Ayer la Presidente de la Nación, Cristina Fernández, celebró
el récord alcanzado por la soja que llegó a 648 dólares la tonelada, frente a
los malos augurios de la "cadena nacional del miedo y el desánimo".
El hecho ocurre unos días después de cumplirse 4 años del conflicto por la
resolución 125 de retenciones agropecuarias. Y luego también de una
multitudinaria marcha en Córdoba por pedido de justicia en el juicio por las
fumigaciones y contra la instalación de Monsanto en la provincia.
Por Eduardo Soler.
La "Marcha de los barbijos" convocó a una multitud
en Córdoba. Foto: Madres de Ituzaingo.
En los últimos días, distintos medios se hicieron eco del
cuarto aniversario de la noche en que el entonces vicepresidente Julio Cobos
dijera "mi voto no es positivo" y cerra de ese modo un conflicto que
marcó un momento bisagra en el movimiento kirchnerista. En aquellos agitados
días, mucho se discutía sobre la confrontación entre "el gobierno" y
"el campo", poniéndose en el tapete incluso la sojización del país,
que Cristina trató como un yuyo, al mismo tiempo que el uso del agroquímico que
se hizo famoso desde entonces: el glifosato.
Poco se dice hoy, que el gobierno nacional mantiene una
apuesta fuerte por el modelo de los agronegocios. El caso relevante es Córdoba,
donde se planea instalar una semillera y una instalación experimental de la
corporación Monsanto, sin que el tema haya tenido debate público alguno. Todo
ello, en el mismísmo momento que se está realizando un juicio histórico por contaminación
a través de fumigaciones en el barrio Ituzaingó Anexo, tal y como escribió
Darío Aranda para ComAmbiental. Un juicio liderado por las valerosas Madres de
Ituzaingó.
La instalación de un campo experimental en Córdoba por parte
de la corporación norteamericana Monsanto salió a la luz por la misma palabra
de la Presidente, cuando el mes pasado fue televisada una conferencia que la
mandataria sostenía con los principales empresarios del mundo en el Consejo de
las Américas. La noticia fue confirmada también la semana pasada, cuando La Voz
del Interior informó que "Monsanto invertirá $1.600 millones en Córdoba y
se instalará en Malvinas Argentinas". Es cierto que la corporación ya
cuenta con cinco plantas en el país, pero el anuncio aumenta el número a ocho.
"Monsanto invade Malvinas Argentinas", planteó el
biólogo Raúl Montenegro, de la Fundación para la Defensa del Ambiente. Y
explicó: "Resulta ingenuo asumir que una planta procesadora de semillas es
solamente una industria. También es un acelerador indirecto de los procesos de
monocultivo, contaminación y desmonte, y sobre todo, un factor de consolidación
del modelo básicamente depredador instalado en nuestro país". En Córdoba
se instalará una fábrica y una planta experimental, mientras que en Tucumán se
instalará otra, misteriosa, planta experimental.
El lugar destinado para la fábrica de semillas, Malvinas
Argentinas. Se trata de una localidad ubicada 14 kilómetros al noreste de la
ciudad de Córdoba y a 10 kilómetros de barrio Ituzaingó Anexo. "Siendo
Monsanto una de las empresas líderes en el mantenimiento del modelo extractivo,
es inevitable predecir que una mayor presencia de la corporación agravaría
regionalmente los efectos indeseados, esto es, expansión de la superficie
cultivada, destrucción de ambientes nativos y sobre todo, más enfermedades y
muertes por exposición a bajas dosis de plaguicidas", escribe Montenegro.
El referente ambientalista señala una cuestión más, que
tiene que ver con la disputa entre democracia y corporaciones, que también se discutió
hace cuatro años. Dice Montenegro: "Es inaceptable que una empresa como
Monsanto anuncie sus inversiones desde Nueva York, y que anticipe además fechas
de puesta en funcionamiento. También es inaceptable que la propia presidencia
de la Nación permita ese juego colonial". Por lo tanto, la empresa
"debe hacer la propuesta formal, iniciar el proceso de Evaluación de
Impacto Ambiental en Córdoba y someter su proyecto a debate en Audiencia
Pública".
"Estado y Monsanto favorecen el mismo tipo de modelo productivo",
señala el presidente de FUNAM entre las causas profundas del acuerdo. La
cuestión no es un misterio, sino que basta con revisar el llamado "Plan
Estratégico AgroAlimentario", que a pesar del nombre tiene entre sus
principales metas aumentar las exportaciones agrarias basadas en la
biotecnología. Darío Aranda también se ocupó de retratar el destino de la
"Comisión Nacional de Investigación sobre Agroquímicos", donde tuvo
un rol primordial el Ministro de Ciencia, Lino Barañao.
¿Cambió tanto el panorama en cuatro años? No tanto. Como
recordó la socióloga rural Norma Giarracca por las redes sociales: "La 125
no era contra el modelo agroexportador que aún está protegido sino contra
actores nacionales territorializado subordinados". Y opinó que los que
constituían un verdadero peligro "destituyente", como Monsanto,
"estaban tranquilos porque se sabían no tocados por la 125 ni otras
políticas públicas". Y concluyó: "El poder está en Monsanto,
exportadores y pool de siembra". Es decir, los actores tasnacionales del
agronegocio global.
Se habla poco, muy poco, de la conjunción del modelo
agropecuario y el gobierno nacional, esto que podríamos denominar el
"agrobierno". Para la oposición de derecha, no hay razón para
oponerse, porque en la mayoría de los casos están relacionados con el
empresariado nacional, la vieja oligarquía. Para el kirchnerismo, la cuestión
es más compleja, porque el conflicto por la 125 se convirtió en un momento
fundante. Es decir, en "el relato" quedó plasmada una disputa con
"el campo", "la soja", "el glifosato". Una
cuestión que, dirían los teóricos, tiene que ver con la dimensión
fantasmagórica de la ideología.
Ver también:
ComAmbiental: La Presidente alabó a Monsanto y Chevrón
ComAmbiental: El modelo agropecuario al banquillo
ComAmbiental: Un plan para los agronegocios (2011)
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