Vean como "prospera" el fuero de la seguridad social

El 80% de las acciones judiciales pertenecen a reajustes por haberes mal liquidados

El problema de fondo que contribuye a la saturación radica en el incumplimiento de las sentencias en los plazos establecidos

Desde hace algunos años y a raíz de un fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, conocido en la jerga judicial como “Badaro” –en donde el alto tribunal reconoció un importante porcentaje en concepto de movilidad jubilatoria y fijó un criterio a la hora de resolver este tipo de reclamos– el fuero federal de la seguridad social comenzó a recibir andanadas de reclamos del denominado sector pasivo que colocaron a este ámbito del Poder Judicial más de una vez al borde del colapso por la cantidad exponencial de causas en las cuales sus jueces y camaristas deben decidir respecto del reajuste de los haberes jubilatorios.

Así lo afirma el camarista del fuero de la seguridad social Luis Herrero, quien ante la consulta de BAE, no dudó en alertar sobre el colapso de este ámbito judicial que arroja datos alarmantes: por ejemplo en los diez juzgados federales no hay menos de 200.000 juicios y alrededor de 45.000 en las tres salas de la cámara.

Herrero asimismo hace foco en la grave demora que sufre el fuero donde no existe relación entre las causas que ingresan en los juzgados y las sentencias que se dictan. En este plano, los datos de la cámara demuestran que durante el 2011 ingresaron 89.604 juicios en primera instancia y se dictaron 42.883 sentencias. En el 2010 la relación fue aún más negativa: ingresaron 100.003 causas y se pronunciaron 26.192 sentencias. Al respecto, el magistrado advirtió que el gran esfuerzo de los jueces “no logró revertir la enorme desproporción que existe entre ingresos de causas y sentencias que se pronuncian”.

Al momento de analizar las acciones presentadas, el integrante de la Sala II detalla que casi el 80% de los juicios son a causa de reajustes por haberes mal liquidados por la Administración Nacional de la Seguridad Social, más conocida como la ANSES. “Durante los últimos treinta años, los jubilados y pensionados se vieron obligados a recurrir a la Justicia en procura de lograr el reconocimiento de la garantía de movilidad que las sucesivas administraciones les negaban”, cuestiona.

SATURACIÓN. Si se piensa en posibles soluciones para descomprimir esta situación procesal, el juez explica que no tendría “ningún sentido crear más juzgados o salas en la cámara”, ya que evalúa que el problema de fondo radica más bien en “el incumplimiento de las sentencias en los plazos por ellas establecidos”. Según lo entiende el magistrado, tal situación obliga a los jubilados a iniciar nuevos procesos de ejecuciones de sentencias, en los cuales se plantean incidentes, apelaciones, impugnaciones, entre otros recursos legales que contribuyen a seguir incrementando la carga del fuero.

Para Herrero, entonces, crear más dependencias judiciales sería, “lo mismo que si en lugar de aplicar el presupuesto de salud para curar una enfermedad endémica que está diezmando a la población –o exterminar el virus que la origina– se lo utilizara exclusivamente para comprar más camas o construir más pabellones en los hospitales donde se hacinan los pacientes”.

Por esta razón, precisa que la gran solución para descomprimir la situación no sería otra más que el cumplimiento de los fallos en donde la Corte Suprema, oportunamente, se pronunciara en favor de “la actualización correcta de los haberes históricos para la determinación del primer haber jubilatorio”. “El incumplimiento por parte de la ANSES de estas sentencias con efecto erga omnes –aunque se lo pretenda negar desde una visión jurídica estrecha sobre los derechos de incidencia colectiva– origina esta industria del juicio”, menciona.

Para el magistrado, “el enorme pasivo contingente que se va acumulando año tras año, resulta infinitamente más oneroso en términos contables para el Estado que cumplir en tiempo y forma con las sentencias del Alto Tribunal de la Nación”.

Asimismo, opina que siguiendo los pronunciamientos del máximo tribunal, “todo volvería a su cauce normal y ninguno de estos males ocurrirían” y agrega resulta necesario cumplir el artículo 8º de la ley 26.425 –que disolvió las AFJP, y dispuso que todos sus activos pasaran a integrar el Fondo de Garantía de Sustentabilidad del Régimen Previsional Público, creado por decreto 897/07 –que reza que “la totalidad de los recursos únicamente podrán ser utilizados para pagos de los beneficios del Sistema Previsional Argentino”–.

En esa línea, precisa que es posible que se registren picos de ingresos de causas como en el 2009 a raíz de que el 75% de los jubilados argentinos cobra la jubilación mínima y eso quiere decir, comenta, que este grupo no goza de la garantía de movilidad del art. 14 bis de la Constitución Nacional, por lo cual serían potenciales personas que podría recurrir a la Justicia para reclamar por la recomposición de sus ingresos.

LAS CIFRAS DEL FUERO: NÚMEROS ROJOS

- Entre los diez juzgados de primera instancia se reparten unas 200.000 causas en trámite.

- En las tres salas en las cuales de divide la cámara hay 45.000 expedientes en proceso.

- Durante el 2011 ingresaron 89.604 juicios en primera instancia.

- Se estima que durante febrero y diciembre del 2011 ingresaron 400 expedientes por día.

- Durante el pasado año se firmaron 42.883 sentencias (190 por día hábil).

- Durante el 2011 llegaron a las salas 44.143 causas producto de apelaciones tanto de Estado nacional como de los actores.

- En los últimos nueve años se iniciaron 584.892 causas.

- Un proceso no dura menos de siete años hasta su cumplimiento efectivo (computando el reclamo administrativo ante el ANSES que es obligatorio).

Fuente: http://www.diariobae.com/diario/2012/02/29/8770-la-industria-del-juicio-amenaza-al-fuero-de-la-seguridad-social.html