La Plata, 17 de octubre de 2012.
La Comisión Provincial por la Memoria expresa públicamente
su preocupación ante la falta de respuesta del Ejecutivo provincial frente a
las demandas de que cumpla con el envío de las partidas presupuestarias
acordadas con el Ministerio de Economía para el ejercicio 2012.
El Ejecutivo provincial ajustó a la CPM en un 34% respecto
de lo acordado.
Desde hace meses la CPM ha venido gestionando las partidas
para la ejecución de su plan de trabajo para el presente año, diseñado de
acuerdo a los fondos convenidos con las autoridades pertinentes del Ejecutivo
hacia fines del 2011. Sin embargo, a pesar incluso del compromiso que comunicó
el propio gobernador a miembros de la CPM en la reunión del 8 de agosto del
presente año, no ha habido ninguna respuesta concreta al reclamo.
Esto debilita gravemente la continuidad de los programas de
trabajo de nuestra institución.
Las acciones de monitoreo a los 60 establecimientos
penitenciarios, comisarías e institutos de menores se han visto afectadas no
pudiendo realizarse todas las visitas que durante el año 2011 llegaron a 120.
De ser así, imposibilitaría no sólo un
preciso diagnóstico de la situación carcelaria sino la protección de los
derechos de los detenidos, y por lo tanto generaría mayores espacios de
impunidad.
El programa Jóvenes y memoria trabaja este año con 700 escuelas de la provincia, y articula
acciones con 8 provincias del país, convocando a más de 10.000 jóvenes a
trabajar por la memoria y la defensa de los derechos humanos. La falta de
recursos dificulta las tareas, y pone en
juego la realización del Encuentro de Jóvenes por la memoria a realizarse en el
mes de noviembre en el complejo de Chapadmalal. Se lesionan así las
expectativas de alumnos, docentes y padres de distintos lugares de nuestra
provincia que quieren ver concretado el trabajo de todo el año.
Las tareas de investigación en el Archivo de la DIPPBA para
producir pruebas por los delitos de lesa humanidad son cada vez mayores. Los
documentos son de extrema importancia ya que permiten dar cuenta de hechos y
responsabilidades en la represión, claves en la investigación. Paralizar la
acción implica una dura demora en los juicios, lo cual contraría el amplio
consenso político y social que tiene esta política de Estado.
Las partidas adeudadas a la CPM son exiguas ante la
dimensión del presupuesto provincial. Entonces ¿qué lugar ocupan en las
prioridades del gobernador las políticas de DDHH y memoria? El ajuste a la CPM
puede entenderse como una política de cercenamiento de su capacidad de acción en
defensa de los derechos humanos y promoción de la memoria.
La CPM mantendrá con firmeza su pluralidad y su autonomía e
independencia de los gobiernos; nada ni nadie nos doblegará en nuestra
posición. Ha sido así desde su creación en el año 1999. En estos 12 años hemos
demostrado seriedad y profesionalidad en
el trabajo, así como también la clara directriz ética que guía cada uno de
nuestros actos. La CPM está presente en todo el territorio provincial,
denunciando las violaciones a los derechos humanos, acompañando a las víctimas,
aportando pruebas en cada uno de los juicios, reconstruyendo las historias
locales, convocando a miles de jóvenes a la participación y al compromiso con
el otro, poniendo al arte como interpelador de la sociedad.
Esperamos que el Sr. Gobernador cumpla con su palabra para
no cercenar nuestra acción, lo cual implicaría un retroceso en las políticas de
los derechos humanos y la búsqueda de verdad, justicia y memoria.
Adolfo Pérez Esquivel (presidente) / Hugo Cañón (presidente)
/ Laura Conte (vicepresidenta) / Aldo
Etchegoyen (vicepresidente) / Alejandro
Mosquera (secretario ejecutivo) / Víctor Mendibil (secretario) / Mauricio
Tenembaum (prosecretario) / Elisa Carca (tesorera) / Elizabeth Rivas / Susana
Méndez / Daniel Goldman / Roberto Tito
Cossa / Emilce Moler / Mempo Giardinelli / Fortunato Mallimaci / Verónica
Piccone / Carlos Sánchez Viamonte / Luis Lima / Víctor de Gennaro / Martha
Pelloni
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