Para reformar las leyes, debe haber más participación social

OPINIÓN TRIBUNA

POR LUCAS ARRIMADA PROFESOR DE DERECHO CONSTITUCIONAL (UBA)

En el debate sobre la modificación de los Códigos Civil y Penal, así como en materia constitucional, falta deliberación democrática.

18/09/12

Se encuentran abiertos diferentes procesos de discusión sobre reformas legales, todos de relevancia política e institucional superlativa . Desde el debate sobre la necesidad, oportunidad y utilidad de reformar la Ley de leyes, la Constitución Nacional, hasta la posibilidad de sancionar reformas integrales a Códigos tan centrales para la vida cotidiana de todos como los Códigos Civil y Comercial y el Código Penal.

La historia de la Convenciones Constituyentes y de los procesos de sanción y/o reforma de los Códigos se ha caracterizado por la ausencia del actor clave de la soberanía política: la sociedad.

Los procesos constituyentes han sido producto de reformas populistas o de pactos de elite, no a través de instancias horizontales, mayoritarias y de debate público inclusivo.

Dejando atrás esas prácticas del pasado, hoy la democracia debe ser precondición de toda reforma legal de relevancia.

Las reformas legales necesitan tanto política democrática como saber técnico. Es más, los desacuerdos legales se resolverán, tarde o temprano, en las arenas del debate público y de la política democrática.

Se suele citar el clásico de Carlos Nino “Un país al margen de la ley” para hablar de la corrupción y de las prácticas anómicas de la sociedad argentina.

Lo que suele olvidarse es que la propuesta superadora de Nino era la participación de la sociedad en los procesos de deliberación pública sobre las leyes consustanciales a la democracia.

Esto es: toda reforma legal tiene que tener el más inclusivo debate social, a todo nivel, para construir la legitimidad e identificación entre Derecho y Sociedad que reduce la “anomia boba”. Ese puente de legitimidad lo construye la política democrática.

Esa participación, propiamente canalizada en un espacio efectivo reduce la apatía y desconfianza social no sólo hacia la política sino hacia un derecho que tantas veces resulta ajeno y hasta hostil.

Expandir el espacio público, hacer más abiertos y racionales los procesos de justificación legal, menos secretos y cerrados, son características de cualquier legislación moderna que se considere democrática.

Ampliar y extender el proceso de discusión de una norma que se presenta como “un Código para 100 años” en los 90 días estipulados o abrir el próximo debate en torno al Código Penal, no es sólo políticamente necesario sino democráticamente obligatorio.

Tenemos un derecho a participar en el diseño del derecho que se nos aplicará. Ese quizás sea uno de los derechos más importantes en una democracia del siglo XXI.

La relevancia para la sociedad y la oportunidad democrática nos deja frente a un desafío colectivo: evitar sancionar una Ley al margen del País.

Fuente: http://www.clarin.com/opinion/reformar-leyes-debe-participacion-social_0_776322431.html