03.08.2012 | Hablan los abogados del cels que representan a
la familia Ferreyra
El equipo de letrados cree que nada estuvo librado al azar y
que la patota de la UF se dividió los roles.
Por:
Rodolfo González Arzac
El próximo lunes empieza el juicio oral por el asesinato de
Mariano Ferreyra. Es un caso emblemático. Un crimen político. Un juicio que
pondrá en el banquillo de los acusados a diez civiles y siete policías. Una
causa que volverá a poner sobre el tapete, como lo hizo durante la etapa de
instrucción, temas de relieve como la democracia sindical, la extendida
tercerización de los trabajadores y los negocios de algunos jerarcas
sindicales. Carolina Varsky, directora del área de litigio del Centro de
Estudios Legales y Sociales (CELS); Alberto Bovino, penalista de larga y
reconocida trayectoria; y Maximiliano Medina, abogado del equipo de Violencia
Institucional del CELS; representarán a la familia de Mariano Ferreyra. Y
buscarán que, concluido el pleito, el tribunal dicte 17 condenas, 17 cadenas
perpetuas.
–¿Podrían enumerar a los acusados y sus responsabilidades?
Medina: –José Pedraza y Juan Carlos Fernández están acusados
de instigar el homicidio, de ser los autores intelectuales. Pablo Díaz fue el
coordinador de la Unión Ferroviaria (UF) en el lugar de los hechos y máximo
referente del gremio ahí. Gustavo Alcorcel, otro delegado de la UF que
colaboraba con Díaz y fue el encargado de hacer llegar a Favale, el hombre que
disparó. Gabriel Sánchez es otro de los que disparó. Guillermo Uño y Juan
Carlos Pérez se encargaron de ocultar las armas ni bien terminaron los
disparos. Y de la UF también tenemos a Salvador Pipito y a González que son los
dos que evitaron la filmación del equipo de C5N.
Bovino: –Eso muestra el plan. La división de roles. Y que no
fue un acto de locura. Estaba todo muy organizado. Cada uno tenía un papel.
–Y después están los siete policías…
Bovino: –Sí, porque más que zona liberada fue un cordón de
protección para los ferroviarios. La zona liberada es que la policía
desaparece. En cambio, acá fue como un cordón de protección para permitir que
esto suceda. Con lo cual es más grave. Y ni siquiera pueden invocar que no
sabían lo que estaba pasando.
Varsky: –Hay dos de ellos que están en la sala de situación
mirando la televisión y viendo lo que estaba pasando.
Bovino: –Y en el momento en que empiezan los disparos, los
policías dejan de usar el sistema de comunicación donde todo queda grabado y
pasan a un equipo que no conserva las grabaciones. Además, en un momento los
ferroviarios se guarecen detrás de un patrullero.
Varsky: –Y hay siete minutos importantes, que son cuando
ocurren los hechos, que no filman. El policía acusado alega que se le trabó la
máquina, que estaba lejos…
Medina: –Además, es muy llamativo que tres móviles que
estaban separando a los dos grupos se abrieron. Y después de producidos los
disparos, los ferroviaros se fugan por donde estaba la policía. Porque algunos
se habían desplazado a Constitución, pero todavía había gente. Y sólo actúan
cuando los tercerizados van sobre los ferroviarios después de producida la
agresión. Como un cerco protector. Sin el accionar de la policía el homicidio
de Mariano no se hubiese producido.
–¿Cuáles son los elementos que prueban que Pedraza fue el
autor intelectual del homicidio?
Medina: –Hay una conexión por intermedio de cruces
telefónicos que dan cuenta que Juan Carlos Fernández, que es el número dos del
gremio, mano derecha de Pedraza, hablaba desde la Unión Ferroviaria
continuamente con Pablo Díaz que era el coordinador y máximo responsable de la
Unión Ferroviaria en el lugar de los hechos. También pudimos determinar que
Pedraza, durante todo el día, tenía conocimiento de lo que estaba ocurriendo
ahí.
Bovino: –Y no es que Fernández estaba en una punta y Pedraza
en la otra, sino que consultaba permanente con Pedraza. Pedraza estaba enterado
y opinaba sobre lo que había que hacer.
Bovino: –Los llamados coinciden: cada vez que se comunicaban
se definía un curso de acción. Todo el cuadro probatorio concuerda en la misma
dirección. Además está el tema de los tercerizados. En una audiencia, tanto el
fiscal como la abogada María del Carmen Verdú dejaron claro con datos cuál era
el movimiento patrimonial, qué era lo que se perdía y dejaba de ganar con todo
el movimiento de los tercerizados.
Medina: –Por otra parte, está probado que había conocimiento
previo de todo esto por parte de la cúpula de la Unión Ferroviaria. Y que Díaz
articuló la covocatoria y seleccionó específicamente a quienes iban a cumplir
cada uno de los roles.
–¿Ustedes sostienen que se trató de un crimen político?
Medina: –Durante la investigación, se trabajaron distintas
hipótesis para verificar cuál fue la verdadera finalidad de todo esto, la
motivación del crimen: por eso decimos que fue un crimen político. Tuvo como
motivación seguir controlando el ingreso de los trabajadores afiliados a la
Unión Ferroviaria. Pedraza no podía permitir ningún foco opositor y había una
masa de trabajadores tercerizados que si ingresaban al gremio, ellos sabían que
eran obreros contrarios a sus intereses. Por otro lado, está el negocio que
significaba para Pedraza la tercerización. Hay una cooperativa, concretamente,
donde está la esposa y otros integrantes de la primera línea de la Unión
Ferroviaria. Ahí hay una masa de dinero que ellos manejan. El foco de conflicto
con los tercerizados generó la posibilidad de que ingrese una masa de
trabajadores relativamente importante a la Unión Ferroviaria y que ponía en
riesgo la hegemonía política de Pedraza.
