Esta entrada del blog apunta en dos sentidos. Primero homenajear el primer gran fallo de un tribunal argentino, la Corte Suprema de Jujuy, sobre el tema de la megaminería. En eso estuvo Héctor.
Aparte, se ven las contradicciones del juez en relación a temas de género, cuando pasó lo de la tragedia de Romina Tejerina hace varios años. En ese momento se discutió mucho, porque era un juez renombrado que se amparaba en el esquema feudal de la provincia.
Por supuesto que esto podrá ser debatido y modificado si alguien tiene fuentes confiables de que Héctor no dijo lo que dijo. Por lo pronto, las dos cuestiones....
Niegan la excarcelación de Romina
Por Colectivo de Género de Indymedia Argentina - Thursday,
Dec. 14, 2006 at 4:48 PM
La justicia de Jujuy impugno el pedido de excarcelación
solicitada por la defensa de Tejerina. La Dra. Marina Vargas fue notificada por
la Sala Penal II que su defendida deberá esperar la sentencia final en prisión.
Asimismo el juez Héctor Tizón integrante de la Corte Suprema Jujeña se excuso
de participar en la causa.
El juez había sido recusado por la defensa de Romina por
"prejuzgamiento" luego que realizara, el 3 septiembre de 2006,
declaraciones sobre el caso a un diario de la Ciudad de Buenos Aires. El juez
Tizón dijo en aquella oportunidad: " Aseguro que no hubo violación, ni
remotamente. Entonces quedó un bebé al que se le metieron 17 puñaladas. El caso
es que seguimos sin discutir si es posible la legalización de ciertos abortos.
También sucede que en el fondo del imaginario público aparece el primer juez
que se lavó las manos y condenó a un inocente. Y eso está muy bien explotado
por quienes quieren una justicia de mierda." "Otro tema en el que es
clave el entorno cultural y social por estas regiones es el estupro, el acceso
carnal con menores de 15 años. Aquí es bastante común, siempre hay hombres y
mujeres que se juntan con menores. El despueble está convirtiendo al desierto
en más desierto: diezma los poblados. Pero siempre hay un comisario que se leyó
bien el Código penal y va y los mete adentro. Y aquí, los que se juntan con
menores suele ser por necesidad ".
Para la defensa de Romina el juez realizo apología de delito
contra la niñez justificando la violación de niñas y adolescentes, hecho que
sucede casi a diario. Al mismo tiempo sobre el caso en particular, para lxs
abogadxs de Tejerina, Tizón realizo prejuzgamiento “demostrando un animo
persecutorio”.
El pedido de excarcelación para Tejerina había sido
presentado luego que la Corte de Justicia de la Nación ordenara revisar
revisión la condena a 14 años de cárcel. El máximo tribunal dispuso que la
corte Suprema de Justicia de Jujuy dicte una nueva resolución acerca del pedido
de libertad de la joven, por considerar que los argumentos para dejarla en la
cárcel no estuvieron bien fundamentados. Ahora el Superior Tribunal jujeño
deberá pronunciarse sobre la cuestión de fondo, es decir, en torno de la
condena contra la joven.
Nota de Lavaca.org
19/04/2010
Jujuy: de Héctor Tizón a Tilcara, otro freno a las mineras
Tags: Asamblea de Vecinos Autoconvocados, contaminación,
Héctor Tizón, Jujuy, medio ambiente, mina de uranio, minería, Quebrada de
Humahuaca, Tilcara, Vecinos Autoconvocados de Tilcara
Con un fallo fundamentado en el voto de un juez que además
es uno de los más reconocidos escritores de habla hispana, Héctor Tizón, los
vecinos autoconvocados de Tilcara y Juella, Jujuy, obtuvieron sentencia
favorable del Superior Tribunal de Justicia de la provincia (la corte suprema
jujeña) que en términos prácticos detiene la instalación de una mina de uranio
en la zona de la Quebrada (en territorios de comunidades indígenas).
Tizón planteó el peligro cierto de contaminación por parte
de las mineras “hasta que se demuestre lo contrario”, definió el derecho a un
medio ambiente sano como un Derecho Humano Fundamental, mencionó los posibles
daños generacionales y calificó como “papelón internacional” dejar en manos
mineras una zona como la de la Quebrada, considerada Patrimonio de la
Humanidad.
El caso había provocado un estado de movilización durante
los últimos dos años en esa zona, tal como se reflejó en Mu n° 17 (ver más
abajo).
El Tribunal Contencioso Administrativo de Jujuy, había rechazado
el recurso de amparo presentado por los vecinos, pero ahora la máxima instancia
judicial, fundada en el voto del juez Tizón, vuelve a darle cabida.
Descargarel fallo de la Suprema Corte de Jujuy en formato
.doc
Cianuro, mercurio & compañía
Los Vecinos Autoconvocados de Tilcara contra la Minería a
Cielo Abierto explicaron en un comunicado que el recurso de amparo contra la
minera Uranios del Sur había sido presentado el 1° de agosto del 2008,
“exigiendo que el Juzgado Administrativo de Minas se abstenga de otorgar
permisos de cateos, exploración, y explotación minera a cielo abierto y la
utilización de sustancias químicas como cianuro, mercurio, acido sulfúrico, y
otros tóxicos similares utilizados en los procesos de producción y/ o
industrialización de minerales metalíferos, especialmente de uranio, y que se
revoquen los permisos concedidos o en tramite en la zona de la Quebrada de
Humahuaca, Jujuy”.
