Miércoles 1ro de
febrero de 2012, por Horacio Meguira *
¿Se justifica
tanta expectativa en la medida de fuerza dispuesta por la Federación de
Camioneros? El conflicto se origina en el despido masivo de trabajadores y en
la represión de la protesta en la provincia de Chubut por parte de las fuerzas
provinciales.
La estabilidad en
el empleo es vista como manifestación intensa y enérgica del derecho “al trabajo”
durable, de su conservación con permanencia y continuidad. Para vastos sectores
del movimiento obrero constituyen cuestiones claves y están dispuestos a
defenderlo con la más efectiva de las tutelas: el derecho de huelga.
Sin embargo,
otros sectores entienden al despido como un derecho inherente al poder de
dirección del empleador. Para el ministro Tomada, en el sistema legal argentino
está permitido el despido incausado. Muchos sindicatos aún lo entienden así, y
ante este tipo de medidas por parte de las empresas, sólo procuran la
reparación monetaria.
Otro factor a
destacar es que este conflicto, en sus orígenes, fue reprimido por las fuerzas
provinciales en un clima de intolerancia y criminalización de la huelga y la
protesta.
Es la entidad de
segundo grado que “se hace cargo” y hace jugar los viejos sistemas de
solidaridad interna. Un conflicto provincial y sectorial se convierte en un
conflicto general.
De allí que el
Ministerio de Trabajo Nacional aplica la conciliación obligatoria a uno de los
conflictos, e intenta por ese medio que su efecto se extienda a otras medidas
que pueda disponer el gremio, tales como movilizaciones, bloqueos, etc.
Advierte el peligro de dicha generalización y previene que lo que comenzó con
despidos, puede derivar en otros reclamos.
La medida de
fuerza se efectúa con elementos propios del conflicto clásico: negación de
tareas; pero también se utilizan nuevas formas, propias del conflicto
territorial, tales como piquetes y bloqueos o escraches.
Esta estrategia
busca generar lesividad en toda la cadena del servicio (tercerización), Correo
del Sur (Camuzzi) y Correo Argentino. Y amenaza con protestar en la sede de la
empresa multinacional y en la embajada de país de origen (Italia). El
crecimiento de Camioneros en estos años se basó principalmente en la
incorporación de sectores de empresas vinculadas a la “logística” y al
transporte, confrontando con otros gremios de actividad que incluían en sus
convenios colectivos a dichos sectores.
A su vez el
escenario político en que sucede resulta peligroso para el gobierno que intenta
conducir la conflictividad. Se produce en los umbrales de la negociación
salarial de los principales sindicatos y con intención de intervenir (se creó
una comisión especial de seguimiento del salario) para que los porcentuales
salariales no se extiendan más allá de los topes previstos (18%) en sus planes
económicos.
El conflicto
tiene al sindicato del secretario general de la CGT como protagonista, en medio
de un debate de sucesión, con claras intenciones por parte del gobierno de
intentar influir en su futura conducción. Tal como lo hizo con la CTA, presiona
para dividir y que las direcciones sindicales adhieran al “modelo”.
La ley de
conciliación obligatoria está pensada para otro tipo de conflicto y para otras
estrategias sindicales, donde la lesividad se provoca sólo con la suspensión de
tareas. Cuando la aplica fuera de ese contexto los efectos de “paz social” no
pueden ser aplicados a otras medidas previstas “fuera” del ámbito donde se
originó. La estrategia múltiple no es contenida por esta ley concebida para
otro tipo de actividad productiva.
La conflictividad
se está desarrollando y tiene a los dos secretarios generales de las centrales
sindicales (CGT y CTA) dispuestos a tener protagonismo con una clara conciencia
del “tiempo político-social” que se avecina. Como siempre, la puja distributiva
y la lucha económica aparecen confundidas con otras luchas y otros conflictos.
Pero es evidente
que en estos años el movimiento obrero ha crecido y madurado. Las sucesivas
crisis por las que atravesó la clase trabajadora le han generado “anticuerpos”
que van a impedir la revocación de las conquistas.
* Director del
Departamento Jurídico de la CTA
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