Fuente: Telam
JUICIO POLÍTICO
Los jueces que absolvieron a los 13 imputados por el
secuestro y desaparición de Marita Verón serán sometidos al Jury de
Enjuiciamiento tras resolver la Legislatura que existen motivos para la
destitución de los magistrados.
La medida se tomó con el voto favorable de once legisladores
y la negativa del opositor Ricardo Bussi (Fuerza República), según confirmó el
titular de la comisión de Juicio Político de la Legislatura, Sisto Terán.
Alberto Piedrabuena y Eduardo Romero Lascano serán sometidos
al Jury de Enjuiciamiento, que analizará su destitución.
El otro integrante del tribunal, Emilio Herrera Molina, fue
excluido del proceso legislativo a raíz de una cautelar en su favor dictada por
la sala II de la Cámara en lo Contencioso Administrativo.
Herrera Molina presentó la renuncia para acogerse a la
jubilación, pedido que fue rechazado por el Poder Ejecutivo pero debe ser
analizado nuevamente por una orden judicial debido a su delicado estado de
salud.
Los jueces absolvieron a los 13 imputados en el juicio por
el secuestro de Marita Verón y a raíz de la resolución fueron denunciados por
Susana Trimarco, madre de Marita, que desapareció hace exactamente once años,
el 3 de abril de 2002.
La acusación se realiza según el artículo 124, inciso 5° de
la Constitución Provincial, por considerarlos incursos “en falta de
cumplimiento de los deberes a su cargo”, que obra como causal de destitución en
el artículo 47 de la Carta Magna.
La acusación también menciona los artículos 4 y 5 de la Ley
N° 8.199, expresado como “ignorancia inexcusable o negligencia en el ejercicio
de sus funciones, reiteración de irregularidades en el procedimiento”, entre
otros puntos.
Ahora comenzará la tarea del Jurado de Enjuiciamiento que
debe determinar los pasos a seguir.
El cuerpo, presidido por Terán, estuvo integrado por los
legisladores oficialistas Manuel Fernández, Roque Alvarez, Iván Llorens Dip,
Beatriz Bordinaro de Peluffo, Guillermo Gassembauer, Alfredo Quinteros,
Gregorio García Biagosch, Carlos Asán, José Orellana y Víctor Lossi.
Todos votaron por la acusación a los jueces para que avance
el proceso de destitución, mientras que Bussi fue el único que votó en favor de
archivar de la causa.
Terán leyó los fundamentos de la resolución y justificó la
medida al sostener que los magistrados no tomaron los recaudos necesarios para
proteger a las testigos.
“Estamos convencidos de que habrá un antes y un después de
este proceso en relación con la forma en la que deben ser tratadas las víctimas
de explotación sexual cuando ofician de testigos o como víctimas", indicó
el titular de la comisión de Juicio Político.
Terán indicó que durante el debate "pasó de todo",
y puso como ejemplo a "las testigos vulnerables, que ingresaban
encapuchadas a declarar pero se les tomaban fotografías a la salida".
También indicó que "hubo amedrentamiento a testigos con
gestos expresos e inclusive reconocidos por parte de los imputados".
"Las testigos vulnerables tuvieron una vida infernal,
dramática, espantosa, algunas de ellas iniciadas en la prostitución por los
imputados a la edad de 13 años, abusadas sexualmente, golpeadas y sometidas
psíquica y farmacológicamente por sus captores", resaltó.
"No obstante ello, juntan fuerza y, exponiéndose a la
revictimización y las represalias contra ellas y sus familias, se animan a
declarar contra sus captores", agregó.
El legislador lamentó que "a semejante prueba de
coraje, el tribunal responde tratándolas como testigos comunes, evaluando sus
dichos con un encarnizamiento pormenorizado que no encuentra explicación
alguna, al punto que por momentos parecía que las testigos eran juzgadas y no los
imputados".
"Imputados que, por otra parte, son delincuentes de la
peor calaña y esto no lo dice la comisión, que no se atrevería a calificar de
delincuente a ningún ciudadano; lo dicen los camaristas que acusamos",
añadió.
Terán recordó que "el Tribunal considera, con carácter
de plena certeza, que todos los imputados integraban una red de captación de
mujeres con destino a la trata de personas, con conexiones nacionales y
seguramente internacionales".
"Lo esencial para arribar a esta conclusión fueron los
testimonios de las mismas testigos vulnerables a las que dejaron intimidar y
agraviar y cuyos testimonios sometieron a un escrutinio ridículo con la
intencionalidad de desvirtuar su credibilidad, pero sólo en lo atinente al caso
Marita Verón", insistió.
"O sea que, según el Tribunal, las testigos dicen la
verdad en todo lo que afirman, menos cuando dicen haber visto a Marita
Verón", agregó Terán en rueda de prensa.
Según los legisladores, "los camaristas ahora acusados
no tomaron las previsiones para preservar la intimidad de los testigos e
incluso mencionaron sus nombres en la sentencia”.
Terán explicó los antecedentes jurídicos que justificaron la
decisión y sostuvo que los acusados desconocen los fundamentos de un proceso de
carácter político como el que está en trámite.
También descartó que haya habido una conspiración del
oficialismo para destituirlos, como señalaron los jueces al comenzar el
proceso.
El legislador explicó que en la resolución, que consta de
173 fojas, se incluyen declaraciones de Mauricio Macri, Ricardo Gil Lavedra,
María Eugenia Vidal y Alicia Argumedo en contra la sentencia absolutoria
dictada a fines del año pasado.
“Se trata de referentes del arco opositor que descalificaron
la sentencia y demuestra que lejos está la posibilidad de que haya habido una
conspiración como se quiere instalar”, expresó.
Terán sostuvo que la investigación policial y judicial
realizada en la primera etapa del proceso arribó a conclusiones claras respecto
de los autores de la desaparición de la joven tucumana y consideró insólito el
tiempo que demoró la elevación a juicio oral.
La resolución firmada por los legisladores será notificada
mañana al Jury de Enjuiciamiento, que dispondrá de 90 días para completar el
proceso y determinar si corresponde o no la destitución de los jueces.
Los miembros del Jury son los legisladores Marcelo Caponio,
José Gutiérrez, Raúl Hadla y Alejandra Cejas, todos oficialistas, y Alberto
Colombres Garmendia, del PRO.
El cuerpo se completa con el representante de la Corte
Suprema de Justicia Alberto Brito; el fiscal de Estado Jorge Posse Ponessa
estará por el Poder Ejecutivo mientras que por el Colegio de Abogados de
Tucumán fue designado Sebastián Herrera Prieto.

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