Parte de las bolsas con pastillas de cianuro que Mu encontró
en la mina Pan de Azúcar, en la Puna. En la Quebrada querían instalar una mina
de uranio.
La empresa había tramitado permisos en 14.100 hectáreas en
la zona Juella y Yacoraite, sobre los territorios de las Comunidades Aborígenes
de Yacoraite y El Angosto de Yacoraite.
El dictamen del máximo tribunal se basó en los argumentos
expuestos por el juez del Tribunal, Presidente de trámite, el Dr. Héctor Tizón.
(Expte 6706/09).
Tizón reconoció la plena vigencia del “principio
precautorio” consagrado en el art. 4º de Ley General del Ambiente 25.675, del
año 2002, que reglamenta el art. 41 de la Constitución Nacional, que postula
que cuando haya peligro de daño grave e irreversible -como lo es la explotación
minera a cielo abierto- se debe actuar a favor de la protección del medio
ambiente. En este sentido no es necesario esperar que se produzca el daño, ya
que el mismo resulta irreversible.
Lo que escribe un juez
Juez y escritor Héctor Tizón
El juez Tizón aseguró además que “los daños causados al
medio ambiente, una vez producidos, resultan en la práctica de casi imposible
reparación”.
Agregó: “Cabe presumir, hasta tanto se demuestre lo
contrario, que por lo menos existe la posibilidad o el peligro cierto de que
las tareas de las mineras en la zona produzcan contaminación, y conlleven un
daño ambiental”.
Otro argumento: “No es posible prescindir de la preservación
del derecho a un ambiente sano y no contaminado, Derecho Humano Fundamental”.
Tomando otro paradigma del derecho ambiental moderno, Tizón
mencionó el de daños generacionales: “Es decir aquellos que por su magnitud
repercuten no sólo en la generación actual sino que sus efectos van a impactar
en las generaciones futuras”.
Otro cuestionamiento del voto de Héctor Tizón: “Resulta un
absurdo contrasentido permitir nuevas explotaciones, como las mineras a cielo
abierto, en un territorio declarado Patrimonio Cultural y Natural de la
Humanidad por la UNESCO en 2003, ya que ese título es revocable”, y tildó de
“papelón internacional”, a la posible revocación de esa consideración,
asegurando además que la misma “causaría seguramente daños a la infraestructura
turística ya realizada”
Olimpiadas de ignorancia
En el dictamen el Superior Tribunal cuestionó además
fuertemente al Tribunal Contencioso Administrativo de Jujuy, conformado por los
jueces Sebastián Damiano, Benjamín Villafañe y Luis Oscar Morales, quienes
según los fundamentos de Tizón “desatendieron e ignoraron olímpicamente” la
existencia de presuntos daños ambientales en 8 causas penales, asentadas en los
Juzgados Federales Nº 1 y Nº 2 de Jujuy (los torneos de ignorancia olímpica por
los derechos ambientales se verifican no sólo en Jujuy).
Casi como despedida, consideró que “la sentencia del
Tribunal Contencioso Administrativo no se ajustó a derecho vigente y que por el
contrario, adoleció del vicio de arbitrariedad, por ser incongruente y
autocontradictoria”.
El Superior Tribunal (con las firmas de los jueces José
Manuel del Campo, Maria Silvia Bernal, Sergio Jenefes y Sergio González,
decidió revocar la sentencia anterior (negativa para los vecinos), y remitir
nuevamente al Tribunal de origen, el expediente para que se vuelva a considerar
el pedido de la comunidad de Tilcara organizada en asamblea.
“No permitiremos el saqueo”
En su comunicado, los Vecinos Autoconvocados de Tilcara y
Juella plantean, textualmente:
* Constatamos con suma satisfacción que, no solamente, el
Superior Tribunal de Justicia ordena revocar el fallo del Tribunal Contencioso
Administrativo, sino que también alude claramente a muchos conceptos
ambientales que, por nuestra parte vamos sosteniendo y defendiendo contra
vientos y mareas desde hace dos años.
* La gran minería a cielo abierto es la peor opción de
“progreso” para nuestra provincia, como quieren hacernos creer. Mueve mucho
dinero entre pocas personas; contamina el medio ambiente, ahora y para nuestros
hijos; usa millones de litros de agua diarios, secando arroyos y napas de agua,
perjudicando la agricultura y la ganadería, arruinando definitivamente la vida
en el campo y los pueblos de la Quebrada y la Puna.
* Hoy existen numerosos casos de contaminación en nuestra
Puna, reconocidos por el propio gobierno provincial y las empresas, y
denunciados penalmente, causas radicadas en las Fiscalías Federales de Jujuy.
Exigimos que se investiguen estas causas penales por delitos ambientales que se
encuentran cajoneadas en las Fiscalía federales Nº 1 y Nº 2 de Jujuy, a cargo
de los Fiscales Batule y Snopek.
* Reiteramos nuestros reclamos a la Legislatura de la
provincia y al Gobernador, para que se prohíba la minería a cielo abierto, con
el uso de sustancias químicas.
*No queremos la minería a cielo abierto contaminante en
nuestras tierras y ríos. Estamos por la defensa de la vida, de la tierra y del
agua, y por tanto de los cultivos y la ganadería que hacen a la vida
tradicional quebradeña, y están fuertemente ligadas a la cultura de la tierra y
al paisaje.
