05/03 – 14:00 – Lo que parecía ser una exclusividad del
gobierno nacional, fue adoptado por las empresas mineras que han elaborado un
“Mapa de Conflictos Mineros”, que no es otra cosa que la reunión de información
sobre organizaciones sociales, gubernamentales y medios de comunicación, para
establecer quiénes son “amigables” con la minería y quien no. En el contexto de
sus análisis, las mineras los clasifican en “favorables” (a quienes permiten,
admiten o no cuestionan su accionar) y “desfavorables” a quienes se oponen por
cuestiones ambientales o de otro tipo. El líder de este mecanismo en Santa Cruz
es Cerro Vanguardia. Imperdible documento que desnuda una falacia peligrosa que
comienza a vivir nuestro país en manos de las multinacionales y (lo peor) con la
complicidad de actores locales ¿Podría terminar esto en listas negras de
trabajadores, empresas y comercios relacionados con las mineras?.
Las empresas mineras de la Argentina, han organizado un
programa denominado “Mapa de Conflictos Mineros” que dicen desarrollar en el
marco del proyecto “Plataformas de Diálogo para el Desarrollo Minero
Responsable en Argentina”, apoyado por el Programa de las Naciones Unidas para
el Desarrollo (PNUD- oficina de Argentina, área de Gobernabilidad Democrática)
y contando con la asistencia técnica del Proyecto Regional de Diálogo
Democrático del Programa de las Naciones Unidas para América Latina y el Caribe
(PRDD), figura expresado en el site de presentación.
De lo que se trata en realidad es de un trabajo de reunión y
recopilación de información (puede ser pública, privada, reservada o hasta
inclusive de origen desconocido) encargado a varias consultoras o relacionadas
y alimentadas por los DDPP de las mineras o a través del periodismo
especializado, que contribuye con el objetivo de esa reunión informativa.
Este título tan largo como vacío en sus contenidos
esenciales, donde sus autores se apuraron a incluir la palabra “democracia” en
cuanta frase lograron insertarla, resguarda, en realidad, un peligroso objetivo
que destiñe la intención “pública, democrática y participativa”, que sus
autores fingen perseguir, no solo desde lo que buscan como difusa finalidad de
este “programa”, sino porque están explicados con una redacción llena de
términos y palabras que suenan coherentes, pero que sustancialmente no dicen
nada; es decir: una falacia (Argumento falso pero aparentemente verdadero para
inducir a error o engaño), hecho que demostraremos más adelante.
Favorables o desfavorables
Lejos del cúmulo de palabras con el que los generadores de
este ridículo (y peligroso) “proyecto”, pretenden definir y defender la idea
absurda de esta suerte de “control social” que han inventado, nosotros vamos a
explicar en pocas palabras y claramente lo que buscan hacer con este mecanismo.
El proyecto consiste en marcar los lugares en los cuales se
desarrolla la minería en un mapa, marcando – al mejor estilo del MI5, cada
emprendimiento como un “caso” (Santa Cruz, es el “caso” que nos interesa) y
realizar un cuadro con los actores (sociales, políticos, medios de
comunicación, entidades intermedias, ONGs etc) donde, a partir de información
previa que poseen, la cual obviamente ha sido recolectada mediante un aparato
de reunión de información que crearon las mineras, son volcadas en calidad de “resumen
de antecedentes” del sujeto de estudio y se lo etiqueta como “favorable”, en
caso de que el sujeto sea permeable, facilitador y “amigable” con la minería o
“desfavorable” en el caso de que el sujeto se caracterice por poner palos en la
rueda al desarrollo minero en cada región. Para llegar a esto hace falta una
cualificación del sujeto en todos sus aspectos, es decir estudiarlo a partir de
sus antecedentes, determinar sus fortalezas y debilidades.. Finalmente,
tabularlo en un segmento de “peligrosidad” (para la actividad) de acuerdo a la
escala valorativa que se haya propuesto, en este caso “favorable o
desfavorable”.
De alguna manera lo que han “inventado” las mineras no es
otra cosa que una tabla de control social donde los sujetos de acción aparecen
calificados de acuerdo al grado de conveniencia que tengan en el resguardo de
la actividad minera y particularmente de cada uno de los emprendimientos que se
realizan en el país. Si uno hace “click” sobre cada emprendimiento, se
despliegan una tabla, donde se enumeran los actores sociales y se los califica,
lo que implica lisa y llanamente una tarea ilegal de inteligencia previa,
desarrollada por entidades empresarias que no debieran promover este tipo de
actividades incompatibles con un estado democrático.
