Por: Martín Caparrós | 16 de abril de 2012
Qué bueno que Cristina Fernández de Kirchner se haya dado
cuenta de lo obvio. La Argentina necesita cierto control sobre la explotación
de sus hidrocarburos. Yo lo escribía –entre tantos otros– hace un año en mi
libro Argentinismos:
“La Argentina es uno de los pocos países productores de
petróleo que no tiene una compañía estatal hegemónica: sí las hay en México,
Venezuela, Brasil –para citar tres países con gobiernos variados. Y en Chile,
blasón del neoliberalismo, no hay petróleo, pero el cobre nunca dejó de
pertenecer al Estado. Aquí, en cambio, el peronismo de los noventas vendió por
dos guitas YPF –con gran beneficio para varios de sus jefes, entre ellos los
doctores Carlos Menem y Néstor Kirchner–, y el peronismo de los dosmil no hizo
nada para recuperarlo. Al contrario, extendió licencias de explotación y
consolidó el sistema. Así que la actividad está en manos de empresas
multinacionales que no sólo reparten miles de millones de dólares de utilidades
entre accionistas extranjeros sino que, además, dedicaron todos estos años a
llevarse todo lo que pueden sin invertir en prospección y búsqueda de nuevos
yacimientos. Es su ventaja comparativa: lo más caro de la extracción petrolera
no es sacarlo sino buscarlo; las multinacionales no precisan hacerlo, a menos
que el Estado los obligue. El Estado argentino y peronista no lo hace, así que
los muchachos petroleros sacarán mientras haya y, cuando se acabe, se irán con
sus barriles a otra parte.
“Por eso entre 2003 y 2010 la producción de petróleo bajó un
18% y la de gas un 8%. Por eso en 2001 la Argentina exportaba el 1,02% del
petróleo mundial y, en 2009, el 0,38%. Por eso en 2003 la Argentina importaba
550 millones de dólares de petróleo y derivados, e importó 4.450 millones el
año pasado: casi nueve veces más. Por eso –por ese modelo– un país que siempre
pudo abastecerse en petróleo y gas se está quedando sin recursos.”
En esos días, Cristina Fernández y los suyos sostenían en
foros y discursos que YPF-Repsol funcionaba espléndido. Ahora cambiaron: su
argumento de hoy dice que el Estado argentino debe recuperar algún control
sobre sus combustibles porque las importaciones de combustibles se están
comiendo el superávit comercial. Tanto que –dijo Fernández– “de proseguir esta
política de vaciamiento, de no producción, de no exploración nos convertiríamos
en un país inviable”.
Es cierto. Sería mucho más cierto si agregara que ella y su
marido estuvieron entre los líderes más entusiastas de la desnacionalización, y
que ella y su marido consiguieron gracias a la privatización 500 millones de
dólares que nunca reaparecieron, y que ella y su marido fueron los que
obligaron a Repsol a venderles a sus amigos Eskenazi una parte importante de la
empresa con el dinero de la propia empresa, y que ella y su marido apoyaron y
elogiaron con todo entusiasmo –hace solo meses– a esa empresa argentinizada, y
que ella y su marido gobernaron durante estos nueve años de desnacionalización
y desinversión.
Cristina Fernández dijo que no quería contestar agravios ni
improperios: “Soy una jefa de Estado y no una patotera”, dijo, y era curioso
que pensara que debía decirlo. Pero también se tomó el trabajo de aclarar que
no tiene nada contra las empresas extranjeras si reinvierten en la Argentina
–“nos tocó ayudar a la General Motors y a la Fiat”, dijo– y que este “no es un
modelo de estatización; es un modelo de recuperación de la soberanía y el
control”, pero que “seguimos conservando el modo de sociedad anónima y de
empresa privada”. Business as -más o menos- usual.
Para justificar lo cual dio una lista de los países que
tienen empresas petrolíferas nacionales. “No estamos inventando absolutamente
nada”, dijo la presidenta, claro. Las empresas nacionales son legión: es cierto
que esta ley de Fernández no haría mucho más que restablecer cierta lógica
capitalista en una situación que el peronismo de los noventas, con gran ayuda
de los señores Kirchner, había desquiciado.
El control del Estado sobre la exploración y explotación de
hidrocarburos es necesaria, y probablemente el Congreso va a sancionar la ley
que hoy se presentó. El problema es el Estado que lo va a manejar: un Estado
controlado por un gobierno incompetente que trabaja para su propio poder, que
conspira para enriquecer a sus amigos, que cambia los jueces que no le gustan,
que silencia las voces que no lo lisonjean, que mantiene a tantos en la pobreza
y la desesperanza. Un gobierno, sobre todo, cuya política energética produjo la
emergencia que, ahora, pretende remediar: otro clásico del gobierno opositor.
Vamos todavía.´
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