LA BARBARIE DEL SERVICIO PENITENCIARIO BONAERENSE SE COBRA
OTRA VIDA. MATAN A GOLPES A UN DETENIDO EN LA UNIDAD 46 DEL SPB. El sábado 29
de enero de 2012 fue asesinado a golpes y patadas Patricio Barros Cisneros,
detenido alojado en el Pabellón 1 de la Unidad 46 de San Martin. Se constataron
más de 30 golpes en la cabeza y el hundimiento del globo ocular izquierdo así
como también gran cantidad de lesiones en miembros superiores e inferiores
compatibles con mecanismo de defensa frente a un ataque. Las autoridades de la
Unidad pretendieron instalar una versión inverosímil para encubrir y garantizar
la impunidad del homicidio. Una medida de resguardo de los testigos desbarató
la maniobra. El cruel asesinato desnuda la violencia institucional y la tortura
sistemática que se profundiza en las cárceles bonaerenses.( Por Comisión
Provincial por la Memoria)
Por RedAcción - LP
El sábado 29 de enero de 2012 fue asesinado a golpes y
patadas Patricio Barros Cisneros, detenido alojado en el Pabellón 1 de la
Unidad 46 de San Martin. Se constataron más de 30 golpes en la cabeza y el
hundimiento del globo ocular izquierdo así como también gran cantidad de
lesiones en miembros superiores e inferiores compatibles con mecanismo de
defensa frente a un ataque. Las autoridades de la Unidad pretendieron instalar
una versión inverosímil para encubrir y garantizar la impunidad del homicidio. Una
medida de resguardo de los testigos desbarató la maniobra. El cruel asesinato
desnuda la violencia institucional y la tortura sistemática que se profundiza
en las cárceles bonaerenses.
El sábado 29 de enero cerca de las 10 hs, Patricio Barros
Cisneros de 25 años de edad, esperaba la visita de su mujer embarazada de 8
meses. Se había preparado para la visita que debía concretarse como es habitual
para todos los detenidos, en el SUM de la Unidad 46 del Complejo San Martin del
SPB. Al salir del Pabellón de Admisión fue requisado minuciosamente, lo
desnudaron totalmente y constataron que no portaba ningún elemento prohibido.
Le informaron luego que su visita se desarrollaría en el patio de dicho
pabellón, al rayo del sol y sin ninguna comodidad. Comenzó a discutir con el
agente penitenciario que fue a buscarlo, la discusión fue creciendo y lo
esposaron para llevarlo hasta la oficina de control. Mientras era llevado por
el pasillo fue insultado por los agentes penitenciarios y respondió a esos
insultos. El enojo de Patricio se sustentaba en que su visita había llegado de
madrugada y recién pudo ingresar varias horas después, por la lentitud y
desidia de los funcionarios que hacen la admisión. Al llegar a la reja de la
oficina de control, y luego del intercambio de insultos, le aplicaron varios
golpes de puño y lo tiraron al suelo.
Entre 8 y 10 agentes penitenciarios le pegaron golpes de
puño y patadas de manera muy violenta y con saña. Lo agredieron mientras
permanecía esposado en el piso y apenas podía defenderse. También le tiraron
gas pimienta en su nariz, ojos e incluso en la boca, lo que le provocó ahogo e
impedimento para respirar. En la autopsia realizada en el Instituto de
Investigación Criminal y Ciencias Forenses de la Procuración provincial se
constataron más de 30 golpes en la cabeza, el hundimiento de globo ocular
izquierdo, decenas de lesiones en miembros inferiores y superiores compatibles
con las que padece quien pone sus manos y piernas para defenderse. La
bestialidad penitenciaria extrema se materializó en las sucesivas patadas en
los testículos, sobre los que un agente saltaba aplicando puntapiés con sus
borceguíes.
La paliza continúo aun luego de que el joven permaneciera
inmóvil y sin articular defensa alguna. Le pegaron aun después de muerto. Con
carácter aleccionador, el episodio ocurrió al aire libre, frente a decenas de
detenidos y familiares que reclamaban que cese la violencia.
El SPB informo de la muerte a la justicia mediante el
Despacho Nº 313/12. La versión oficial sostuvo que “el habitante del pabellón
uno comienza a correr en dirección al sector control esgrimiendo un elemento
punzante...a la vez que intenta tomar como rehén al Oficial Adjutor (EG)
Rodrigo Chaparro, agrediéndolo con el elemento punzante que esgrimía. Que acto
seguido, con personal a su cargo y tomando las medidas de seguridad necesarias,
procedió a entablar un dialogo con la intención de que depusiera su actitud
hostil y agresiva, obteniendo un resultado negativo, por lo que se tuvo que
utilizar la fuerza mínima e indispensable, alterando aun mas su actitud
agresiva... destacando que para poder controlar la situación se tuvo que
utilizar elementos de sujeción (esposas) y gas pimienta (PPQ), destacando que
en un momento dado y una vez reducido el interno antes mencionado, logra
zafarse corriendo en dirección a las rejas de acceso al sector control, y sin
mediar motivo alguno comienza a golpear su cabeza fuertemente contra las rejas
para luego caer pesadamente contra el suelo, quedando instantáneamente
inmovilizado, por lo que inmediatamente se solicita la presencia del
facultativo de turno Fernando WOODGATE... donde constata el deceso del
interno... el oficial agredido fue trasladado a Sanidad...en el cual se
constato lesiones punzantes en su brazo izquierdo y pierna derecha producto del
interno fallecido...por otro lado es menester señalar que al interno de
marras...al egresar de su pabellón de alojamiento se le efectuó la
correspondiente requisa obteniendo resultados negativos...” Firmado Leonardo
Jorge Dziata, Director Unidad 46.
