LA ASOCIACION PENSAMIENTO PENAL FRENTE AL PLAN DE SEGURIDAD DEL GOBIERNO BONAERENSE

 El gobierno bonaerense termina de anunciar un plan destinado a afrontar la problemática relacionada con la inseguridad el que, nos anticipamos a señalar, una vez más se encuentra destinado al fracaso, sumando una nueva frustración a una desorientada población, necesitada de respuestas reales y duraderas que mejoren su calidad de vida.

Vaticinio que se origina en la experiencia acumulada durante años de presenciar el modo en que se apela a recetas que, lejos de lograr los objetivos propuestos, suelen acarrear costosas consecuencias que pagan los sectores más desprotegidos de la sociedad en moneda de derechos y garantías.

El plan de seguridad abarca, en lo sustancial, los siguientes puntos:

 

• Declaración de emergencia en materia de seguridad

La declaración de emergencia, por fuera de su rimbombante denominación, carente de efectos prácticos como no sea para el oído de algún inadvertido, tiene por objeto esencial (como todas las declaraciones de emergencia) sortear los escollos burocráticos y administrativos para la adquisición de insumos, sin necesidad de apelar a procesos licitatorios, mecanismo que, convengamos, en poco contribuye a la transparencia de los actos de gobierno.

• Una inversión de 600 millones de pesos para la compra de insumos

El gobierno anunció que invertirá 600 millones de pesos de sus exhaustas arcas (recordemos la puja salarial que aún se encuentra en trámite con los empleados públicos) en la adquisición de patrulleros, chalecos antibala, armamentos y municiones. No nos oponemos a la renovación de materiales obsoletos que, suponemos, se encontrará dentro de las previsiones presupuestarias habituales. Pero a lo que sí nos ponemos es a la dudosa asignación y prioridad de los escasos recursos económicos, postergando una vez más la posibilidad de orientarlos a la promoción de sectores poblacionales que se encuentran en situación de vulnerabilidad y, por ende, con mayor proclividad de incurrir en conductas sancionadas por la ley. Y decimos lo precedente no solamente por la mayor posibilidad que esos ciudadanos tienen de entrar en conflicto con la ley penal (ya que lo cierto es que hay otros ciudadanos que sin encontrarse en situación de vulnerabilidad cometen delitos de mayor gravedad), sino por el imperativo moral y ético de mejorar la calidad de vida de las personas más desaventajadas.

• La reincorporación de unos 15 mil retirados de las fuerzas de seguridad

Con la urgente reincorporación de unos 15.000 efectivos que se encuentran retirados (cuyas condiciones psicofísicas deberías ser revisadas por una cuestión meramente vegetativa), que se sumarán a los casi 60.000 hombres y mujeres con que cuenta actualmente la Policía de la provincia de Buenos Aires, el gobierno apuesta fuertemente a una suerte de militarización del espacio público con el deliberado propósito de contener a individuos que cometen desmanes de mayor o menor gravedad. No pretendemos ignorar la existencia de focos donde objetivamente se ha perdido el control estatal sobre el espacio público y donde los vecinos se encuentran librados a su suerte. Este es un dato de la realidad difícil de desconocer. Sin embargo, consideramos que el incremento de las fuerzas operativas, que suman nuevos costos a los ya indicados, es susceptible de ser suplido con una reorganización de los recursos existentes, asignando prioridad a los sitios conflictivos, donde es necesaria la presencia policial con carácter preventivo. Debate donde deben considerarse las políticas de descentralización de las fuerzas de seguridad y la creación de las policías comunales y de proximidad, con las que en principio nos encontramos de acuerdo como propuesta de solución durarera para la prevención de cierto tipo de delitos.

• Restricción en la circulación de motos

La pretensión de restringir la circulación de motos (de cierta clase de motos, convengamos, preferentemente de baja cilindrada) por el espacio céntrico, al igual que prohibir que sean ocupadas por dos personas y que los conductores vitan chalecos reflectantes donde luzca el numero de dominio del rodado, se inscribe, lisa y llanamente, en los aspectos bizarros del plan, orientado, evidentemente, a “combatir” a los motochorros. No negamos que el arrebato de carteras en la vía pública forme parte de la problemática vinculada con la seguridad ciudadana y que hay que dar algún tipo de respuesta, racional, a ese tipo de conflictos. Ahora, pretender restringir la circulación de motos para paliar esa parte del problema es como limitar el uso de zapatillas y gorritas porque esta clase de delincuentes las usan. Una medida de esta naturaleza se inscribe en el “realismo mágico”, que lejos de contribuir, banalizan los problemas.

