En este desopilante juicio que se lleva adelante contra el Juez Garzón cada miembro de alguna rama del derecho va dando su opinión. En nuestro caso, el titulo ya lo indica. La nota aclara un poco los motivos del expediente.
Juicio y castigo (al juez Garzón)
Por Francisco Soriano.
El juez español Baltazar Garzón,
mundialmente famoso por su actuación en causas contra violadores de los
derechos humanos, enfrenta un segundo juicio en el que se lo acusa de haber
cometido “prevaricato” al investigar los crímenes del franquismo.
La nueva acusación proviene del pseudo-sindicato
ultraderechista “Manos Limpias” y cuenta con la adhesión de los sectores más
conservadores de la sociedad española. La comunidad internacional demostró su
preocupación y su rechazo al proceso en diversas declaraciones y en el envío de
30 observadores que velarán por la legalidad del proceso.
El magistrado español Baltazar Garzón, responsable de la
investigación del caso Scilingo y los tristemente recordados “vuelos de la
muerte”, de haber ordenado la detención de Pinochet y de investigar los
crímenes del franquismo, entre otras actuaciones mundialmente reconocidas,
podría quedar inhabilitado para ejercer sus funciones por 20 años. A su edad,
57 años, esto significaría el fin de su carrera judicial.
La acusación fue realizada por el Colectivo de Funcionarios
Públicos Manos Limpias, cuyo dirigente es el militante ultraderechista Miguel
Bernad, nombrado Caballero de Honor de la Fundación Nacional Francisco Franco
por sus “servicios en defensa de los ideales del Movimiento”. Luego se sumaron
la Asociación Libertad e Identidad y el partido Falange Española de las Juntas
de Ofensiva Nacional-Sindicalista (JONS), aunque esta última adhesión fue
rechazada por los defectos formales de su acusación. También cuenta con el
apoyo de la Iglesia Católica española, quien en su momento fuera incondicional
defensora de Franco.
Las víctimas del franquismo denuncian la intencionalidad
política de la querella presentada, así como también la total falta de investigación
respecto de los crímenes de la prolongada dictadura. Se estima que hubo unos
130 mil desaparecidos entre la guerra civil y los 40 años del régimen que le
siguió. Paradójicamente, la primera vez que el Tribunal Supremo de España
tratará la investigación de aquellos terribles crímenes será sentando en el
banquillo de los acusados al único juez que se animo abrir las fosas y ver que
escondían.
Tanto las víctimas como la comunidad internacional temen por
el efecto disuasor que este proceso pueda tener sobre otros jueces que quieran
correr el velo de impunidad. Desde Amnistía Internacional han declarado que la
investigación de delitos de lesa humanidad nunca puede constituir delito y han
enviado observadores para seguir de cerca el proceso. En la primer audiencia,
celebrada el pasado martes 24 de este mes, también se hicieron presentes
representantes de Human Rights Watch y más de 200 manifestantes con pancartas
que, entre otras cosas, decían “Verdad, justicia, reparación. Ni olvido ni
perdón”.
Al magistrado se lo acusa de haber cometido el delito de
prevaricato, es decir, de haber dictado resoluciones contrarias a la ley en
conocimiento de esta circunstancia. Según la acusación, el delito se habría
consumado al haber Garzón investigado los crímenes del franquismo contrariando
la ley de amnistía del año 1977 y haber ordenado la apertura de fosas comunes y
la exhumación de los cadáveres allí encontrados. Sin embargo, tal como
expresaron juristas reconocidos, la ley no se refiere a los delitos de lesa
humanidad y, en todo caso, de hacerlo, sería nula por contrariar al derecho
internacional receptado por la Constitución Española.
El fiscal en la causa insto la desestimación de la acusación
y junto, con la defensa, planteó como cuestión previa a tratarse la insólita
actuación del juez Varela, quien indicó a la querellante Manos Limpias las
correcciones que debían hacer en sus presentaciones para que fueran válidas. La
próxima audiencia se celebrará el 31 de enero.
El video que muestra a un Juez del Tribunal Supremo
recibiendo en plena audiencia una llamada de La Moncloa, sede del gobierno
español, da cuenta de la importancia de un proceso que puede servir de oscuro
precedente para prolongar la impunidad. Sin embargo, quienes la enfrentan y
buscan verdad, justicia y reparación son optimistas y ven con buenos ojos que
varios testigos de familiares de desaparecidos puedan declarar ante el Tribunal
Supremo español por primera vez sobre los crímenes del franquismo.
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