En 2003, Romina Vega cayó al foso al intentar salir de un
ascensor de la Facultad de Derecho que
había quedado atrapado entre dos pisos. La encontraron 48 horas después.
La Universidad de Buenos Aires (UBA) deberá indemnizar con
casi medio millón de pesos a los padres de una alumna de la carrera de Derecho
que en 2003 murió al caer por el hueco de un ascensor, del que intentó salir
después de que quedara parado entre dos pisos.
La sentencia fue dictada por la Sala Segunda de la Cámara en
lo Civil y Comercial Federal, que resolvió así la demanda de la familia de
Romina Elizabeth Rozano Vega, la joven que murió el 13 de mayo y cuyo cuerpo
fue encontrado dos días más tarde.
Hace casi una década, el caso de Romina conmovió a la
comunidad educativa. El día del accidente, había salido de una clase en el
primer piso junto a una compañera, con la que iban a sacar fotocopias. Como la
otra chica se demoró, Romina fue hasta el ascensor “y no se la volvió a ver”,
explica el fallo. La joven no fue hallada ese día y al siguiente no hubo
actividad por un conflicto gremial, por lo que recién fue encontrada por un
operario a casi 48 horas del accidente.
"El deceso se produjo como consecuencia de su caída en
el foso del ascensor al intentar salir por sus propios medios de su interior,
donde había quedado atrapada al detenerse entre los pisos segundo y tercero a
raíz de una falla técnica", describe la causa.
Para los jueces Ricardo Guarinoni y Alfredo Gusman,
"debe presumirse -por ser la reacción normal de quien se encuentra
encerrado en un ascensor-, que golpeó la puerta y levantó la voz pidiendo
auxilio. Nadie que queda encerrado en un ascensor procede a abandonarlo sin
esperar un tiempo prudencial a ser rescatado o bien proferir gritos pidiendo
auxilio, ese es el normal desarrollo de los acontecimientos, lo que realiza el
común de la gente ante una circunstancia similar”. Los magistrados le quitaron
cualquier responsabilidad a la chica por la decisión de abandonar el ascensor y
argumentaron que fue la falla técnica la que “generó la necesidad de la alumna
de salir por sus propios medios, es decir que las circunstancias de encierro e
incertidumbre la obligaron a tomar dicha decisión”.
El caso había sido archivado en la etapa penal por el juez
de instrucción y postulante a juez federal Luis Rodríguez, "en razón de no
haberse acreditado la perpetración de delito alguno ni responsabilidades
criminales". Pero el reclamo civil continuó y terminó con la condena
contra la UBA a indemnizar a los padres con 480 mil pesos más intereses.
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