• Construcción de nuevos establecimientos penitenciarios

La Asociación Pensamiento Penal se opone a la construcción de más establecimientos carcelarios, destinados a incrementar la de por si abultada cantidad de personas privadas de la libertad que tiene la provincia de Buenos Aires (recordemos que los bonaerenses aportan el 50% de la población carcelaria de la República Argentina y casi que duplica la tasa media de encarcelamiento del país). El anuncio de construir establecimientos para albergar a unos 2.000 presos (ello, en tanto y en cuanto se respete la capacidad de alojamiento de las prisiones, que no es la política del gobierno) es demostrativa que la principal política para responder a los problemas relacionados con la seguridad ciudadana es la de encarcelar individuos, individuos que responden a un estereotipo (jóvenes pobres), que cometen cierto tipo de delitos (delitos contra la propiedad), la mayoría de los cuales (más del 50%) se encuentran amparados por el principio constitucional de inocencia y bajo el régimen de la prisión preventiva. Nos permitimos recordar que la política del encarcelamiento indiscriminado no se ha mostrado idónea, ni en la provincia de Buenos Aires, ni en ningún lugar del mundo, para contener los conflictos ciudadanos vinculados con la convivencia.

• Creación de nuevos organismos de persecución penal

El paquete de medidas incluye la creación de una importante cantidad de fiscalías destinadas, principalmente, a la persecución penal del narcotráfico. Independientemente de volver a poner de manifiesto las consecuencias económicas que trae aparejada el incremento de la burocracia estatal, en desmedro de recursos que se retacean para fines más constructivos, nos permitimos recordar que en la provincia de Buenos Aires solo se ha desfederalizado la persecución del menudeo, mientras que la criminalidad compleja relacionada con este fenómeno permanece bajo la órbita federal.

• Restricción de las excarcelaciones

Una vez más, como se ha intentado repetidamente desde este gobierno, siguiendo el tristemente célebre precedente del entonces gobernador Carlos Ruckauf, se apela al intento de restringir las excarcelaciones para dar respuesta a la inseguridad, en este caso con relación a los imputados que hayan empleado armas para cometer sus hechos o que sean reincidentes. Las circunstancias del hecho, o la condición legal de los imputados, por más atendibles que resulten, no alcanzar para superar los estándares constitucionales y convencionales, reiteradamente reafirmados por la Corte federal y la Corte Interamericana en materia de resguardo del estatus de los imputados frente al proceso, que no reiteraremos por obvio y sobreabundante. Pero, por añadidura, nos permitimos recordar la experiencia cercana de la provincia de Buenos Aires ante experimentos similares, que culminaron con el drama humanitario de un encarcelamiento indiscriminado y la orden de la Corte nacional de adecuar la legislación interna a los estándares constitucionales y convencionales (caso “Verbitsky”).

• Revisar el régimen de personas menores de edad infractoras a la ley penal

Recurrentemente, ante la aparición de situaciones agudas de inseguridad ciudadana, se recurre a la búsqueda de chivos expiatorios, en este caso las personas menores de edad, a quienes se pretende someter al sistema penal desde la más temprana edad. Sin embargo, las estadísticas, y no la percepción intuitiva, demuestran que la participación de personas menores de edad en hechos delictivos no tiene la relevancia que se le pretende asignar. En este sentido, para citar un ejemplo, la Procuración bonaerense termina de anunciar que la participación de personas menores de edad en los homicidios dolosos durante 2013 fue del 2,7%, dato empírico que, sin ignorar la existencia de hechos graves con participación de esta franja etaria, parecería desmentir la necesidad de modificar el régimen legal.

La Asociación Pensamiento Penal exhorta al gobierno bonaerense a resistir los embates mediáticos y las encuestas de opinión con fines electorales, profundizando la adopción de políticas a largo y mediano plazo y medidas inmediatas que contribuyan en forma efectiva a garantizar la coexistencia y la paz ciudadana, abandonando los anuncios virtuales de soluciones que probadamente han arrojado resultados negativos.

6 de abril de 2014