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El organismo de monitoreo aún no pudo avanzar en aspectos
centrales de la nueva legislación
Por José Crettaz | LA
NACION
La hora y la temperatura en pantalla, la advertencia sobre
el comienzo y el fin del espacio de publicidad -aunque luego los programas
estén llenos de avisos- y la aclaración de que los noticieros incluyen
contenidos "no aptos para niños, niñas y adolescentes" fueron hace
dos años las primeras evidencias concretas de la aplicación de la ley de
medios. Y siguen siendo las más relevantes hasta ahora.
Esta ley fue sancionada y promulgada el 10 de octubre de
2009. Ese mismo día fue publicada en el Boletín Oficial en una edición
dominical extraordinaria. Pero a pesar de esa aparente ansiedad para su puesta
en práctica recién fue reglamentada el 31 de agosto de 2010, y sólo
parcialmente. A poco menos de tres años de su sanción, no sólo está pendiente
la participación en los organismos creados por la ley de representantes de las
minorías parlamentarias.
La Autoridad Federal de Servicios de Comunicación
Audiovisual (Afsca) destinó su resolución N° 1 a convocar a un censo de medios
audiovisuales para saber cuántas radios, canales, productoras y cableoperadores
hay en el país, pero esos resultados nunca fueron publicados. Informalmente, el
ex presidente del organismo y actual vicegobernador bonaerense Gabriel Mariotto
anticipó hace más de un año que "hay 15.000 medios". La disposición
de publicar en Internet una carpeta de acceso público con información sobre los
dueños de cada medio tiene un bajo índice de cumplimiento.
La semana pasada, la Afsca reconoció que no está terminado
el plan técnico que exige la ley como paso previo para la convocatoria a
concursos que den origen a nuevas señales de TV abierta y radios. De hecho, ese
fue uno de los argumentos centrales que llevaron al organismo a "dejar sin
efecto" el ambicioso plan para crear 220 nuevos canales de TV que había
sido convocado en junio de 2011 y cuyo fracaso por falta de interesados -sólo
compraron los pliegos unos 48 oferentes- golpeó al Gobierno.
Sin plan técnico es difícil cumplir con uno de los aspectos
más celebrados de la nueva norma: la reserva del 33% de las frecuencias para
los medios sin fines de lucro. La situación del espectro radioeléctrico, que ya
era caótica antes de la sanción de la ley, empieza a ser preocupante por la
superposición de emisoras que se interfieren mutuamente.
Martín Becerra, especialista en Políticas de Comunicación y
docente de la Universidad Nacional de Quilmes (UNQ), destaca entre los avances
"el concurso para adjudicar 687 licencias de FM de baja potencia en diez
provincias [este mes]; la adjudicación de licencias para estados provinciales,
municipios y universidades públicas, y el paulatino incremento de producción
propia de contenidos en emisoras de radio y TV en el interior del país".
Su colega de la UBA Pascual Calicchio compartió esos avances y marcó como
pendientes "la creación de la Defensoría del Público (para lo cual se
tiene que conformar la comisión bicameral) y un plan para hacer sustentables
los medios que tienen que ocupar el 33% de los sin fines de lucro, medios que
hoy se encuentran en una situación desventajosa".
Una sola cooperativa (en La Pampa) logró acceder al mercado
de la TV por cable; no están emitiendo nuevas señales universitarias y apenas
una decena de entidades aborígenes instalaron sus propias FM.
"Escribir una ley desde la facultad, la academia y la
teoría es una cosa, pero cuando la tenés que aplicar en el mercado, en la
realidad, es otra", ironizó Silvana Giudice, ex diputada radical que votó
en contra de la norma y ahora preside la Fundación Libertad de Expresión y
Democracia (LED). Giudice acusó al Gobierno de buscar "una hegemonía
comunicacional que impone una uniformidad de voces"..
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