Con una serie de justificativos insólitos y falaces, el gobierno continúa profundizando la escalada represiva y de criminalización a la pobreza y la protesta.
En ésta oportunidad legaliza el "gatillo fácil" para evitar que sean judicialmente discutidos los fusilamientos "cuando se presuma verosímilmente que el sospechoso pueda poseer un arma letal" pudiendo interpretarse esto como un palo, una piedra, un arma de fuego o un gesto -que conforme el polémico y desajustado criterio que tienen las fuerzas represivas- pueda resultar sospechoso.
Entendemos que el criterio de esta resolución está enmarcado en el conocido caso “Chocobar” donde este agente le disparó por la espalda a un joven que huía luego de apuñalar y robarle a otra persona, pero que ya había cesado en su conducta delictiva.
De éste modo el Gobierno Nacional se toma atribuciones legislativas que le son vedadas por nuestra Constitución Nacional y pretende reformar el Código Penal a través de una resolución ministerial (de nivel inferior) y afectando derechos fundamentales.
Repudiamos la represión como política de estado para garantizar ajuste económico y restringir derechos. Nada bueno vendrá por este camino.
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