Al mismo tiempo que desde la CTA se comunicaba la noticia
del avance en las obras de las cooperativas del MOI-CTA, unas 33 familias que
vivían en el Hotel Sur fueron desalojadas de forma ilegal, este lunes 7 de
mayo, por la Policía Metropolitana. Por otro lado, el Departamenteo Jurídico de
la Central porteña consiguió un fallo a favor de los desalojados de la Calle
México. Son tres historias que se unen en el desalojo, la organización y la
lucha por la vivienda digna.
A finales de la semana pasada la CTA festejaba la noticia de
que la Federación de Cooperativas del MOI-CTA (Movimiento de Ocupantes e
Inquilinos), luego de 20 años de lucha, consiguió el presupuesto para que
cuatro de sus cooperativas pudieran terminar de construir viviendas para un
total de 109 familias.
Cuatro días después, 33 familias que habitaban el Hotel Sur,
ubicado en Brasil 1875, fueron desalojadas a la fuerza por efectivos de la
Policía Metropolitana. El violento operativo se llevó a cabo sin aviso previo y
no se respetó el derecho a la defensa de los inquilinos, acusados de una falsa
usurpación. Desde la mañana rodearon la zona y a las 14.30 horas entraron a punta
de pistola y amenazando a las familias, las obligaron a abandonar el inmueble
sin posibilidad de retirar sus pertenencias.
En ningún momento dieron explicaciones ni mostraron orden
alguna que avalara el operativo. A raíz de un supuesto problema legal con una
familia, había una orden judicial para allanar una sola habitación, pero los
efectivos de la metropolitana dicidieron vaciar de manera violenta el hotel
completo.
Hasta el momento, las 33 familias se encuentran en la calle,
rodeadas y acompañadas de distintas organizaciones del campo popular, incluídas
las organizaciones territoriales de la CTA Capital, a la espera de una pronta
solución.
Un fallo judicial a favor de los desalojados de la calle
México
En octubre del año pasado alrededor de 85 familias que
vivían en el ex Hotel León, ubicado en la calle México 960, debieron abandonar
el edificio. A raíz de esta problemática, desde el Departamento Jurídico de la
CTA Capital se hizo la presentación de un amparo. El mismo derivó en que el
Juez Juan Vicente Cataldo del Contencioso Administrativo y del Tributario de la
Ciudad de Buenos Aires dispusiera que el Gobierno porteño tenga que incorporar
a los vecinos en algún programa de emergencia habitacional vigente para que
pudieran acceder a una vivienda y así mientras tanto poder seguir estudiando el
caso, para avanzar hacia una solución más definitiva.
Por su parte, el Gobierno de la Ciudad apeló la medida,
argumentando que se trataba de un desalojo entre particulares. Pero, en defensa
de las 85 familias que habían quedado en la calle, el Departamento Jurídico de
la CTA Capital expuso que si bien es cierto que se trata de una situación entre
particulares, el hecho de que las familias estuvieran en la calle se debe a la
falta de políticas habitacionales de la Ciudad y que el Estado tiene la
obligación de responder a las necesidades de los sectores populares.
En este caso, al igual que el de las familas de la calle
Brasil, se trata de población de hoteles, que consiste en personas que muchas
veces terminan no pudiendo ingresar al mercado formal y pagan un alquiler
superior a los mil pesos a un encargado de hotel.
Los habitantes del Hotel León pudieron acceder al subsidio
que ordena el Decreto 690. El mismo se trata de una solución paliativa, que no
permite alcanzar a una vivienda digna. Está pensado para que las familias
ingresen al mercado del alquiler formal, pero lo cierto es que descuidan un
montón de otras variables que tiene este mercado que generan límites para el
ingreso de los sectores populares, como garantías, depósitos, etcétera.
Confirmación del fallo
Meses después de que el Gobierno de la Ciudad apelara lo
dictado por el Juez Cataldo, la Cámara confirmó el fallo de la primera
instancia y por ende la obligación de dar asistencia a estos compañeros de la
calle México.
Desde el Departamento Jurídico de la Central porteña
expresan que si bien el subsidio no es la panacea, es un primer paso y una
mínima cobertura, para luego seguir trabajando la generación de una política
que permita una salida del emergente y la entrada a una solución más
estructural y definitiva.
El caso de la Calle México puede vincularse también con el
Fallo que emitió la semana pasada la Corte Suprema de la Nación que obligó al
Gobierno de la Ciudad darle vivienda a una madre con su hijo de 6 años,
discapacitado. Este fallo fija un precedente sobre que la política habitacional
del estado de la Ciudad no es adecuada.
Una cuestión que dejó en evidencia el fallo de la Corte
Suprema es el argumento falso de la falta de presupuesto. La realidad es que el
Estado tiene que demostrar que tuvo la voluntad de gastar todo lo que tenía que
gastar, que se usó todo el presupuesto disponible de la manera más adecuada.
En la Ciudad de Buenos Aires hay crisis habitacional y el
Instituto de la Vivienda (IVC), como máximo órgano para avanzar en la vivienda
popular, el año pasado ejecutó menos de la mitad de su presupuesto. Esto deja
en evidencia la falta de herramientas y de políticas públicas para solucionar
el problema de la falta de vivienda.
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