FESTIVAL POR EL ESCLARECIMIENTO DE LA MUERTE DE FLORENCIA “LA CHINA” CUELLAR

CONVOCATORIA

 

LUNES 23 DE DICIEMBRE DESDE LAS 17 EN PLAZA ONCE

El 23 de diciembre del año pasado los/as familiares de “la China” Cuellar se enteraron por un llamado que “algo había pasado” con ella. Su padre, Alfredo, acudió inmediatamente al penal y hasta el día de hoy, a pesar de haberse entrevistado con altos funcionarios del Servicio Penitenciario Federal, aún no recibió la confirmación oficial de parte de la fuerza de la muerte de su hija. Denuncian que a “la China”, que tenía tan solo 23 años, la golpearon y dejaron agonizar agentes del Servicio para luego intentar disfrazar el asesinato como un suicidio. Ella se encontraba privada de su libertad desde 2007 en el Complejo Penitenciario IV de la ciudad de Ezeiza.

De acuerdo a relevamientos de la Procuración Penitenciaria de la Nación, entre 2000 y 2008 no hubo muertes violentas, pero entre 2009 y 2012 hubo nueve sólo en la conurbana cárcel de mujeres de Ezeiza. María Laura Acosta, Cecilia Hidalgo, Yanina Hernández Painnefil, Silvia Nicodemo, Romina Leota, Vanesa García Ordoñez, Ema Alé, Noelia Randone y Florencia Cuellar fueron encontradas sin vida en sus celdas en diferentes circunstancias que no son las de una “presa cumpliendo su condena”. Sus muertes constituyen la cantidad total en prisiones federales de mujeres en todo el país. Porque de ellas poco se sabe y por ellas pocos reclaman, ninguno de los fallecimientos fue esclarecido y poco están realizando los/as operadores/as de justicia encargados de las investigaciones.

En noviembre de 2012, la Cámara de Diputados de la Nación convirtió en ley el proyecto que crea un sistema nacional de prevención de torturas en cárceles y facilita la investigación por malos tratos y apremios a detenidos/as. La iniciativa da forma al Sistema Nacional de Prevención de la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, con el objeto de garantizar todos los derechos reconocidos por la Convención firmada por la Organización de Naciones Unidas. Esta resolución crea además el Comité Nacional contra la Tortura, que dependerá del Parlamento y estaría integrado por miembros/as del Congreso, representantes de las provincias y organismos nacionales, como la Secretaría de Derechos Humanos y de la Procuración Penitenciaria Nacional. Sin embargo, este protocolo aun no está en ejecución.

Esta semana, el Centro de Estudios Legales y Sociales –CELS-, organismo que denomina a las cárceles las “ESMAs del presente”, presentó su informe anual en el que repasan las deudas de las tres décadas de democracia representativa en el país. En relación a la violencia carcelaria destaca que la situación de las personas privadas de su libertad debería ser uno de los problemas institucionales prioritarios en la agenda actual, porque implica una masiva y sistemática violación a los derechos humanos en el sistema carcelario federal y en los provinciales aclarando que la responsabilidad por esta situación alcanza a todos los poderes del Estado.

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La frecuencia y la contundente potencia de las violencias ejercidas por el poder carcelario en forma institucional, física, psicológica, sexual y simbólica es desplegada en un ámbito donde las mujeres en su mayoría ya han sido previamente víctimas de violencia. Son pobres, desempleadas, con escasa educación formal o que han permanecido ajenas durante toda su vida al acceso de cualquier tipo de política social de carácter inclusivo. En este marco, las instituciones de encierro, lejos de revertir estas realidades, reproducen la discriminación y las desigualdades y perpetuán las estructuras dominantes; el aislamiento como mecanismo de castigo se convierte en una medida sistemática de sanción que solidifica el doblegamiento de las mujeres.

Manguerazos o palazos, requisas colectivas, presencia de personal masculino, traslados por distintas unidades carcelarias en forma arbitraria sin control judicial alguno, privación de ver a familiares, hijas/os y/o amigas/os, de realizar llamadas telefónicas, etc. forman parte de la batería de invasiones disciplinarias sobre el cuerpo de estas mujeres que en muchos casos se lleva sus vidas. Este tipo de castigos denunciados se producen bajo el supuesto de mantener la “seguridad de la institución carcelaria” hacia aquellas que se atreven a denunciar los abusos cometidos por integrantes del Servicio Penitenciario.

Cumplir una pena no tiene nada que ver con perder la vida y los asesinatos, las torturas y los malos tratos en los penales son ejercicios brutales de la violencia de las instituciones y el abuso de poder por parte de sus funcionarios/as para mantener bajo control un orden que a la vez se encuentra legitimado socio- culturalmente bajo la falacia de la “resocialización”.

 

El grado de aplicación de la fuerza punitiva del Estado y la seguridad de todos/as sus habitantes responde a criterios de política criminal. Porque decimos basta de violencia institucional es que también exigimos:

 

BASTA DE GATILLO FÁCIL

BASTA DE CRIMINALIZACIÓN DE LA JUVENTUD Y LA POBREZA

POR EL ESCLARECIMIENTO DE TODAS LAS MUERTES EN LAS CÁRCELES

POR LA DESMILITARIZACIÓN DEL SERVICIO PENITENCIARIO FEDERAL

   NO MÁS AMENAZAS Y PERSECUSIONES A FAMILIARES Y LUCHADORES/AS POR LOS DERECHOS HUMANOS

URGENTE ADOPCIÓN DEL SISTEMA NACIONAL DE PREVENCION DE TORTURAS EN LAS CÁRCELES FEDERALES

POR NO MÁS EJERCICIO DE TODO TIPO Y FORMA DE VIOLENCIA Y DISCRIMINACIÓN POR GÉNEROS

… “Porque las muertes y torturas en las cárceles también constituyen violaciones a los derechos humanos”…

EN SU MEMORIA, A UN AÑO DE SU MUERTE,

CONVOCAN: FAMILIARES, AMIGOS/AS Y COMPAÑERAS DE FLORENCIA “LA CHINA” CUELLAR

 

Contacto de prensa: 011 1525263605

Enviar adhesiones a: justiciaporlachina@gmail.com