Cabe apuntar que para llegar a la parte conclusiva (las
pocas líneas que el cuadro muestra donde cada sujeto es calificado de
“favorable o desfavorable”) las empresas deben haber transitado por una extensa
tarea de reunión, análisis y conclusión, típico del más afinado aparato de
inteligencia, donde no están exentos gabinetes de profesionales que evalúan los
comportamiento sociales y realizan prognosis o al menos contemplan proyecciones
sobre los comportamientos de masas o de núcleos reducidos de personas. Esto,
entre otras cosas, les permite a las empresas evaluar condiciones previas,
diagramar nuevas estrategias para producir convencimiento en la población a la
que llegan con sus proyectos, reducir el margen de error en la capacidad de
respuesta ante los grupos ambientales que los enfrentan, poder descalificar
públicamente a las ONGs con datos ciertos a partir del conocimiento pleno que
poseen de cada actor que se le opone, argumentando sus descargos con datos que
pueden ir de los institucional a lo personal (ejemplo: determinada persona que
lidera un grupo de ambientalistas, puede ser denunciado porque posee algún
proceso penal en curso o determinada “debilidad” que le otorgue descrédito ante
la opinión pública); además les permite confundir a la OP, revertir procesos,
argumentos y acusaciones, hilvanar estrategias en conjunto y presionar a los
sectores de oposición, dado que muchos no querrán ser tabulados como virtuales
“enemigos públicos” en esta suerte de “escrache” que inventaron las empresas
para contrarrestar el creciente ánimo público que se manifiesta en contra de la
megaminería y las bajas regalías que dejan en el país.
Otro aspecto a no perder de vista, es la actividad que en
este sentido las empresas mineras podrían estar realizando de aquellas empresas
prestadoras de servicio y hasta del personal, ya que el armado de este
andamiaje de trabajo (bastante complejo y ciertamente costoso) permite indagar,
cualificar, cuantificar e investigar a cualquier sujeto relacionado con el
orden minero. Es decir, este ejercicio que hoy las empresas intentan
“blanquear” bajo cierto maquillaje de democracia participativa en las
relaciones mineras-pueblo, podría generar el día de mañana “listas negras” de
trabajadores y de empresas de servicios o comercios, que obviamente no serán de
conocimiento público, pero será parte de la información que compartan las
mineras en forma reservada, obtenida y conformada por este verdadero “Proyecto
X” que han desarrollado, similar en su esencia, aunque modificado en el aspecto
procedimental, al que el gobierno nacional lleva adelante con la Gendarmería
Nacional, para control de los conflictos sociales.
ONG santacruceñas, desfavorables
Dos entidades ambientalistas de la provincia como son la
Asambleas de Vecinos Autoconvocados Los Antiguos, Perito Moreno y la Asamblea
Ambiental Ciudadana de Santa Cruz (Rio Gallegos y San Julián) han sido
calificadas como “desfavorables”, en el inventario de Inteligencia que
confeccionó Cerro Vanguardia y seguramente será copiado por las mineras en el
país y cabe preguntarnos si esto también fue ideado, generado y propuesto en la
OFEMI?.
El increíble “informe de situación” (eso es lo que
constituye el cuadro) que presenta Cerro Vanguardia bajo el eufemismo de “Mapa
de actores del emprendimiento” (esto vendría a ser un informe individual que
cada minera lleva de aquellos actores o sujetos que impactan en la actividad
que cada una desarrolla en un lugar determinado), está dividido por “sectores”,
entre ellos el “Gubernamental”, el “Sector empresario”, el “Sector Social” y el
“Sector Académico”.
A su vez cada sector tiene cuatro subdivisiones: “Actor”,
donde se nombra al sujeto de análisis; “Descripción” donde se destaca de quién
se trata; “Posicionamiento”, en cuyo cuadro se resume las actividades que
despliegan (manifestación en contra de la megaminería o la contaminación que
produce CV) y finalmente “Estrategia”, lugar en el cual sintetizan las acciones
que llevan adelante (manifestaciones, petitorios, declaraciones públicas,
solicitadas, etc)
Por ejemplo Cerro Vanguardia detalla: (Actor) Autoconvocados
Identificados con San Julián o contra CV. (Descripción) Grupo de vecinos
autoconvocados que se manifiestan en oposición a Cerro Vanguardia.
(Posicionamiento) Desfavorable. Se han manifestado públicamente en contra de la
contaminación que produce (o podría producir) Cerro Vanguardia, el supuesto
crecimiento local que no consideran desarrollo, los montos de ganancias de la
empresa y los pasivos que quedarán al retirarse. (Estrategia) Confrontación. Su
estrategia es la denuncia a través de medios y blogs. Presentaciones legales o
de proyectos de ley para prohibición del uso del cianuro. Actividades
participativas para analizar los perjuicios que provoca la minería.