* No toleraremos la explotación minera en la zona. No
permitiremos el saqueo de nuestros bienes naturales. Resistiremos con la fuerza
que nos da la defensa de lo nuestro y de los nuestros, de nuestra salud y del
futuro de nuestros hijos, de nuestras formas de vida, de nuestra cultura y de
nuestra Madre Tierra.
Datos de un juez
Héctor Tizón nació en Yala, Jujuy en 1929. El último mes de
octubre cumplió 80 años. Fue abogado, periodista, diplomático. Es de los
argentinos que debió exiliarse en 1976, tiempos de la dictadura (más candidatos
para las olimpiadas de la ignorancia). Como novelista y cuentista ha sido
traducido al francés, inglés, ruso, polaco y alemán. Ganó toda clase de premios
y reconocimientos locales e internacionales, incluido el del gobierno francés que
lo consideró Caballero de la Orden de las Artes y las Letras. En Palpalá una
calle lleva su nombre.
Y no necesita de estas enumeraciones para saber que cuenta
con lo más difícil de lograr: el prestigio y el respeto.
Sus obras:
A un costado de los rieles (1960)
Fuego en Casabindo (1969)
El cantar del profeta y el bandido (1972)
El jactancioso y la bella (1972)
Sota de bastos, caballo de espadas (1975)
El traidor venerado (1978)
La casa y el viento (1984)
Recuento (1984) (antología personal)
El hombre que llegó a un pueblo (1988)
El gallo blanco (1992)
Luz de las crueles provincias (1995)
La mujer de Strasser (1997)
Extraño y pálido fulgor (1999)
Para entender el conflicto
Mu estuvo en Tilcara y la Puna en 2008, investigando los
temas mineros en Jujuy, y las movilizaciones de las comunidades y
organizaciones que dieron nacimiento a este fallo.
Fue la tapa del número 17 de la revista: “A la gran Puna”,
una radiografía de la sociedad y de un negocio, que permitió detectar incluso
las bolsas de cianuro en minas abandonadas. Este es el texto completo de
aquella crónica.
Apunando a las mineras
Una movilización vecinal logró frenar la amenaza de
explotación de uranio en una provincia que todavía lucha contra las
consecuencias del saqueo con la complicidad estatal: en Abra Pampa el 80 por
ciento de los chicos está contaminado con plomo; en Pan de Azúcar, el cianuro
está a la vista. Los venenos del modelo minero. Y sus antídotos.
En la mina Pan de Azúcar, caminando entre polvo de cianuro
derramado de las bolsas de plástico con dibujos de calaveras, es posible
abrirse a dilemas de orden moral y nasal. Ejemplos:
¿Cómo puede esta mina célebre, abandonada y letal, estar
abierta así, sin control alguno, ni siquiera un alambrado, a 100 metros de una
escuela?
¿Qué olor tiene el cianuro?
La primera pregunta quedará brevemente en suspenso. Sobre el
olor, Ariel Méndez, integrante de Red Puna, no termina de decidirse: “Es
cortante”. A Noemí Cruz, una joven mamá kolla que prefirió esperar afuera con
sus pequeños hijos, le recuerda a baño lavado (tal vez haya percibido el sodio
que contienen las lavandinas). Entre la altura de la Puna y el cianuro,
conviene lograr dos cosas a la vez: respirar y no respirar. Hay algo que se va
apoderando de las fosas nasales, se aferra a la garganta, irrita los ojos.
¿Insecticida, ácido, un gas espeso? Algunos informan que el cianuro no tiene
olor (gente que no visita Pan de Azúcar), y otros sugieren que sí, y que evoca
almendras amargas. Fausta Mamani ronda con elegancia indígena los 80 años.
Sombrero gris sobre un pañuelo rojo que le cubre el pelo, pulóver blanco bajo
un saquito de lana azul, poncho marrón de vicuña cruzado sólo sobre un hombro,
pollera colorada. La fuerza y la alegría de esos colores son aire puro. Se lo
puede intuir en la foto que ilustra nuestra tapa. Pero Fausta está un poco
harta ante el dilema:
-¿A qué va a tener olor el cianuro? A veneno. Por eso me
mata los animales. Y nadie hace nada.
Jujuy es como Fausta: antigua, elegante y amenazada. El 24
por ciento de su territorio está a tiro de las multinacionales mineras, con 470
explotaciones -como los megaproyectos Pirquitas y Aguilar- y 1.200 pedidos de
cateo y explotación de 13.000 kilómetros cuadrados (65 veces el tamaño de la
Capital Federal), principalmente en la Quebrada de Humahuaca, un valle andino
de 160 kilómetros y belleza deslumbrante, y la Puna, ese altiplano que a casi
4.000 metros de altura toca el cielo.
Pero una serie de movilizaciones, puebladas y hasta
chusmeríos, están tratando de cambiar la historia minera. Los que se larguen a
respirar este viaje, quedan ante el desafío de conocer una situación económica,
política y social a veces absurda, y asfixiante. Hay que tomarlo con calma,
aprovechando todo el oxígeno posible, y buscando descubrir qué hay más allá del
vaho a almendras amargas.
Chusmerío y movilización
Juella no figura en los mapas ni en los diccionarios. Está
habitada por apenas 100 familias. Allí nació una movilización social que copó a
la bella y shoppinesca Tilcara, hizo que una jueza atravesara ventanas, parió
una legislación contra la minería a cielo abierto, y frenó un proyecto minero
multinacional. No se sabe el significado del nombre, que es anterior aun a la
invasión de dos tribus: los incas con el quechua, y los españoles con el castellano.