Para lograr impunidad se oficializó un relato falso de los
hechos y se alteró la escena del crimen. Los testimonios narran que luego de
fallecido el detenido le pusieron un “fierro o faca” al lado del cuerpo. Con
ese mismo elemento, el guardia se aplicó a sí mismo los dos puntazos que se le
registraron. La versión penitenciaria es endeble y desnuda el compromiso
institucional que rige para encubrir los hechos de violencia y proteger a los
atacantes.
La maniobra del encubrimiento fracasó porque los tres
detenidos que propuso el Servicio Penitenciario Bonaerense como testigos de la
versión falsa, le contaron al fiscal que habían sido forzados a firmar el parte
oficial. Describieron minuciosamente los hechos, en forma concordante con lo
relatado por decenas de detenidos a los organismos de derechos humanos y
funcionarios judiciales que inspeccionaron la unidad el día lunes 30.
La inspección fue realizada por los profesionales del Comité
contra la Tortura de la Comisión por la Memoria de la Provincia de Buenos Aires
Roberto F. Cipriano Garcia, Fernando Mastchke, Sofia Ballesteros y Nicolas
Maggio, junto a Anabela Museri y Mariano Lanzino del Centro de Estudios Legales
y Sociales (CELS) y el Secretario de Ejecución Penal de la Defensoría General
de San Martin, Juan Casolatti. Esta delegación recorrió los pabellones 3 y 4,
la cocina y el área de internación de la Unidad, relevando los testimonios de
los detenidos. Todos los relatos fueron coincidentes sobre cómo fue el
asesinato. Se pudo constatar también el pánico reinante que hacía que nadie se
animara a declarar.
Para quebrar el circulo de impunidad fueron determinantes
las gestiones realizadas por la Defensora Oficial María Dolores Gómez y el
CELS, a fin de lograr que se traslade a los detenidos testigos al ámbito de la
Gendarmería Nacional, y así garantizar su seguridad fuera del SPB.
“Este caso es un ejemplo de la necesidad de poner en marcha
un programa de protección de testigos y víctimas de torturas, conforme lo
vienen solicitando reiteradamente los organismos internacionales de derechos
humanos. Este tipo de dispositivo -que fue posible porque existió una clara
decisión política del Ministerio de Seguridad de la Nación de proteger a
detenidos cuyos testimonios son determinantes en la causa-, debe
institucionalizarse en nuestro país. A esto debe agregarse que la sanción y el
castigo efectivo a los responsables de estos crímenes atroces, son
indispensables para democratizar la institución penitenciaria y quebrar los
circuitos de impunidad”manifestó Alejandro Mosquera, Secretario Ejecutivo de la
CPM.
A su vez Roberto Cipriano Garcia, Director del Comité contra
la Tortura de la Comisión por la Memoria agrego: “Las palizas como la recibida
por Patricio, se inscriben en prácticas de torturas sistemáticas que se
reproducen en el tiempo y en todas las cárceles provinciales. Son cotidianas,
habituales y parte de un dispositivo que disciplina con violencia. Son graves
violaciones de derechos humanos que acontecen en el presente y deben ser
juzgados como juzgamos los crímenes de la dictadura. La continuidad de
practicas de la dictadura hasta hoy debe atacarse con urgencia, el padecimiento
de las victimas de tortura es igual hoy que hace 30 años, y debe conmovernos de
igual manera. Nuestro país desde hace 4 años incumple con su compromiso
internacional de crear los mecanismos de control previstos en el Protocolo
Facultativo a la Convención contra la Tortura de ONU. Es prioritario institucionalizar
mecanismos estatales de control que fortalezcan el sistema democrático”.
Por otra parte, el Centro de Estudios Legales y Sociales
manifestó: “este caso desnuda el patrón de violencia sistemática que gobierna
las cárceles bonaerenses, frente a la negación constante del gobierno
provincial. La situación es estructural y fue denunciada en diversas instancias
internacionales, por lo que se requieren políticas enérgicas y sostenidas para
prevenir y sancionar la tortura en los lugares de detención. La respuesta
oficial no puede agotarse en el anuncio del cambio de autoridades de la unidad
o la disponibilidad de los autores materiales del homicidio. Es fundamental que
se avance en una reforma profunda del SPB, en el establecimiento de controles
externos como el mecanismo nacional de prevención del OPCAT y en respuestas
judiciales firmes que rompan el círculo de impunidad.”
Febrero de 2012.-
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