Otro de los sujetos aludidos es Vecinos Autoconvocados Los
Antiguos. (Descripción) Destinado a mostrar la problemática ambiental la cual
es preocupación de la ciudadanía. Esperando que el estado pueda oírlos y
compartir sus preocupaciones. (Posicionamiento) Desfavorable Se han manifestado
públicamente en contra de la contaminación que produce (o podría producir)
Cerro Vanguardia. (Estrategia) Confrontación. Han realizado un petitorio
avalado por 200 firmas, al Gobernador, solicitando una moratoria a la actividad
minera al oeste de la ruta 40 protegiendo nacientes de agua de la cordillera.
Elaboración del manifiesto de lago Bs. As. e iniciativa legislativa hoy
transformada en ordenanza para definir a Los Antiguos como “Municipio no tóxico
y ambientalmente sustentable “.
También señalan a la Sociedad Rural de San Julián, a quien
catalogan como “Medianamente desfavorable o favorable con condiciones”,
argumentando que “Algunos refieren al rechazo de la minería en relación al uso
de los recursos hídricos. Otros argumentan necesidad de mejores condiciones de
negociación por el usufructo de la tierra”. Sobre las “estrategias” de los
rurales, indica “Confrontación/Diálogo Ha mantenido reuniones con el gobernador
donde se plantearon dos inquietudes: La posibilidad de crear una delegación de
la Dirección de Minería en San Julián y una reforma al Código Minero. Existen
referencia escueta en medios al rechazo a las estrategias existentes de la
empresa y crítica por el uso de los recursos hídricos, que no se han podido
confirmar”.
Así de esta manera Cerro Vanguardia cataloga a cada actor,
considerando, obviamente, como favorable al gobierno provincial, a la
Secretaría de Minería y “favorables con condiciones” a otros organismos y
entidades. La gran pregunta que nos hacemos es si en realidad con este procedimiento,
las empresas no terminan haciéndole un favor a quienes son finalmente marcadas
como “desfavorables” por el aparato de inteligencia minero y hunden en
compromisos espurios a quienes consideran como favorecedores de la actividad
depredadora que realizan.
Los “Desfavorables” de La Alumbrera
El mismo mecanismo se encuentra haciendo “click” sobre el
ícono de La Alumbrera, en el mapa nacional que indica el emprendimiento minero
de Catamarca. Allí, por ejemplo se indica como “favorable” al gobierno provincial,
a la Secretaría de Estado de Minería, al Defensor del Pueblo de Catamarca,
entre otros y como “desfavorables” a la Intendencia de Andalgalá, al Defensor
del Pueblo de Santiago del Estero, a los Autoconvocados de Andalgalá, a los
Autoconvocados de Tinogasta, a la Asamblea Socio Ambiental del valle de
Catamarca, a la Asamblea Ambietal del NOA, etc y en todos los casos son
marcados, enunciados y expresados los conceptos, como lo hace Cerro Vanguardia
en la evaluación de aquellas organizaciones que se vinculan con la minería o
que rechazan la actividad megaminera o controlan y discuten el impacto
ambiental y la contaminación.
La gran falacia
El texto que desarrollamos a continuación es largo, pero
ciertamente muy expresivo de la nebulosa que cubre a todo este proyecto
impulsado por las mineras, con la anuencia del gobierno nacional y los
gobiernos provinciales, sin duda. Por ello le pedimos al lector que se arme de
paciencia y asombro y repase cada uno de los párrafos que han armado y nosotros
transcribimos del site oficial.
Es parte de la explicación que dan los precursores de este
“Mapa de Conflicto Mineros” para argumentar su existencia y los objetivos que
persiguen. El lector va a encontrar en todo el texto una verdadera alegoría y
un uso intensivo de la falacia; es decir hablar mucho para no decir nada y
ocultar, tras argumentos poco legibles, un objetivo oculto. Dice el texto de
las mineras:
Se ha identificado que entre las principales dificultades
para alcanzar consensos amplios respecto a la política minera en la Argentina,
se encuentra el debate en torno al marco legal-institucional minero vigente y
las políticas públicas derivadas del mismo, y, en particular, respecto a la
contribución de la actividad minera de gran escala a un proceso de desarrollo
sustentable para el país.
Profundizar dicho debate, es un paso necesario para
construir una visión compartida sobre el modelo deseable de desarrollo
sustentable a largo plazo, se estima importante generar las condiciones para
promover procesos sociales, políticos de diálogo y deliberación pública. Estos
deben contribuir a mejorar los procesos de diseño e implementación de políticas
específicas y que faciliten la transformación constructiva de la conflictividad
torno a la actividad minera en el país.
En este sentido, se propuso generar información legítima,
confiable y relevante a través de la elaboración de un Mapa de Conflictos
Mineros en Argentina, que sirva como un instrumento de acceso a la información
y que propicie, a su vez, las condiciones para el desarrollo de procesos de
deliberación pública y elaboración de políticas especificas.