En Juella los indios Tilcara construyeron un pucará (fortaleza), que no alcanzó
para protegerlos, pero hoy es atracción arqueológica y turística. La
arqueología del presente indica que la mejor defensa es moverse, más que hacer
pucarás.
El pueblito está a 6 kilómetros de Tilcara, a 1.700
kilómetros de la Capital Federal y a 2.500 metros de altura, en plena quebrada.
En el vivero comunitario San Cayetano, Tomasa cuenta: “Acá vimos pasar una
camioneta, se fue para arriba. Vino un vecino, el Mono, artesano con puesto en
la plaza de Tilcara, donde está todo el chusmerío, y se enteró de la minera. Un
día escuché una bomba en los cerros. Pensé que era por la fiesta de San Juan,
el 24 de junio, pero me di cuenta de que eran ellos, los de la minera”.
En el vivero trabajan 20 vecinos de la zona, perfeccionando
lo que cultivan en sus huertas. Juella alberga el Festival del Durazno y la
Humita, en marzo. El vivero San Cayetano forma parte de la Red Puna y eso lo
conecta con otras 35 comunidades de la quebrada y la Puna.
El artesano, el Mono, es Cristian Giménez, oriundo de Mar
del Plata que hace cuatro años está instalado en Juella con Carolina, su
compañera nacida en Cali, Colombia, y sus hijitos Amsaya y Awki. Cristian y
Carolina hacen aros, pulseras y colgantes labrados con un arte inusual, en su
casita de Juella, ante un paisaje onírico. No llega la televisión abierta ni el
cable, hay tres vecinos con televisión satelital. “No nos quemamos la cabeza
haciendo zapping para no encontrar nunca nada. Acá hay sanidad mental y cosas
más interesantes que mirar” dice Cristian. Apenas le llega la señal del
celular, que lo conecta día por medio con su mamá.
Cosas que mirar. “Vimos la camioneta -cuenta Carolina, que
no ha perdido el acento caleño- quisimos pararla y no nos hicieron caso. Los vi
luego en la plaza de Tilcara, saliendo de la Municipalidad. Les pregunté qué
hacían. Exploraciones, solamente uranio, me dijeron. Era este señor”. Muestra
la tarjeta que le dio Juan Guillermo Orozco, geólogo, director y gerente para Sudamérica
-según se lee- de la empresa Uranio del Sur. “Le dije que tenía que pedir
permiso al Centro Vecinal, y que además iban a mucha velocidad en la
camioneta”. El centro vecinal es presidido por don Eduardo Peloc. Orozco fue
con un funcionario municipal. “Les dijimos que no los vamos a dejar entrar. No
queremos que nos envenenen, ni que nos maten” relata Tomasa, la esposa de Don
Peloc. Carolina suma: “Después supimos que mintieron, pidieron permiso no sólo
para uranio sino oro, plata, cinc y demás”. Red Puna organizó charlas con
especialistas, Cristian preparó fotocopias y volantes para la gente de Juella.
“Acá no tenemos Internet, usamos un locutorio de Tilcara con re buena onda, no
nos cobraban las fotocopias y ya era fin de mes”.
En pocos días, Juella se convirtió en una academia sobre el
verdadero significado de la minería. “La radiactividad de la explotación de
uranio llega a 200 kilómetros a la redonda -informa Carolina-. Ni siquiera dan
trabajo. Todo lo hacen máquinas” agrega la kolla Pilar. “La gente ha sido muy
sumisa, pero ahora ya no” completa Verónica.
La movida omitió pensar siquiera en el intendente,
concejales de Tilcara y funcionarios provinciales. “Es que son políticos. Y si
te dormís, te instalaron la minera. Al final nos apoyaron todos” editorializa
Cristian. El intendente Félix Diaguita Pérez, radical, había declarado: “Tengo
todo controlado”. Cristian: “Nuestra duda era, ¿a favor de la minera o en
contra? Nunca mostró de qué lado estaba, hasta que vio que íbamos en serio. Ahí
firmó”.
Jueza por la ventana
Uno de los concejales de Tilcara, el radical Eduardo
Escobar, llegó a Juella y se puso a disposición de los vecinos: “Hago lo que
ustedes quieran”. Dos abogados, María José Castillo (de Red Puna) y Enrique
Oyharzábal (del Equipo Nacional de Pastoral Aborigen y colaborador los hermanos
Jesús y Pedro Olmedo, obispo de Humahuaca y párroco de La Quiaca,
respectivamente) redactaron el proyecto de ordenanza que Escobar presentó al
Concejo Deliberante. El 10 de julio llegaron a Tilcara para reunirse con los
vecinos el director de Minería de la provincia, Martín Sánchez, el secretario
de Cultura, Jorge Noceti, y la jueza de Minas, Cristina Lucas de Durruty.
Paralelamente, la comunidad salió desde Juella caminando los
6 kilómetros hasta Tilcara, sumando en el camino a más vecinos y hasta escuelas
enteras. Para cuando llegaron frente al municipio, ya pasaban largamente las
mil personas. A último momento se sumaron algunos integrantes de los
movimientos Tupaj Katari (del ex célebre Perro Santillán) y la Corriente
Clasista y Combativa (maoístas que apoyaron a los ruralistas en el reciente
round con el gobierno). Los comercios y boutiques se plagaron de letreros
contra la minería de uranio.
