POR ROBERTO GARGARELLA PROFESOR DE TEORIA CONSTITUCIONAL
(UBA, DI TELLA)
La reforma puede ser necesaria, si no se la hace para
incluir lo que ya incluye; atractiva, si se dirige a democratizar el poder y no
a eternizar a los que hoy lo ejercen; y deseable, si la impulsa un gobierno
capaz de cumplir con su palabra, antes que otro que jamás se mostró interesado
en honrarla.
12/07/12
En este artículo, quisiera abordar brevemente tres
cuestiones básicas sobre la reforma constitucional.
En primer lugar: ¿Necesita el Gobierno reformar la
Constitución para hacer posible un proceso transformador como el que hoy
invoca? No, en absoluto. La Constitución vigente ya incluye todas las demandas
relevantes que exige el oficialismo cada vez que sus voceros hablan de la
reforma de la Constitución.
Algunos ejemplos: la Constitución ya incluye cláusulas
favorables a la participación política , como la iniciativa ciudadana y la
consulta popular (arts. 39 y 40), aunque el oficialismo se haya negado
sistemáticamente a reglamentar, desde el Congreso, esas mismas cláusulas por
las que hoy pide. Asimismo, la Constitución da amplísimas protecciones al
medioambiente (art. 41), no obstante los contratos celebrados por el Gobierno
con empresas mineras contaminantes. Por lo demás, y a pesar de las tensiones
que permanentemente desata el Gobierno con países vecinos, la Constitución
actual se muestra plenamente abierta a la integración latinoamericana (art. 75
inc. 24).
Del mismo modo, el texto constitucional ya favorece las
acciones colectivas (art. 43), aunque el Gobierno las haya eliminado del
proyecto de Reforma al Código Civil. Más todavía, la Constitución ya da
protecciones especiales a los pueblos indígenas (art. 75 inc. 17), por más que
el Gobierno maltrate a esos mismos pueblos que hoy dice querer proteger más que
nunca. Es decir, el oficialismo niega, en los hechos, la posibilidad de dar
vida a las reformas que ya existen y que luego reclama como si no existieran.
¿Por qué, entonces, y a pesar de lo dicho, podría ser
necesaria una reforma constitucional ? La reforma constitucional podría ser
necesaria para ayudar a la democratización del poder político, es decir, para
organizar el poder de un modo contrario al que hoy está organizado.
En efecto, hoy dicho poder no está democratizado, entre
otras razones, porque los grupos políticos dominantes desde hace décadas se han
preocupado por concentrar todo el poder político sobre sí mismos , cuidando de
no abrir espacios para el control y la decisión ciudadanas.
La crítica que merece la Constitución, en la actualidad, es
similar a la que propiciara Arturo Sampay, en Constitución y pueblo , de 1973,
en contra de la Constitución que él mismo escribiera, en 1949, para el general
Perón. Sostuvo Sampay: “La reforma constitucional de 1949 no organizó
adecuadamente el predominio y el ejercicio del poder político por los sectores
populares, debido, primero, a la confianza que los sectores populares
triunfantes tenían en la conducción carismática de Perón, y segundo, al celoso
cuidado que el propio Perón ponía para que no se formara paralelamente al
gobierno legal un coadyuvante poder real de esos sectores populares.” ¿Por qué
no aprovechar esta oportunidad, entonces, para llevar a cabo una reforma
constitucional democratizadora ? Por varias razones. Ante todo, la reforma
política, como la reforma económica, puede resultar deseable o no, dependiendo
de quién la lleve a cabo, y qué antecedentes tenga quien la lleve a cabo. Si la
reforma, por caso, promete ser conducida por quienes impulsaron la desigualdad
y la concentración económica (por ej., Cavallo) o política (por ej., los
Kirchner), ¿por qué es que ella debería ser respaldada por quienes quieren lo
opuesto, es decir, por quienes quieren la igualdad y la democratización del
poder (para no agregar: ¿por qué habrían de apoyarla quienes rechazan otra
reelección presidencial?) Del mismo modo, ¿qué razón habría para suscribir una
reforma política promovida por un partido que, en los últimos diez años, sólo
tocó las reglas de juego para tergiversarlas o beneficiarse a sí mismo, de modo
muchas veces grotesco (piénsese en las candidaturas testimoniales; o en la
reforma destinada a ganar control sobre el Consejo de la Magistratura)? Sin
dudas, quienes menos razones tienen para apoyar una eventual reforma son las
fuerzas políticas de izquierda, que ya en una oportunidad, al discutirse la ley
de partidos políticos 26.571, pudieron ver cómo el mismo gobierno que los
convocaba con palabras dulces, los sentenciaba al infierno minutos después de
aprobada la ley, al momento de reglamentarla .
En definitiva, la reforma puede ser necesaria, si no se la
hace para incluir lo que ya incluye; atractiva, si se dirige a democratizar el
poder y no a eternizar a los que hoy lo ejercen; y deseable, si la impulsa un
gobierno capaz de cumplir con su palabra, antes que otro que jamás (siquiera
con sus aliados) se mostró interesado en honrarla.

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