Antes militante, ahora “terrorista”

Autor: Alejo Caivano - Abogado

Con el “atentado” de las torres gemelas en Nueva York allá por el 11 de Septiembre de 2001 comenzaría la nueva interpretación de una vieja idea, reeditada como “la civilización” contra “los terroristas”.

Origen

El ex-presidente de EEUU George Bush ideó un macabro sistema de “categorización” de países: algunos serían parte de la “comunidad internacional”, otros “nidos de terroristas”. Consiguió que le votaran millones de millones de dólares para su Ejército, que inauguró el siglo invadiendo países, violando soberanías, en fin: recalcando que son “la” potencia militar del mundo.

El argumento principal fué el 11-S, lo de las torres gemelas. Lo paradójico es que hasta un ex presidente italiano, Francesco Cossiga, denunció públicamente a los servicios de inteligencia como autores del “autoatentado”.

Sus “think tank” (tanque de ideas) se encargaron de planificar una apretada más en la morsa del nuevo, ya viejo para ellos, siglo.

Made in USA

Las ideas de Bush & Cia.(con estricto doble sentido) no tendrían mayor novedad si no fuera porque algunos países comenzaron a “importar” estas ideas. Algunos locales actúan como socios de los de afuera.

Con convenciones internacionales comenzaron a “sembrar” la doctrina “anti-terrorista” (at en adelante). Su principal alfil es el GAFI (Grupo de Acción Financiera Internacional). Este logró la “proeza” de apurar a los diputados para que votaran la primer Ley at, con plazo hasta el 23/06 del 2007(hubo varias razone$ para eso).

No se puede obviar: el kirchnerismo trajo a nuestro país la lógica del “at” que los anteriores se limitaron a “bocetar”. El objetivo era doble: mendigar unos pocos dólares y crear una herramienta para perseguir a opositores.

Primer acto…

La primera ley at fue la 26.268. Esta incorporó dos nuevos delitos al Código Penal, extremadamente vagos en su contenido, exactamente lo contrario que requieren los tipos penales. Cualquier reclamo podría encuadrarse en sus artículos.

Segundo acto…

Cuatro años después, el mismo gobierno y sus legisladores incorporan al Código Penal el art. 41 quinquies: "Cuando alguno de los delitos previstos en este Código hubiere sido cometido con la finalidad de aterrorizar a la población, la escala penal se incrementará en el doble del mínimo y del máximo. Si la finalidad fuese la de obligar a las autoridades públicas nacionales o gobiernos extranjeros o agentes de una organización internacional a realizar un acto o abstenerse de hacerlo, se aplicará la misma escala."

Sin embargo, la ley no define qué es terrorismo. Los tipos abiertos vulneran los artículos 18 y 19 de nuestra Constitución Nacional que establecen que sin ley previa –clara y completa en su definición- no puede haber imposición de pena.

Eugenio Zaffaroni, quien suele coincidir con las iniciativas de la Casa Rosada, cuestionó públicamente: “Es una extorsión que nos hace el organismo GAFI, de segunda categoría…no necesitamos esta ley…puede ser utilizada por alguien contra la protesta social o contra los sindicatos”(24/12/2011).

Muchos opositores señalaron el giro a la derecha del gobierno en este aspecto.

Lo primero que debemos tener en cuenta es la pérdida de soberanía que implica subordinarse a las imposiciones de distintos organismos extranjeros. Curiosamente, países pilares del G-20 no tienen una ley at como la aprobada aquí.

Intervalo lúdico

La justificación de los partidarios del gobierno nacional es desopilante: “no será usada para reprimir conflictos sociales”; “Lo que no queremos es que un tipo se levante y decida devaluar el peso”. Si no se va a usar en el sentido que literalmente está redactada, ¿para qué sancionarla? Si un animal afila sus garras, para algo será.

Grand finale, para ellos.

Las últimas declaraciones de Cristina, marcando la cancha a los reclamos salariales y sociales, en un escenario de agravamiento de las condiciones económicas dan pie a que la justicia comience a utilizar esta figura.

En la “construcción de relato” kirchnerista, que cuenta con la pluma del posmoderno Ernesto Laclau,  los “enemigos del pueblo” son todos aquellos que enfrentan sus políticas en cualquier terreno. Nunca serán terroristas los de su “juventud maravillosa” terrorista porque son oficialistas desde la fábrica.

La presidenta refuerza la legalidad represiva, de por sí extendida, sin dejar de dibujar el tono del relato de un manto épico.

Cuando se destapó el Proyecto X dijeron que era un mero “software en desuso”. En conjunto con esta ley están conformando una política de estado, parte de su “INDEC” ideológico que nos ofrecen.

Riesgos y perspectivas.

Frente a este cuadro: “No se garantiza que líderes sociales no sean perseguidos y sometidos a proceso bajo estas nuevas figuras ligadas al terrorismo, lo que implicaría someterlos a una fuerte presión para abandonar su reclamo”, expresaron organizaciones en un reclamo que se viene sintiendo en forma creciente.

En la actualidad numerosos dirigentes sociales enfrentan causas penales como consecuencia del legítimo ejercicio de los derechos constitucionales. De ello pueden dar cuenta, entre otros, los trabajadores del Ferrocarril Sarmiento, los de la empresa Kraft, los estatales, los docentes de Santa Cruz, los trabajadores del azúcar, estudiantes universitarios, etc. Todos ellos podrán ser imputados como “terroristas”, decisión que el gobierno puede tomar cuando quiera, habida cuenta que -ya lo dijimos- la ley no explica qué es el terrorismo que combate. A esto debemos sumar el hecho de que estos "delitos" serán juzgados por la justicia federal, sector probadamente dependiente del poder político.

Así como la república y el sufragio universal representaron un enorme progreso esta imposición de la lógica at, es un paso atrás, y muestra la relación directa que existe entre  la cuestión nacional y la democrática. No se resuelve una sin la otra. Debemos denunciar las violaciones de derechos humanos del presente, como lo es esta ley.