El Salón de Actos municipal quedó desbordado. Sánchez,
Noceti y Durruty salieron a la vereda, fuera de la recova del municipio, para
hablar con micrófono. Tomasa: “La verdad es que la gente se ha enojado, sobre
todo con la jueza, porque seguía diciendo que defendía la minería”. El abogado
Oyharzábal aporta una impresión: “La actitud fue de mucha soberbia, frente a
gente que estaba realmente indignada”. Cristian: “Es que no querés que te sigan
haciendo el verso”. Durruty no pertenece al Poder Judicial: se llama “juez de
minas” a la persona que otorga los permisos a las empresas.
La gente le gritaba a la jueza si estaba o no a favor de la
minería, y cuando le preguntaron “¿y qué vas a hacer con el Pan de Azúcar?” dio
media vuelta rumbo a la Municipalidad. Los caballeros Sánchez y Noceti
rumbearon sigilosamente hacia otro lado. La jueza quedó sola en medio de la
gente, erró el camino, y terminó entrando al municipio por una ventana. El
público seguía reclamándole dentro del Salón de Actos y ella finalmente fugó
por otra puerta hasta llegar a la comisaría. Fue un momento de obvia tensión.
El intendente Diaguita Pérez firmó la ordenanza que ya
habían aprobado los concejales por unanimidad, y la leyó al público. “Como
nunca la había visto -se ríe Tomasa- ni sabía las palabras”. Tropezó
especialmente con “lixiviación”, término que define cómo el cianuro quema la
tierra para separarla de los metales. Uno de los carteles en la calle decía:
“Si sos Diaguita defendé a los indígenas”. La jueza Durruty ya había huido de
Tilcara.
La ordenanza o el marketing
La ordenanza 13/08 recuerda principios constitucionales
sobre la preservación del ambiente, denuncia la destrucción del suelo, el agua
y el aire que provoca la minería a cielo abierto, enumera catástrofes
ambientales ocurridas en el mundo por este tipo de emprendimientos y reproduce
el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, que plantea, por
ejemplo:
“Los pueblos interesados deberán tener el derecho de decidir
sus propias prioridades en lo que atañe al proceso de desarrollo, en la medida
en que éste afecte a sus vidas, creencias, instituciones y bienestar espiritual
y a las tierras que ocupan o utilizan y de controlar, en la medida de lo
posible, su propio desarrollo económico, social y cultural”.
“Dichos pueblos deberán participar en la formulación,
aplicación y evaluación de los planes y programas de desarrollo nacional y regional
susceptibles de afectarles directamente”.
Finalmente el texto prohíbe en el departamento de Tilcara
“la radicación de explotaciones mineras metalíferas a cielo abierto y/o las
explotaciones mineras que utilicen sustancias químicas como cianuro, mercurio,
ácido sulfúrico y otras sustancias tóxicas similares en sus procesos de cateo,
prospección, exploración, explotación y/o industrialización de minerales
metalíferos”. Tal vez lo principal sea otra cosa: la ordenanza podría ser un
caso testigo de los efectos institucionales que puede tener una veloz
movilización social, como ya ocurrió en Famatina (La Rioja, donde en 2007 se
frenó a la Barrick Gold y se prohibió la minería a cielo abierto) o la
premonitoria Esquel, que con un plebiscito en 2003 detuvo la instalación de
Meridian Gold.
Detalles curiosos: Tilcara es el primer Municipio Indígena
de Argentina, y la Quebrada de Humahuaca fue declarada Patrimonio de la
Humanidad por la unesco (Organización de las Naciones Unidas para la Educación,
la Ciencia y la Cultura). “Pero si sos Municipio Indígena, eso no puede ser
sólo marketing” dice el kolla Ariel, de Red Puna, y revela un dato para
turistas: “Ni siquiera hubo más trabajo. Muchas de las artesanías y tejidos
típicos que te venden en Tilcara los traen de Bolivia”. Cristian y Carolina
también se indignan: “Las señoras que tejen en serio no tienen lugar donde
mostrar y vender lo que hacen, pero las cosas truchas tienen espacio”. La
propia Red Puna (que tiene una cooperativa que produce increíbles tejidos de lana
de oveja y fibra de llama) no tiene puesto en Tilcara y sí sus propios locales
en Abra Pampa y Maimará.
¿Y qué significa Patrimonio de la Humanidad? María José, la
abogada: “Es algo turístico, pero ni siquiera desarrolla un turismo que
beneficie a la gente del lugar. Y al ser ‘de la humanidad’ parecería que no es
de nadie”. Remo Leaño, del grupo de vecinos autoconvocados de Tilcara, y
diseñador de páginas web, cree que se trata de un negocio inmobiliario “que
benefició a la gente del poder, y la gente del poder ahora apuesta por el
negocio minero. Dicen que lo del Patrimonio de la Humanidad permitió mover 14
millones de dólares en turismo. Eso es un vuelto comparado con la minería”.
¿Quién es esa gente del poder? “Imaginate: los políticos asociados con las
empresas mineras”.
¿Contra el progreso?
Cristian está molesto. “Un día discutí con la directora del
hospital que decía que estar contra la minería es estar contra el progreso. Yo
le dije: estamos en contra de que nos maten”. Uranio del Sur pertenece a Uranio
AG, fundada en 2006 con sede en Suiza, cuyo accionista mayoritario es la minera
canadiense (paisana de Barrick Gold) Rome Resources ltd, ubicada en Vancouver.
