La tortura carcelaria siempre vigente

Nota de Red ECO

La Procuración Penitenciaria de la Nación y la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos denunciaron ante la ONU la continuidad de esta práctica represiva en distintos lugares de detención de todo el país. Asociaciones y organismos también dan cuenta de las violaciones a los derechos humanos que se producen diariamente contra personas privadas de su libertad.

  

En el marco de la 25° Sesión del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, que se realizó en Ginebra este martes 11 de marzo, representantes de la Procuración Penitenciaria de la Nación (PPN) y la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) denunciaron que en 2013 se pudo constatar 846 casos de torturas y malos tratos en cárceles federales argentinas. Del total, solo 136 fueron denunciados, los restantes 710 no lo hicieron por miedo a represalias.

En los últimos seis años se registraron 2204 casos. Esto revela, según explicaron los organismos en su exposición ante el Relator Especial sobre Tortura de la ONU, que “la violencia carcelaria es una característica constitutiva de las penitenciarías en la actualidad”. A su vez, manifestaron que la frecuencia, las circunstancias y los espacios específicos en los que se produce permiten identificar la funcionalidad de este tipo de violencia, ya que “la tortura y los golpes constituyen una racionalidad con un objetivo en particular: el gobierno de la población detenida”.

Así lo revela también el informe de la última visita al país del Subcomité para la Prevención de la Tortura (SPT). Allí se señala que “muchas personas entrevistadas (...), manifestaron que las palizas y la brutalidad policial son ‘normales’, a menudo para controlar al detenido, forzar confesiones o como represalia por haberse quejado de las condiciones de detención”.

Tanto la APDH como la PPN –organismo autárquico abocado a la defensa de los derechos humanos de las personas privadas de libertad– manifestaron su preocupación ante la demora del Estado argentino en el cumplimiento de su obligación de presentar informes periódicos al Comité de la Convención contra la Tortura, ya que el último es del año 2004. Además, criticaron que aún no se haya reglamentado la creación del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, aprobado por el Congreso en diciembre de 2012.

Las torturas y las pésimas condiciones de detención a lo largo del país son prácticas denunciadas en forma permanente por distintas agrupaciones, asociaciones y organismos.

A fines de febrero, Adriana Revol, integrante de la Coordinadora Anticarcelaria, había dado cuenta de la situación en el penal de la localidad cordobesa de Villa María. En este sentido, aseguró que el director de la unidad carcelaria, Gustavo Molina, “toma decisiones arbitrarias, trasladando compulsivamente a los detenidos sin aviso previo, provocando la falta de acceso al contacto con sus abogados defensores, con los jueces que atienden su causa, y con su juez de ejecución, que es quien debe garantizar que no se vulneren sus derechos y su dignidad  personal, impidiendo un trato cruel, inhumano y degradante”. Los traslados, además, producen desarraigo familiar, ya que por cuestiones económicas, muchas familias no pueden viajar tantos kilómetros para las visitas.

Revol mencionó el caso de un detenido que tras pedir de diversas maneras que se lo traslade a la localidad de Marcos Juárez para estar cerca de su familia, decidió coserse la boca. La única respuesta que recibió fue que lo encadenaran a una cama en la zona de enfermería.

Desde ya que lo que sucede en Villa María no es una excepción, la integrante de la Coordinadora Anticarcelaria denunció que en toda la provincia de Córdoba “se viene impartiendo una política de ‘resocialización’ por medio de la tortura y los malos tratos. Implementan procedimientos que no buscan prevenir situaciones de conflicto, sino lo contrario. Para dialogar con los detenidos, utilizan palos, cadenas y más aislamiento".

En la misma línea, el Movimiento de Izquierda Revolucionaria de Patagonia denunció la continuidad de prácticas propias del terrorismo de Estado en la Unidad Penal Nº 6 de la ciudad chubutense de Rawson, que depende del Servicio Penitenciario Federal.

El Movimiento mencionó violentas requisas en los pabellones, en las que se somete a los presos en forma constante, con celdas de “aislamiento” (buzones), de las que no pueden salir ni siquiera para ir al baño, la incentivación a enfrentamientos entre presos, falta de atención médica, suspensión de medicación con que los detenidos vienen siendo tratados en otras unidades.

En este marco, afirmaron que los presos realizan constantemente denuncias ante el Juzgado Federal, que incluyen apremios ilegales, torturas, vejaciones, malos tratos, provocaciones de los guardiacárceles para que los detenidos reaccionen y así extenderles las condenas, etcétera.

Además, en los últimos meses, dos presos murieron en esta unidad penal en circunstancias poco claras, y otros dos sufrieron quemaduras, también hubo heridos por armas blancas, golpes y torturas, hechos que ni siquiera fueron investigados.

Ante esta situación, desde el Movimiento reclaman el cierre inmediato de la Unidad Penal Nº6 de Rawson y el traslado de los presos a otras unidades que no tengan estas prácticas; el pase a disponibilidad del personal implicado en estos hechos y el inicio de una investigación criminal contra las autoridades del penal y las autoridades nacionales del Servicio Penitenciario Federal; y la realización de un debate público sobre la utilización de los predios de la Unidad 6, con activa participación de la sociedad.

Fuente: http://www.redeco.com.ar/nv/index.php?option=com_content&task=view&id=12916&Itemid=45