22 10 2012
Por primera vez en
Argentina se procesó a un propietario y productor agropecuario bajo la figura
de homicidio, por la muerte de un niño de 4 años que en abril de 2011 pisó un
charco contaminado e inhaló agroquímicos provenientes de una tomatera, en el
pueblo de Lavalle, provincia de Corrientes. Así lo determinaron las pericias
que detectaron herbicida endosulfán en los siguientes lugares:
En las inmediaciones de la
chacra del productor Ricardo Nicolás Prieto.
En el organismo de Nicolás
Arévalo, 4 años, la víctima. El veneno fue absorbido a través de la piel de sus
pies y por inhalación, según el
procesamiento dictado por el juez de instrucción Carlos Balestra.
La autopsia al cuerpo del
niño determinó la aplicación d el Código Penal para procesar al productor bajo
la figura de “homicidio culposo agravado y lesiones graves” por la muerte de
Nicolás y por la intoxicación de su prima Celeste Estévez (7 años), quien estuvo
3 meses internada en el Hospital Garraham de Buenos Aires y aún hoy (un año y
medio más tarde) continúa en tratamiento.
En Lavalle otro niño de 4
años, José Carlos Rivero, falleció en mayo de este año y se presume que la
causa es idéntica, aunque por otro agroquímico.
Contacto venenoso
Lavalle es un pueblo de 3
mil habitantes situado a 10 kilómetros de Goya, la segunda ciudad en
importancia de Corrientes. La zona rural llega hasta el frente de la casa la
familia Arévalo, lindante con una chacra ubicada en el paraje Puerto
Viejo. “Inmediatamente la familia de
Nicolás señaló a las fumigaciones de la plantación de tomates del lugar. Los
nenes tomaron contacto con el veneno que había chorreado hacia la calle, al
pisar unos charcos. Al rato empezaron a sentirse mal”, relata a lavaca Emilio
Spataro, integrante de la Campaña Salvemos al Iberá. Al día siguiente Nicolás
fue internado en el Hospital Zonal de Goya con un cuadro de intoxicación,
fuertes dolores en el cuerpo y vómitos. De ahí fue trasladado al Hospital
Pediátrico Juan Pablo II, donde murió 3 días después.
Autopsia
La autopsia efectuada en
el Juan Pablo II demostró que lo que decía la familia era cierto y que la causa
de la muerte fue la intoxicación con el herbicida endosulfán. Por primera vez
en Argentina se pudo probar de modo directo que la causa de una muerte fueron
las fumigaciones. Pericias posteriores también demostraron la presencia del
agrotóxico en toda la zona.
“Con todos estos elementos
se reclamaron dos cosas” explica Spataro: “Que se eleve a juicio y se procese
al dueño de la tomatera, y que se paren las fumigaciones. No se logró esto
último pero sí el procesamiento, luego de marchas, movilizaciones, difusión
pública y, sobre todo, de difundir en Corrientes el antecedente del caso del
juicio en Ituzaingó”. En ese juicio (en el que se condenó por fumigar a un
productor y un aeroaplicador) se aplicó la Ley de Residuos Peligrosos, que aún
no está reglamentada en Corrientes: esa es la raz{on por la que juez Balestra
recurrió al Código Penal, según Julián Segovia, abogado de la familia Arévalo:
“Es un mensaje a unos 1.800 productores de la zona sobre las consecuencias de
lo que están haciendo” dijo a lavaca el abogado, integrante a la vez de
Infancia Robada, organización encabezada por la hermana Martha Pelloni.
Juicio en espera
La defensa de Prieto apeló
el procesamiento, tema que ahora debe resolver la Cámara de Apelaciones de
Corrientes para determinar si el juicio sigue adelante: “Nosotros somos
optimistas al respecto, ya que hay pruebas muy concretas de la causa de la
muerte de Nicolás” planea el abogado Segovia. “No deja de ser una maniobra
dilatoria, porque en el mejor de los casos el juicio se podrá realizar el año
próximo” agrega por su lado Spataro. El acusado Prieto, vale aclarar, es
ingeniero y fue quien diseñó y montó el sistema de fumigación de la chacra que
provocó todo este episodio.
Nada cambia
A pesar de la contundencia
en las pruebas y la visibilidad que cobró el caso en Corrientes, la situación
en Lavalle no ha cambiado. “El gobierno correntino no ha tomado ninguna medida
para cuidar la salud de la población de Lavalle, y tampoco se ha tomado ninguna
medida para remediar la contaminación de la zona”, dice Spataro. En este
sentido se espera que la muerte de Nicolás sea un caso testigo que no se limite
al juzgamiento de los responsables sino que cambie la realidad de las
poblaciones que lindan con zonas de cultivos donde se utilizan agroquímicos.
Cuenta Spataro: “Estamos realizando relevamientos en hospitales y el panorama
es bastante grave, tanto por nacimientos con malformaciones como como por
muertes de niños”.
“La familia de Nicolás es
de escasos recursos, y por eso la hermana Pelloni y la organización Infancia
Robada está colaborando para que se pueda hacer el juicio y la situación no
quede impune” explica el abogado Segovia.
Otro caso
El otro caso en Lavalle
ocurrió en mayo de este año: José Carlos Rivero, 4 años. En el hospital, un
análisis de orina determinó la presencia de agroquímicos en su cuerpo, poco
antes de morir. Spataro: “No se sabe exactamente cómo lo ingirió, pero en este
caso la familia vio que la tomatera estaba fumigando e inmediatamente habían
empezado a morir los chanchos, las gallinas”.
La familia Rivero vivía
muy cerca de la casa de los Arévalo, y sabían lo ocurrido un año antes con
Nicolás y su prima. Decidieron mudarse a la casa de un familiar, pero José
Carlos seguía empeorando y rápidamente fue trasladado al hospital local. “Luego
lo derivaron al Garraham porque en Corrientes no querían tener otro caso
controvertido” dice Spataro. José
sobrevivió una semana, pero finalmente murió el 12 de mayo de 2012.
En su caso la
investigación continúa. “En el Garraham solamente dijeron que había muerto por
intoxicación sin buscar cuál había sido el elemento” explica el abogado
Segovia. Spataro coincide con el argumento: “El Garraham no buscó determinar el
origen de la intoxicación, pero posiblemente el antecedente de Nicolás
permitirá que se realice una investigación más a fondo”.
La situación de la
producción correntina no ha cambiado, pero sí la percepción de la sociedad, a
partir de la difusión de estas muertes. Spataro: “Es un contexto complicado
pero vemos que las organizaciones y la sociedad civil están firmes, las
familias están muy firmes y queremos que esto no vuelva a ocurrir”.
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