Allí, en la Columbia Británica de Canadá, también está prohibida la minería de
uranio, mientras esta subsidiaria tiene ya 22 concesiones mineras en La Rioja y
San Luis, 171.000 hectáreas. Los canadienses serían tan reacios al progreso
como los habitantes de Tilcara. Facundo, psicólogo e integrante de los equipos
de formación de Red Puna: “También sería progreso que haya agua, te dicen que
en la Puna no hay agua, pero cuando aparece una minera hay millones de litros
diarios. Lo que no hay es voluntad política de hacer un cambio estructural”. La
idea de que oponerse a la muerte, el empobrecimiento y la enfermedad es
oponerse al progreso, es tal vez una curiosidad turística que la provincia
debería publicitar.
El mecanismo de estos emprendimientos se basa en la
confusión. Las autoridades jujeñas dijeron que Uranio del Sur tenía sólo dos
pedidos otorgados por la jueza Durruty, uno de 500 y otro de 9.099 hectáreas,
pero la investigación vecinal ya reveló que había al menos tres pedidos más de
exploración. Leaño: “Todo va demostrando que el gobierno provincial miente”.
Los kollas y campesinos parecen tenerlo muy claro. Tomasa:
“Nos quieren sacar del medio”. Verónica: “Nos quieren someter”. Ariel cree que
todo esto aporta a la expulsión de la gente de sus tierras. El abogado
Oyharzábal se suma: “Esto es un proyecto de años para convertir a Jujuy en una
provincia minera con un criterio de pura extracción, para llevarse todo”. No se
trata de un paranoico. “Al revés, el problema que tenemos las sociedades es que
nos enteramos de estas cosas al final. Se ve con el trazado de los dos
gasoductos que van hacia Chile, que pasan por todo el corredor minero mientras
acá mismo, en Tilcara, no tenemos gas. Lo mismo con los tendidos eléctricos. El
Estado no está representando a la sociedad, sino a las empresas, y a un
proyecto minero”.
A nivel nacional se puede recordar al secretario de Minería,
Jorge Mayoral, empresario minero, o a la propia Presidenta haciendo algún acto
de campaña con el logo de Barrick Gold a sus espaldas (propietaria de las
megamineras Veladero y Pascua Lama, de San Juan). Además, las leyes mineras surgidas
de la creatividad del gobierno de Carlos Menem siguen intactas. Las empresas
pagan regalías de menos del 3% sobre lo que ellas mismas declaran, no pagan
iva, ni impuesto a los combustibles, ni a la importación de sus maquinarias
(que incluyen como “inversión”), ni siquiera el impuesto al cheque, y tienen el
campo libre porque el Estado está expresamente impedido de actuar en el rubro.
Si alguien quisiera redistribuir la riqueza, en este nicho hay con qué
entretenerse.
También es cierto que hay otros enemigos del “progreso”
minero, como Chubut, Río Negro, Mendoza, Tucumán, y La Rioja posmenemista, que
prohibieron estas andanzas mineras aunque casi siempre como efecto de la
movilización de sus comunidades. En Tucumán, además, existe una rama de la Unidad
Fiscal para la Investigación de Delitos contra el Medio Ambiente (ufima), bajo
la órbita del fiscal general Antonio Gómez. Tramitan 60 denuncias, y de allí
nació el procesamiento dictado por la Cámara Federal de Tucumán contra el
vicepresidente de Bajo Alumbrera (Catamarca), Julián Rooney, por el delito de
contaminación, donde se considera “cómplice” al secretario de Minería Mayoral.
Y allí también fueron indígenas y campesinos jujeños a denunciar lo que ocurre
en la provincia.
Tal vez por esas cosas, el director de Minería provincial,
Martín Sánchez, no tuvo problemas en confesarle a la abogada María José
Castillo lo siguiente: “Ah no, acá nunca vamos a hacer audiencias públicas por
el tema ambiental. Mirá si después nos pasa como en Esquel”.
Doctrina del plomo
Cuando estaba llegando a Abra Pampa, la llamada capital de
la Puna, 3.500 metros de altura, me topé con una de las marchas más extrañas
que puedan imaginarse. Sobre el asfalto vacío de la ruta 9, en medio del
desierto puneño, por donde no hay ningún lugar lógico al cual llegar caminando,
salvo un pueblito a 40 kilómetros, poco más de cien personas pasaban junto al
cementerio de Abra Pampa (los cementerios jujeños parecen fiestas por los
colores de las flores de plástico). Iban muy rápido. Mujeres kollas coloridas y
exasperadas, chiquitos con mochilas escolares, hombres con pancartas. ¿A dónde
estaban yendo? Paola Arias, 26 años, una mujer pequeña y enorme, tres hijas,
visiblemente irritada, me sorprende:
Vamos a Jujuy. Los funcionarios habían prometido venir. Nos
mintieron. Si el gobierno no viene, entonces nosotros vamos allá.
Pero estamos a 230 kilómetros.
(Enojada) No nos importa. Hace décadas que tenemos un cerro
de escoria. Una montaña de plomo, y residuos tóxicos. La mayoría de la gente
está contaminada. Mi nena, Malca, tiene índice 22 de plomo en sangre. Tiene
problemas de la vista, nadie se hace cargo, no hay ni pediatras.
¿Por qué no vinieron los funcionarios?
