La Justicia salteña declaró la “nulidad absoluta” de una
causa que se abrió contra una mujer por aborto porque se autoincriminó para
poder ser atendida en el hospital. El fiscal de la causa instó la investigación
contra la mujer luego de que el médico la denunciara. El juez consideró que se
violó su derecho a la intimidad y la mujer se encontraba amparada por el
secreto profesional.
La mujer, identificada en la causa con sus iniciales N.N.L.,
fue al hospital después de realizarse un aborto porque necesitaba atención
médica para salvar su vida. El médico que la atendió la denunció ante la
justicia. El fiscal penal de Cerrillos, Federico Gabriel Portal, abrió una
investigación en su contra por aborto. Un delito con penas que van de uno a
cuatro años de prisión.
El juez interino de Garantías de Primera Nominación de
Salta, Pablo Arancibia, hizo lugar al pedido de la defensa oficial de la mujer,
realizada por Marcela Robles, que pidió la nulidad de la denuncia porque se
violaron varios principios constitucionales. “La autoincriminación de los
imputados, la inviolabilidad de la defensa en juicio de la persona y de los
derechos que es la prohibición de obligar a declarar contra sí mismo en causa
penal e impide la investigación del hecho en estos casos”, argumentó Robles.
Arancibia coincidió con la defensa y declaró la “nulidad
absoluta” de la denuncia contra la mujer porque entendió que la forma en que el
fiscal se enteró del aborto (la denuncia del médico) fue hecha violando la
“obligación de guardar secreto profesional” por parte del médico y la intimidad
de la mujer. “La imputada se vio compelida a solicitar ayuda médica a riesgo de
revelar la comisión de un ilícito, pero con la finalidad de salvar su vida”,
explicó el juez.
“Cuando se encuentra en juego un valor tan supremo como es
la vida y consecuentemente dignidad de la persona, resulta inconcebible que el
Estado persiga delitos valiéndose de medios inmorales, como sería aprovecharse
del inminente peligro de muerte que pesa sobre el imputado que acude a requerir
atención hospitalaria”, dice la sentencia de Arancibia recordando otra similar.
También recordó que la Corte Suprema de Justicia reafirmó el
fallo plenario “Natividad Frías” donde se disponía el sobreseimiento de una
mujer que habiendo practicado el aborto concurría a un centro de salud a fin de
atenderse de alguna secuela.
Un proyecto en marcha
Ayer, diputados nacionales de diferentes bloques
parlamentarios manifestaron su respaldo al proyecto de interrupción voluntaria
del embarazo elaborado por más de 300 organizaciones nucleadas en la Campaña
Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito.
Se trata de una iniciativa impulsada por esa organización
desde 2007 y que cuenta con el respaldo de más de 60 diputados, que volvió a
ingresar al Congreso de la Nación. El Frente Renovador de Sergio Massa que no
asistió al encuentro ni adhirió al proyecto hasta el momento.
Una de las diputadas que encabezó la presentación del
proyecto fue Adela Segarra (Frente para la Victoria), quien destacó que se
trata de una iniciativa "transversal que atraviesa a todos los bloques
parlamentarios" ya que "es un tema central y estratégico de salud
pública".
El proyecto despenaliza y legaliza la interrupción
voluntaria del embarazo en las primeras 12 semanas de gestación y cuando corre
riesgo la vida o la salud de la mujer, en casos de violación o si se trata de
un embarazo con malformaciones fetales graves, el plazo se extiende.
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