Esto se traduce en:
A) El desarrollo de un Mapa de Conflictos Mineros en
Argentina. La información de base fue recopilada a partir de fuentes primarias
(entrevistas personales o telefónicas) y secundarias (estudios de caso,
artículos de prensa on line, legislación, estadísticas, fuentes oficiales,
etc.). Se pretende que la información sea actualizada de manera interactiva por
todos los actores vinculados o afectados a los emprendimientos.
El Mapa de Conflictos Mineros es una herramienta de
información que permitirá al usuario conocer los emprendimientos en relación a
su conflictividad (descripción de conflictos) y el contexto: ambiental (suelos,
cursos de agua superficiales y subterráneas, eco regiones, áreas protegidas,
etc.), legal (normativa minera, ambiental, etc.), económico (canon y regalías ,
representatividad minera en la producción local, índices micro y
macroeconómicos de la regiones mineras, etc.), social (desarrollo humano, vulnerabilidad,
desarrollo de sociedad civil, etc.) y también desde la comunicación.
El Mapa busca situar emprendimientos de gran escala, 9 de
estos son analizados más profundamente con información de contexto, y 2 de
estos contaron con un estudio particular, a partir del desarrollo de un proceso
de consulta sobre la información relevada y la situación de la conflictividad a
nivel local.
B) La conformación de una “Plataforma de diálogo e
intercambio de información y generación de confianza multisectorial” para el
análisis estratégico de las causas de la conflictividad, y generación de
consensos mínimos en el abordaje de conflictos mineros. A partir del mapa
producido se busca conformar una plataforma de gestión del mismo que definirá
el mecanismo de adhesiones y la dinámica de actualización de información.
En una primera instancia de diseño del proceso se conformará
un grupo promotor, con las organizaciones que ya han adherido al proyecto,
posteriormente se buscará integrar a otras organizaciones e instituciones.
Características del Mapa de Conflictos Mineros
Es un sistema de información social integrado sobre la
conflictividad de la actividad minera en el país, que buscará constituirse en
instrumento de acceso a la información, en insumo facilitador de procesos de
diálogo, y en material útil para la elaboración de políticas públicas. Fue
concebido como un sistema de información social de acceso público. Es una
herramienta provee información organizada sobre la situación en la que se
encuentran distintos emprendimientos mineros del país, en relación a los
conflictos potenciales o manifiestos que se generan en torno a ellos.
Está elaborado sobre la base de un protocolo de
investigación, una cartografía que contempla diferentes niveles de análisis
(contextuales, situacionales e interpretativos) y ejes temáticos
interrelacionados (ambiental, legal, económico, social, cultural), que permiten
comprender las situaciones de conflictos y su dinámica.
En síntesis:
1) Es un sistema de información social integrado, de acceso
público, y que brinda elementos para fundamentar y orientar tanto las demandas
como las decisiones de política minera. Especialmente relevante para promover
procesos de elaboración de políticas de ordenamiento territorial.
2) Propone una estrategia de construcción de información que
intenta promover la compresión y la confianza entre diferentes actores,
encontrando vías de comunicación de calidad para la integración de la
información y evitando que los conflictos escalen como consecuencia de la falta
de información comprensible, así como por una comunicación deficiente o
perturbadora.
Considerando estos aspectos, la utilidad del mapa reside en
ser un instrumento que ofrece la posibilidad de disponer de un marco de
referencia y lenguaje común, de establecer conceptos y definiciones operativas
compartidos, construir fundamentos objetivables para la discusión y la
reflexión conjunta, producir conocimiento, trazar un hilo conductor para la
acción de y entre actores diversos, favorecer la equidad en el acceso a la
información y en la comunicación de posicionamientos, hechos y acciones.
En este sentido, el mapa puede ser utilizado por todos los
actores en forma conjunta o sectorial. En el primer caso, puede aplicarse para
facilitar los procesos de elaboración de políticas de transparencia y acceso a
la información pública, participación ciudadana y planificación u Ordenamiento
Ambiental del Territorio (instrumento fundamental para la prevención de
conflictos en torno a la minería) y para promover indicadores que permitan
evaluar la eficacia de las políticas generadas para la prevención y gestión de
la conflictividad minera.
A su vez, este sistema de información puede ser utilizado
sectorialmente como insumo para la toma de decisiones de cada uno de los actores
en tanto permite seleccionar o redirigir las estrategias que despliegan y que
dinamizan los conflictos, sobre una base de información común, que reconoce al
otro y al contexto en el que se desenvuelven. (Agencia OPI Santa Cruz)
Para visualizar el material publicado dirigirse al LINK
http://www.mapaconflictominero.org.ar/
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