(Paola mira el asfalto para disimular las lágrimas, pero
sigue hablando) ¡No sabemos! Estamos muy molestos señor, es humillante. Diego
Orellana, secretario de Gobierno, prometió venir. Nos engañaron otra vez
pidiéndonos la confianza para votar. Queríamos hablar. Tenemos la contaminación
con plomo, no hay cloacas. Ni agua. ¿Qué dicen los gobernantes? “Hay que
dialogar”. Bueno, hace años que estamos dialogando: pero además hay que hacer
algo. En Tilcara salieron a la calle, nosotros salimos a la ruta. Acá nos
explotan a todos. La verdad es que el gobierno nacional tendría que hacer algo.
Pero todos hablan mucho, y nadie hace nada.
Veinte años de soledad
Paola me cuenta que buscarán subirse a algunos camiones, o
hacer dedo para que los automovilistas al menos acerquen a los chicos. Acompaño
la marcha un kilómetro, y no puedo caminar más. Los veo irse y no sé si están
locos, o si la suya es la única lucidez posible para sobrevivir en esta
normalidad. En Abra Pampa, Julio y Mario, de Red Puna, me llevan a conocer lo
que me contó Paola. La minera Metalhuasi ya no existe, pero dejó en el medio de
Abra Pampa dos recuerdos. Un gran terreno de derrame de químicos de unos 100
metros por 100 y, efectivamente, una montaña de escoria de plomo, de casi seis
metros de altura, que están allí desde hace más de 20 años.
Sobre 234 casos estudiados de chicos de 6 a 12 años, el
Centro de Investigación Química Aplicada de la Universidad Nacional de Jujuy,
dirigido por la doctora en bioquímica Graciela Bovi Mitre, detectó que el 81
por ciento tiene valores superiores a los 5 microgramos de plomo en sangre.
Resultado: daños neuromadurativos (retardo de crecimiento), plomo depositado en
los huesos (con dolores imaginables) y los dientes, baja de las defensas,
alergias, predisposición a las infecciones, sobre todo las urinarias. Yolanda,
de Red Puna, una de las afectadas, agrega sin perder la sonrisa: “Hay muchos
tumores, casos de leucemia y cáncer. Yo también tengo problemas…”, y sin
terminar señala su zona abdominal.
Los principales transmisores de plomo a la población en Abra
Pampa son la tierra y el viento. Agua no tanto, por pura escasez, aunque el
agua que se consigue es posible que esté contaminada por el vaciadero de
desechos químicos. El bid (Banco Interamericano de Desarrollo) dio un préstamo
para limpiar Metalhuasi, pero lo único que se hizo fue levantar un alambrado.
El resto del dinero no se sabe a qué cuentas bancarias fue. La noticia: el
alambrado ya está roto. El padre Jesús Olmedo intentó llamar la atención sobre
esta situación en 2007. Organizó una peregrinación, que terminó con su propia
cucifixión simbólica sobre la montaña de plomo. Ni así le hicieron caso.
Contra todo pronóstico razonable, Paola, los 40 chicos, y 60
adultos llegaron a San Salvador de Jujuy dos días después. Automovilistas y
camioneros fueron haciendo fluir esa marcha. Acamparon frente a la Gobernación.
Ante el hecho consumado, un grupo fue recibido por cuatro funcionarios. Sede
del encuentro: el estacionamiento de la Gobernación, a cielo abierto. De los 14
puntos que llevaban, según el diario El Tribuno de Jujuy, les prometieron:
1) Llamar en 45 días a una licitación, para comenzar las
obras de saneamiento.
2) Arreglar las pocas cloacas que hay en Abra Pampa, e
incluir en el presupuesto 2009 una planta depuradora de líquidos cloacales.
3) Derivar un camión cisterna, con agua potable para Abra
Pampa.
Los ministros ni siquiera prometieron algo con respecto a
otros pedidos, como el envío de médicos clínicos o especializados en
envenenamiento por plomo. Luego de 20 años, 45 días de plomo en sangre parecen
poco. Podría incluso proponerse inaugurar la planta de líquidos cloacales como
monumento al progreso, brindando con agua del camión cisterna. El Centro de
Investigación Química no ha estudiado qué tienen los funcionarios en la sangre.
Otros comentarios acerca de estos hallazgos quedan a cargo de los lectores
presentes.
Cianuro en tus ojos
Si un Estado y sus gobiernos no logran limpiar plomo y
residuos químicos en lugares del tamaño de sendas canchitas de fútbol durante
20 años, ¿qué garantía pueden dar frente a los proyectos de megaminería en
marcha? Tal vez sólo sea una pregunta apunada. El gobierno de Jujuy tiene, como
era de esperar, una instancia de control: el Departamento de Policía y Control
Minero, área que cuenta exactamente con un (1) funcionario, el geólogo Juan
Carlos Lavadenz. El propio Martín Sánchez reconoció que el organismo está
totalmente superado en su posibilidad de trabajo.
De Abra Pampa a la mina Pan de Azúcar, en el departamento de
Rinconada, se llega por un camino de unos 70 kilómetros de tierra y piedra en
el que no hay señalizaciones. Ariel y María José son baqueanos para orientarse en
la Puna. Como un espejismo en ese desierto de yuyos rodeado por cerros, se ve
la Laguna de Pozuelos, declarada Monumento Natural. Llegamos a Pan de Azúcar.
La población completa es de menos de 60 habitantes.
