una orden dictada por la jueza en lo Penal, Contrevencional y de
Faltas Fernanda Botana para que se desaloje de sus ocupantes a las familias que
habitaban los cuartos de un hotel familiar ubicado en la calle Brasil entre
Combate de los Pozos y Entre Ríos, en el barrio de Constitución.
Treinta y tres familias fueron retiradas de las
habitaciones, y, ante el rechazo a dirigirse a hogares y paradores del Gobierno
de la Ciudad, pasaron la noche a la intemperie. "Nos vamos a quedar acá
hasta que nos den una solución, queremos una habitación digna y pagarla como lo
estábamos haciendo", aseguró Margarita Casimiro, quien al igual que
decenas de personas resiste en el lugar, realizando un corte en la avenida
Brasil.
"El gobierno de la Ciudad nos ofreció 700 pesos y
llevarnos a un parador dejando nuestras cosas acá. Esa no es una solución.
Nosotros pagábamos a una encargada que se llama Teresa Martínez, 1100 pesos por
mes, después 1200 y a alguna gente le aumentó hasta 1400”, explicó la señora.
Frente al rechazo de las familias a alojarse en dependencias
del Ministerio de Desarrollo Social, dicha cartera dispuso la provisión de
colchones y baños químicos para las familias desalojadas. La orden judicial se
generó en respuesta a una denuncia de los propietarios del hotel que señalaron
que el edificio fue usurpado y que por lo tanto las 33 habitaciones se
encontraban usurpadas ilegalmente.
“Esto no es una usurpación. Acá hay gente que vive hace 5 años
en un hotel, con una habilitación del Gobierno de la Ciudad; reciben subsidios
del Gobierno", remarcó el defensor general adjunto de la Ciudad, Roberto
Andrés Gallardo, quien cuestionó la metodología implementada por la Policía
Metropolitana. "Sacaron a toda la gente a punta de pistola. Ni siquiera
les dejaron sacar los documentos. Fue de una gran brutalidad”, dijo.
La defensora de primera instancia Lorena González Feijos,
explicó a los medios que entre las personas desalojadas (más de 20 menores)
“hay quienes tienen un juicio empezado por un subsidio habitacional”.
“Vamos a pedir el juicio político de la jueza actuante.
Vamos a pedir que se anule todo lo que se hizo", subrayó Gallardo.
A lo que el Defensor General de la Ciudad, Mario Kestelboim,
agregó: “La jueza Fernanda Botana va a tener que dar cuenta de esta barbaridad
de dejar a 34 familias en la calle".
Por su parte, la legisladora porteña Laura García Tuñón
(Buenos Aires para Todos) sostuvo que “la orden de la jueza era desalojar una
sola habitación y la Metropolitana sacó a todas las familias”. “Esto es la
ilegalidad absoluta", expresó.
Fuentes del Ministerio de Desarrollo Social de la Ciudad
informaron a Noticias Urbanas que se están buscando alternativas para dar
respuesta a las necesidades de las familias desalojadas.
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