Construir más cárceles, ¿una solución?

Un problema estructural del sistema penal son las condiciones de las cárceles. Los internos y las internas a lo largo del país viven en condiciones que son infrahumanas, y en muchos casos son vulnerados a diario sus más elementales derechos. Uno de los principales problemas es el hacinamiento, problema que se presenta en el Correccional de Mujeres de Catamarca.

De acuerdo con lo reseñado por este diario y otros medios de comunicación días anteriores, la situación del Correccional de Mujeres sería acuciante. Luego del dictado de una resolución judicial por parte del Juzgado de Ejecución donde se puso de manifiesto el problema del hacinamiento, las autoridades provinciales decidieron ocuparse del asunto, lo que nos parece saludable, anunciando la construcción de un nuevo establecimiento para mujeres de mayor capacidad, aunque quizás la solución propuesta no sea la mejor. Veamos por qué.

La Asociación Pensamiento Penal ha realizado una presentación ante la Gobernadora de la provincia, solicitándole que no se avance con el proyecto de construcción del nuevo establecimiento aportando argumentos para el debate público que merecen ser mencionados.

Actualmente la población carcelaria femenina de la provincia, de acuerdo con la información que surge de los medios de comunicación, se compone de algo más de veinte mujeres. El establecimiento que se piensa construir tiene capacidad para 162 internas, aunque puede llegar a alojar a 270 mujeres de acuerdo con lo que surge del proyecto, e inclusive los arquitectos estiman que la población puede llegar a 400 mujeres.

Como podrá observar el lector, cualquiera de las tres cifras tentativas de capacidad de la nueva unidad excede con creces la población carcelaria femenina actual. Entonces, construir el nuevo establecimiento si bien puede implicar una solución para el problema del hacinamiento, implicaría inevitablemente mayor criminalización de mujeres pertenecientes a los estratos más pobres de la sociedad catamarqueña porque el sistema carcelario funciona bajo una premisa fundamental: trabaja a tope. ¿Qué significa esto? Que las cárceles siempre se van a llenar, y si se construyen otras nuevas cárceles también se van a llenar. Y así infinitamente.

Entonces, pensar en la construcción de nuevos establecimientos implica pensar en el encierro de más mujeres. ¿Y qué mujeres son las que suelen ir presas? La norma es que sean criminalizadas mujeres pobres, de bajos recursos y que además cometen en su mayoría delitos contra la propiedad o burdos.

Retomando la presentación realizada por la Asociación Pensamiento Penal, creemos que la solución al problema del Correccional de Mujeres pasa por otro lado. Por un lado, se debe hacer lo posible por reducir los niveles de encarcelamiento, ya sea reduciendo los niveles de prisionalización preventiva o fomentando alternativas a la pena privativa de la libertad para el caso de las condenadas, considerando especialmente la condición de vulnerabilidad de las mujeres. Y con relación a aquellas internas que continuarán en el establecimiento, el Estado debe propiciar el pleno goce de sus derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales, dado que el encierro en prisión solo debe implicar una limitación en la libertad ambulatoria, pero en ningún caso debe ser excusa para cercenar el ejercicio y goce del resto de los derechos.

Entendemos que existe una preocupación auténtica por parte de las autoridades provinciales para solucionar el problema del hacinamiento en la unidad de mujeres, como que también existe una demanda social de seguridad ciudadana, pero creemos que la solución no pasa por construir un nuevo -y costoso- edificio para una población que además es sumamente pequeña.

En todo caso, pensamos que las soluciones al problema del hacinamiento pasan por arbitrar los medios para que las internas gocen plenamente de sus derechos, y por otra parte, repensar la política criminal para poder satisfacer la demanda de seguridad por parte de la población, generando mecanismos alternativos que eviten la imposición de penas de prisión, al menos en los casos de menor gravedad.

   

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