Seguimos hacia la mina, llevando a Noemí Cruz con su hijito
Alexandro y su beba Ester (los asombrosos cachetes de los bebés kollas deberían
ser algo más que Patrimonio de la Humanidad). En el camino hay una especie de
manchón grisáceo al pie de dos cerros, como la escupida de un gigante en el
paisaje. “Es el derrame químico del dique de colas” explica María José. Un
tramo más, y dejamos la camioneta frente al establecimiento, que es como un
pueblo blanco colgado de un barranco, arrasado por alguna guerra. Se cruza una
tranquera abierta y ridícula, porque no hay alambrado que la contenga.
Recorremos las construcciones, que alguna vez habrán sido oficinas y ya no
tienen techos, ventanas ni puertas. La mina está supuestamente cerrada desde
1989.
Las sucesivas denuncias hicieron que el gobierno provincial enviara
a don Martín Sánchez, que ya en 2006 ejerció el arte de la promesa sobre la
“remediación del pasivo ambiental” (jerigonza que significa limpiar la
contaminación). No se hizo nada. En 2007 el caso, ya emblemático, fue
denunciado por las Comunidades Aborígenes y Pueblos Indígenas de Jujuy ante la
ya citada ufima, que dictaminó la existencia de contaminación en el Río Cincel,
en la Laguna de Pozuelos y en los campos de la zona. Como se detectó la
presencia de bolsones de cianuro y además dinamita, allí fue la Gendarmería:
sólo se llevó la dinamita. La jueza de Minas llegó en 2007, prometiendo
nuevamente remediar el pasivo ambiental, alambrar el perímetro de la mina para
que nadie pueda entrar (especialmente los chicos de la Escuela Albergue de Pan
de Azúcar, que pasan allí toda la semana; la escuela está a menos de cien
metros de la mina) y prometió tapar los socavones.
Actualmente, la realidad es la siguiente:
La mina está abierta a cualquiera que quiera entrar.
Los socavones (pozos que parecen infinitos) también están
abiertos. Con el flash de la cámara de fotos no se alcanza a ver el fondo.
En el gran galpón se encuentra el cianuro caído de bolsas de
la empresa química brasileña Metacril, ilustradas con enormes calaveras y
leyendas en portugués: “cianato de sodio” y “este saco contem um veneno
mortal”. (Dato positivo: si los chicos de la escuela anduvieron jugando por
aquí sin matarse, es indicio de que las futuras generaciones jujeñas acaso sean
indestructibles).
Otro problema: vecinos de Pan de Azúcar y Rinconada se han
ido llevando techos, ventanas y puertas para sus propias viviendas. Empiezan a
faltar también partes de las paredes de chapas del galpón. Cuando sopla viento,
vuela el cianuro. Doña Fausta Mamani llegó agitando los brazos pensando que íbamos
a robar más chapas. “Se mueren los animales, las ovejitas, los cabritos. Nos
hace mal a la nariz y el pecho. Nadie arregla esto”. María José narra que hace
dos meses estuvo reunida con el director de Minería Martín Sánchez, quien le
dijo: “¿En serio sigue habiendo bolsas de cianuro? Ya las vamos a sacar.
Gracias por avisarme”.
En la recorrida encontramos también toda la papelería de la
empresa, de los años 1985 y 1986: recibos, facturas y hasta ejemplares de la
Mining Magazine, revista dedicada a ilustrar las bondades de esta industria. La
mina pertenecía a Río Cincel samic, y más recientemente a Lapacha Minera.
Siempre con la misma apoderada, Graciela Comas. Ambas empresas, según descubrió
la Fiscalía tucumana, tienen pedidos de exploración en esta misma área, que la
jueza de Minas debe definir. Y Lapacha aseguró en 2007 haber estado haciendo
tareas en el lugar, lo que explicaría que las bolsas de cianuro -y el cianuro-
estén tan bien conservados. Ya no postulan la minería de socavón, sino a cielo
abierto. Como dice Sánchez, el director de Minería: “El futuro minero se
presenta más que interesante y prometedor para la provincia”.
Fin con sabor
Cuando anochece, las estrellas parecen lámparas y la luna es
tan grande que marea. Al día siguiente, el abogado Oyharzábal, en Tilcara,
cuenta: “La participación de las comunidades indígenas y de los vecinos
consiste en decirles: vení y firmá, o andate. Una vez un diputado radical, Raúl
García Goyena, me dijo con tono de patrón de estancia: ‘Escúcheme, la democracia
es que ustedes delegan, y nosotros somos los representantes’. Eso está en
crisis, esa cosa de funcionarios que se creen reyes que pueden hacer cualquier
cosa. Pero la gente ya no se calla, ni delega, porque se empieza a ver que se
tiene que plantar, porque el Estado posiblemente no sólo no la defienda, sino
que además es socio de las mineras”.
En Abra Pampa, María de la Red Puna, me contó que ya están
armando reuniones en toda la zona para oponerse también allí (algo más difícil
que en la turística Tilcara) a la infección minera. Con esa sonrisa sabia y
suave de las “mamitas” kollas, reconoce que toda la experiencia de estos años
con la gente organizándose es transformadora.
“Pero lo primero que se transformó fue mi forma de pensar.
Pensar que otros hicieron la historia. Que la realidad ya está, así como es, y
que uno no puede hacer nada. Que hay que cumplir las órdenes y lo que está
dado, en el trabajo, en la vida. En cambio aquí uno dice: yo puedo hacer otras
cosas. Y las puedo hacer con los demás”. Luego menciona algo que en Jujuy
parece aplicable a la movida de kollas, abogados, campesinos, webmasters,
curas, tejedoras, militantes, comerciantes y artesanos: “Y bueno, eso nos pasa:
le fuimos agarrando el gusto”.
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