Bovino: –No es que quisieron matar concretamente a Mariano
Ferreyra. Pero querían dar un mensaje, un mensaje no individualizado. Un
mensaje para el grupo: "A todos ustedes que son de este grupo, cállense la
boca porque les va a pasar lo mismo." Por otro lado, acerca del negocio
que implicaba la tercerización, no olvidemos que el domicilio de Pedraza es en
Puerto Madero.
–¿De qué forma intentaron defenderse los ferroviarios ante
la Justicia?
Medina: –La defensa de todos los imputados primero fue:
"Nosotros nos congregamos para evitar el corte de vías porque si los
tercerizados cortan las vías los pasajeros se las agarran con nosotros." Y
en realidad, el corte de vías se había evitado una hora antes. Los tercerizados
estaban a tres cuadras del lugar. Y se estaban desconcentrando. No sé si
insistirán. Luego intentaron con el tema de que la bala que mató a Mariano
Ferreyra rebotó en el piso. Intentaron cambiar la calificación legal, decir que
hubo una riña y agresiones mutuas. Por ahora son todas defensas que no resisten
mucho ningún análisis.
–¿Cómo creen que está trabajada la causa que llegó a juicio
oral? ¿Consiguió sobreponerse al perito que intentó estropear una prueba y al
intento de soborno para que dirigentes ferroviarios intentaran conseguir la
excarcelación?
Bovino: –En primer lugar, nosotros vimos una voluntad muy
fuerte y enérgica en avanzar rápida y correctamente en la investigación sin
cometer nulidades. En la mayoría de estas causas, uno trabaja un montón de años
y después hay un montón de nulidades que hacen que se caiga todo. Se trabajó
muy bien. El fiscal que reemplazó a Cristina Camaño trabajó de primera y
Cristina también. Y la jueza trabajó muy bien. Y el tribunal del juicio estuvo
muy bien en unir los dos juicios: el asesinato y las responsabilidades
policiales. Porque si uno los separa cuenta una historia diferente a lo
sucedido ese día. Es un solo caso.
Medina: –La justicia trabajó bien. Llegamos a juicio oral
con un caso muy sólido.
–Ustedes tienen claro que esto fue un crimen político y
saben que para condenar a los responsables de un crimen político no se puede
descansar hasta que llegue la sentencia. ¿Les preocupa el poderío que ya desplegó
Pedraza y el que puedan desplegar los policías? ¿Cómo se preparan?
Bovino: –A mí no me preocupa. Quizás todo esto implique más
trabajo, pero no le tengo miedo. Lo que sí es cierto es que un juicio con 17
defensas es complejo. Nosotros nos conocemos hace mucho tiempo. Nos preparamos
mucho. Hay responsabilidad por ser abogado de la familia y también por
representar al CELS.
Medina: –Es un desafío enorme. Es un caso emblemático que
permite poner en discusión un montón de cuestiones. Y tenemos, sobre todo, el
compromiso con la familia de Mariano Ferreyra. Lo tomamos también como una
militancia personal. «
un perito cuestionado
El desarrollo de la causa por el asesinato de Mariano
Ferreyra deparó presiones, amenazas y situaciones llamativas que generaron dos
juicios paralelos: uno por intento de soborno a jueces (ver aparte) y otro
porque un perito golpeó y modificó un elemento de prueba clave: el proyectil
que mató a Mariano Ferreyra. "Roberto Rocles está procesado por el delito
de adulteración de un elemento de prueba. Las dos causas, tanto la del perito
balístico Roberto Locles como la de sobornos, lo que explican es el intento
continuo de entorpecer el desenvolvimiento normal del proceso", señala el
abogado del Cels, y de la familia de Ferreyra, Maximiliano Medina.
Rocles hizo todo con descaro: frente a otros peritos,
mientras se desarrollaba un segundo estudio al proyectil. "Se pudo
resolver porque siguieron trabajando los mismos peritos que habían estudiado el
proyectil con antelación. Por vías alternativas se logró llegar a una
conclusión pericial. Pero la intención era entorpecer todo", añade Medina.
El peritaje, pedido por la defensa de los imputados, intentaba demostrar que la
bala había rebotado antes de matar al militante del Partido Obrero. Los estudios
muestran que, haya o no rebotado, los homicidas tiraron a matar.
una causa anexa por intento de soborno
La causa del intento de soborno a jueces para que los
dirigentes de la Unión Ferroviaria pudieran obtener una excarcelación se inició
cuando la jueza que investigó el crimen de Ferreyra, Wilma López, detectó una
escucha telefónica donde se aludía a un presunto ofrecimiento de 50 mil dólares
a los jueces para lograr que la causa fuera adjudicada a la sala III de
Casación por sorteo.
Pedraza será indagado próximamente. También tendrán que
declarar como sospechosos el ex juez federal subrogante Octavio Aráoz de
Lamadrid, el contador del gremio ángel Stafforini y el empleado de Casación
Luis Ameghino Escobar (h). Ya pasó por el juzgado Juan José Riquelme, quien
actuaba como intermediario. El agente de la Secretaría de Inteligencia hacía
los arreglos con Aráoz de Lamadrid, quien defendía a uno de los imputados,
Guillermo Uño. Aráoz, además, es un viejo conocido del juez Eduardo Riggi,
quien habló telefónicamente con Riquelme. Los diálogos muestran que Riquelme
decía haber tratado con otro ex camarista, Gustavo Mitchell.
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