Por violación de leyes y fallos judiciales y actitud
discriminatoria el Observatorio de Derechos Humanos denuncia nuevamente al
Gobierno de Mauricio Macri.
Por Marijó Pérez Insúa
El Observatorio de Derechos Humanos de la Ciudad de Buenos
Aires presentó esta mañana anta la justicia Constenciosa, Administrativa y
Tributaria, una denuncia contra el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires por
"presunta responsabilidad en la muerte de un vecino de la Villa 31".
La acusación surge "por el incumplimiento reiterado de
la legislación vigente en relación a la igualdad de derechos que rige en la
Ciudad, haciendo notorio que el ejecutivo porteño discrimina a habitantes de la
ciudad por su condición social, negando la atención de una emergencia médica en
la villa 31, hecho que produjo una muerte".
"El viernes 2 de marzo, Gustavo Maldonado, habitante de
la villa 31 bis murió luego de recibir una descarga eléctrica mientras
intentaba reparar un caño en su barrio. Maldonado agonizó por espacio de casi
una hora, sin que una ambulancia del SAME llegara a asistirlo, a pesar de haber
sido notificado de la urgencia", relata el comunicado de prensa del ODH.
Y amplía: "El incumplimiento por parte del gobierno
porteño contradice el fallo del Juzgado Contencioso y Administrativo Nº 2, a
cargo del Juez Roberto Andrés Gallardo, de abril de 2011, que expresa
textualmente: 'ordenando al Gobierno de la ciudad de Buenos Aires, a través del
Ministerio de Salud, que en forma inmediata confeccione un plan estructural de
Salud que incluya un protocolo de atención del SAME, de implementación
inmediata, que garantice el servicio de emergencia médica a los habitantes de
las villas, asentamientos y complejos habitacionales de la Ciudad".
"Este fallo surgió de una del ODH por incumplimiento
del derecho a la salud y abandono de persona, ocurrido el 5 de abril del 2011,
cuando empleados del SAME negaron el ingreso de una ambulancia a la Villa 31
para asistir a Humberto Ruiz, quien también falleció. En esa oportunidad el
entonces juez Gallardo también había ordenado al GCBA que disponga 'un plan de
protección que efectivice las garantías en las condiciones de seguridad e
integridad psicofísica de los efectores y usuarios de los servicios de atención
primaria de salud en los CESACs y hospitales que prestan el servicio público de
salud a las comunidades'", concluye.
En esta denuncia, el ODH, solicita en forma cautelar se
ordene garantizar la seguridad del cableado eléctrico, así como la presencia
permanente de ambulancias dentro del polígono que delimita las villas, cesando
la actitud discriminatoria y violatoria del derecho a la salud que lleva
adelante el GCBA.
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