Organizaciones y referentes de la justicia rechazan la ley de restricción de excarcelaciones

Las organizaciones y funcionarios firmantes repudian el proyecto de ley aprobado esta tarde por la Legislatura Bonaerense, a partir de la propuesta del gobernador Daniel Scioli, de limitar las excarcelaciones en caso de portación ilegítima de armas de fuego. La justificación de este nuevo proyecto es que permitirá controlar la circulación de armas y, como consecuencia, reducir los delitos más violentos.

Nuevamente, el poder político insiste en la demagogia punitiva que procura responder a las demandas sociales de seguridad con el endurecimiento del sistema penal. Bajo estos mismos argumentos, en los últimos años se impulsaron más de treinta reformas procesales y los resultados han sido un fracaso. Ante la persistencia de los problemas, se propone una nueva ley que tampoco impactará sobre el mercado ilegal de armas ni reducirá la violencia. Es falso que esta medida sea la solución a la preocupación social por el uso de armas de fuego. En términos de una política de seguridad seria, sustentada en diagnósticos empíricos, las armas circulan porque el mercado ilegal está protegido y controlado por las mismas autoridades policiales. El propio Senado provincial, en el informe sobre el “Caso Candela”, advirtió sobre la degradación y la inserción de redes ilegales en la Policía Bonaerense. Las autoridades y las distintas fuerzas políticas siguen evadiendo la responsabilidad de atacar ese mercado y romper las redes que lo sostienen. Diversos expertos en políticas de desarme han manifestado que esta iniciativa es la opuesta a la que se debería impulsar.

Para dar respuesta a las graves fallas en materia de seguridad e investigación criminal, no se requiere más encarcelamiento preventivo, sino avanzar en reformas institucionales y voluntad política de atacar los verdaderos problemas. Las respuestas simbólicas de este tipo, además de alimentar la retórica, tienen un impacto muy profundo en los barrios populares, que son los que sufren la persecución y el hostigamiento policial, mientras los dueños de los negocios circulan libremente.

En contradicción con lo que se sostiene públicamente, esta ley profundizará la lógica de trabajo policial, que redunda en detenciones ilegítimas, plantado de prueba y, en los casos más extremos, ejecuciones. Ampliar los márgenes de acción de los funcionarios policiales durante las detenciones, bajo la excusa de atacar el mercado ilegal de armas, implica legitimar las políticas de endurecimiento penal que sólo recaen sobre los jóvenes y los sectores sociales más pobres. Esto, sin dudas, implicará una grave amenaza para la vigencia de los derechos humanos en la provincia.

La Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) y la Corte Interamericana de Derechos Humanos han afirmado en reiteradas oportunidades que no pueden existir delitos no excarcelables y que la única posibilidad de privar de libertad a un individuo sin condena es por la acreditación de peligro procesal. Además de este vicio de inconstitucionalidad, la nueva ley no responde a una política de seguridad democrática y consistente y aumentará la cantidad de detenidos en condiciones absolutamente indignas. Alimentar la demagogia punitiva tiene altos costos sociales, aunque pueda verse como una táctica política beneficiosa en el presente.

Asociación Civil La Cantora

Asociación Pensamiento Penal (APP)

Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS)

Centro de Estudios en Política Criminal y Derechos Humanos (CEPOC) Comisión Provincial por la Memoria (CPM)