La tercerización vuelve al centro de la escena tras los
bloqueos de Camioneros
El diputado e hijo del titular de la CGT, Facundo Moyano,
consideró que la subcontratación es uno de los generadores de reclamos de los
empleados de correos. Qué proyectos de reforma llegaron al Congreso con la
intención de poner un punto final a las múltiples demandas judiciales. Opinan
expertos
El régimen de tercerización es en la actualidad una de las
cuestiones que preocupa a los empresarios.
Sucede que contratar a una empresa para que, con su personal
realice cierta actividad, en lugar de un ahorro, puede ser una fuente de
futuros reclamos judiciales.
Hoy por hoy, estas contrataciones, además, conllevan el
riesgo de tener que lidiar con los sindicatos por temas de índole gremial y
encuadre de los trabajadores que ejecuten las tareas requeridas en los
respectivos convenios colectivos de trabajo (CCT).
Es en este contexto en el que el diputado y titular del
gremio de peajes, Facundo Moyano, defendió el bloqueo realizado por empleados,
que están afiliados al sindicato de camioneros, de varias oficinas del Correo
Argentino en todo el país.
A través de su cuenta en la red social Twitter
(facundomoyanojs), el hijo del secretario general de la Confederación General
del Trabajo (CGT), señaló: "Hay que entender al reclamo de camioneros como
una protesta gremial. Si los dirigentes no están a la cabeza no serían
representativos".
"La protesta es una consecuencia, la causa son los 200
despidos, nadie habla de eso!. El problema sigue siendo la tercerización",
remarcó.
Es que dicha modalidad contractual está siendo altamente
cuestionada por las inequidades a las que se ven sometidos los trabajadores
tercerizados respecto de quienes realizan las mismas tareas, pero de forma
efectiva para la empresa principal. Por ejemplo, su uso abusivo posibilitó que
grandes firmas subcontrataran para bajar sus propios costos con compañías que
aplicaban convenios que no eran de la actividad específica de la principal.
Proyectos de reforma
En este escenario, el diputado oficialista y asesor legal de
la CGT, Héctor Recalde, anticipó que presentará a principios de este año un
proyecto de ley que, a partir del análisis de las distintas sentencias
judiciales, establezca "hasta dónde se extiende la responsabilidad de los
empleadores".
"La tendencia de la Justicia suele ser responsabilizar
a la empresa principal. La Justicia se rige por principios generales, pero la
mayor seguridad jurídica va a venir cuando la ley aclare las reglas de juego y
cada uno sepa con certeza cuáles son sus obligaciones o derechos",
sostuvo.
Es más, hace unos años, Recalde junto con el titular del
gremio de los judiciales, Julio Piumato, -en ese entonces también legislador-
presentaron una iniciativa que buscaba responsabilizar solidariamente a la
empresa principal por los empleados que conformaran la nómina de firmas
subcontratadas y que brindaran servicios para aquella por todo tipo de
prestación.
La iniciativa apuntaba a:
Responsabilizar "solidariamente" a la empresa
principal por los empleados incluidos en la nómina de empresas subcontratadas y
que prestan servicios para la primera.
Obligarlas por todo tipo de prestación, sea ésta esencial o
no a la actividad principal de la firma.
Es decir, de haberse convertido en ley, la empresa
contratista podría haber enfrentado litigios de todo tipo, por cuestiones de la
relación de empleo -propiamente dicha- como así también por aquellos vinculados
con accidentes laborales, de trabajadores de áreas de limpieza, seguridad,
transporte, mensajería, call centers, consultoría y todo tipo de tareas que la
firma subcontratara.
Las compañías "tienen que hacerse responsables de las
subcontrataciones. La ley exige a las empresas principales que subcontratan que
sean responsables solidarias de los incumplimientos de sus
subcontratistas", aseveró oportunamente el legislador.
Por otra parte, con respecto a la cantidad de trabajadores
que se encuentran "tercerizados", si bien no dio una cifra exacta,
indicó que los procesos de tercerización hicieron que existan más de 4 millones
de trabajadores en negro en el país.
En tanto, el ministro de Trabajo, Carlos Tomada, señaló, en
varias oportunidades, que el problema laboral en la Argentina se debe a que
muchas modalidades de contratación de empleados en el mundo son comunes, pero
en el ámbito local se las transforma en fraudulentas, y entre ellas mencionó al
régimen de tercerización.
Pero también destacó que "la tercerización en sí no es
una mala palabra". Así, explicó que esta forma de organizar a la empresa
"no se puede objetar porque sí", sino cuando es una "forma de
ilusión, un fraude laboral".
"Muchos empresarios se organizan de esta forma
(fraudulenta) para bajar costos, reducir responsabilidades y eludir impuestos.
Lo que hay que hacer es ser más estrictos sobre las tercerizaciones que se
hacen sobre lo que es el objeto de la empresa", indicó el ministro de
Trabajo.
"El otro gran instrumento es el convenio colectivo. No
puede haber empleados que trabajan en el mismo ámbito que no estén regidos por
el mismo convenio. Y si se trata de casos legítimos, algún vínculo entre ambos
convenios debe haber", concluyó.
El artículo 30 de cara al futuro
Para Esteban Carcavallo, socio del estudio Severgnini,
Robiola, Grinberg & Larrechea, el tema "debe dar lugar a una
apreciación restrictiva, pues no todas las actividades son inherentes a la que
resulta ser principal, habitual, normal, permanente y específica del
establecimiento, ni está relacionada al logro de los fines de la empresa".
"Hay muchísimos reclamos al respecto, debido a la
propia letra de la norma, que dio lugar a interpretaciones opuestas acerca de
sus alcances", agregó.
Una eventual reforma -para despejar dudas y detener
controversias - no tendría otra alternativa que definir lo que se entiende por
actividad principal y actividades accesorias o que contribuyen al fin
específico de la primera", concluyó Carcavallo.
En tanto, Alberto González Torres, socio de
Baker&Mckenzie, remarcó que "el error de las firmas que contratan a
otras, para que cumplan una actividad determinada, reside en que no exigen a
sus contratistas que cumplan con todas y cada una de las normas".
Por tal motivo, "la solución, en definitiva, será
asegurarse que el contratista cumpla con las normas, y que si no lo hace,
responda y mantenga indemne al principal", consideró.
"La solvencia de la compañía contratada es
fundamental", rescató González Torres.
Asimismo, Juan Carlos Cerutti, socio del estudio Cerutti -
Darago, indicó que "el concepto de tercerización fue desnaturalizado y
desvalorizado, y ahora se considera al mismo como una forma que tienen algunas
empresas de evitar responsabilidades laborales".
"El artículo 30 debe ser modificado y poner límites a
la responsabilidad solidaria en función del fin para el cual se decide
tercerizar", agregaron los expertos.
"No deberían avanzar proyectos que retrotraigan el
modelo de producción a la imposibilidad de participación de terceros ya que eso
no parece ser el reflejo de la realidad productiva actual", destacaron.
Y concluyeron: "Esto se debe a que no es posible que
una industria o prestadora de servicios, necesariamente deba saber hacer todos
los procedimientos".
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