Nota de
Marina Dragonetti (@misantapeluca)
Mariana Vargas es abogada y militante por los derechos de
género. Representó a Romina Tejerina y asesora a mujeres víctimas de violación.
Ahora enfrenta una denuncia de un acusado por abuso sexual ante el Colegio de
Abogados provincial y su continuidad laboral podría estar en peligro.
Fuente Plaza de Mayo
Uno de los casos más recientes, ocurrió en San Pedro de
Jujuy cuando una chica se animó a denunciar el abuso sistemático que sufrió
desde los siete hasta los catorce años por parte de su tío. Tuvieron que pasar
varios años para llegar a esta instancia: como muchos adolescentes, dejó su
pueblo para seguir una carrera universitaria , claro que en su caso, se conjugó
el deseo de una nueva vida con la necesidad de olvidar lo que había pasado. Sin
embargo, no pudo. La presencia inexorable de ese recuerdo la obligó a revelar
lo que, hasta el momento, su familia desconocía y a llevar su caso ante la
justicia provincial. Hace ocho meses que comenzó el proceso y su derrotero
todavía está muy lejos de llegar a un final feliz. “Si bien la justicia está
produciendo pruebas en la Fiscalía del Dr. Parentis -nos vamos enterando de
cómo va el curso del proceso-, prácticamente exige un testigo ocular, cosa que
en ningún caso de abuso sexual tenemos. Pero a la vez una chica de 25 años que
hace semejante relato, no podemos no tampoco no creerle. Sabemos que el fiscal
no tiene la más mínima intención de imputar y se producen verdaderos castigos
sobre la denunciante: a diez años le hacen hacer una revisación médica que fue
bestial (con fotos), por ejemplo: un grado de agresividad que lejos de querer
recoger pruebas, parece que quieren castigarla”, explica Vargas.
El acusado se llama Antonio Salvador Sánchez. La Casa de las
Mujeres Unidas por la lucha realizó un escrache en la empresa que empleaba a
Sánchez y distribuyó afiches con su nombre y foto: “Hay un violador suelto”,
advertían. Mariana Vargas, como otros integrantes del movimiento de mujeres,
publicó esa información en su perfil de Facebook, solicitando la condena
social. Como resultado del escrache, el acusado fue despedido de su trabajo y
le presentó una denuncia a Vargas ante en Colegio de Abogados de Jujuy.
El presidente de la entidad, Dr. Mario Mallagray recibió el
reclamo y fue elevado al Tribunal de Ética, al tiempo que aclaró que se siguió
“el normal procedimiento” ante este tipo de casos. Pero la historia no termina
ahí. Según Mariana Vargas fue el mismo Mallagray quien se ofuscó ante las
actitudes de la abogada y decidió respaldar la acusación: “el abogado de esta
empresa que se vio obligada a despedir (a Sánchez) es el presidente del Colegio
de Abogados. El que estaba profundamente irritado era él porque no pueden
tolerar que las mujeres decidan hacer justicia”.
Por otra parte, Vargas considera que su participación en la
campaña no debería ser juzgada como parte de su conducta profesional: “Que yo
sea abogada no quiere decir que no puedo publicar en mi Facebook algo que yo
pienso y sostengo, porque es algo que tiene que ver con mi derecho de ejercer
mis libertades. El movimiento de mujeres se arroga el derecho de condenar
socialmente cuando la justicia no actúa, porque el problema es que en esta
justicia no se puede delegar. Es una justicia que garantiza la impunidad porque
nunca le cree a la víctima”, concluye.
Esta situación se replica en muchos reductos del país en
donde se continúa estigmatizando a la víctima. En Jujuy, las instituciones
judiciales actúan frecuentemente como un muro infranqueable cuando se trata de
abordar casos de abuso sexual. En sus diez años de ejercicio, Mariana Vargas
solo tuvo un caso con juicio oral que llegó a condena en San Pedro: “un caso
emblemático, el de Martín Aramayo que es un médico cirujano que obligó a su
paciente a hacer sexo oral en el momento en que le sacaban los puntos de la
operación de vesícula y ahí tuvimos un fallo en que se planteó que como la
víctima no lo mordió, ni gritó, en realidad consintió la relación, de haber
existido. Esos son los fallos de Jujuy: nosotros tenemos uno ahora similar en
donde nos plantean prácticamente lo mismo: un abogado -Torres-, que abusó de su
hija desde hace diez años, ella escapa de su situación, hace la denuncia
empujada por el Hospital al que había ido por contención psicológica y con esa
presión ella hace la denuncia. Se logró la imputación por abuso sexual y
durante seis meses no se detuvo al acusado, hubo tres escraches de la Casa de
las Mujeres Unidas por la Lucha en Jujuy en el estudio de este abogado, se
logró que se lo detenga y fue liberado hace una semana con un fallo por falta
de mérito”.
Para Elsa Colque – dirigente que decidió inaugurar la Casa
de la Mujer María Conti, luego del caso Tejerina-, las decisiones judiciales
están impregnadas de una cultura arraigada en la provincia: “En esta parte
ocurren estas cosas. Que un hombre tenga hijos hasta con su hija, esta muy
naturalizado. Todavía existe el derecho de pernada en muchos casos.”
Mientras el juicio contra Sánchez continúa su marcha,
organizaciones sociales expresaron su repudio a esta medida que podría poner en
peligro la continuidad laboral de Mariana Vargas. En Jujuy, el trabajo social
para proteger a las víctimas es tan importante como el judicial. Es que allí
donde la justicia flaquea, hacen falta otros actores que puedan contener a las
mujeres que todavía sufren la impunidad de las instituciones.
Excelente la nota sobre lo sucedido. Felicito a esta abogada. Hay que tener en cuenta que muchos abogado laboral cuentan que estas situaciones tambien se dan en el ambito laboral y general muchos reclamos
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