POR OMAR LAVIERI
Rechazó un pedido del Ministerio de Planificación, como ya
había hecho el juez Bonadio.
El día del accidente. El 22 de febrero de 2012 se produjo el
choque en la estación de Once./Gerardo dell oro.
18/08/12
La primera jugada político-judicial del Gobierno apenas
sucedida la tragedia de Once fue presentarse como querellante en la causa que
está a cargo del juez Claudio Bonadio. Con esa decisión, el kirchnerismo s e
ponía entre las víctimas del choque que dejó un saldo de 51 muertos y más de
700 heridos. Anteayer, la Sala II de la Cámara Federal dio por tierra con la
aspiración solicitada por el ministerio de Planificación –que cuando fue el
choque tenía al transporte bajo su órbita– de ser querellante en la causa en la
que ya fueron indagados funcionarios y ex funcionarios que debían controlar el
modo en que la empresa Trenes de Buenos Aires (TBA) prestaba el servicio del
ferrocarril Sarmiento.
Los camaristas Horacio Cattani, Martín Irurzun y Eduardo
Farah rechazaron así la apelación hecha por el subsecretario Legal de
Planificación, Rafael Llorens, en representación del ministerio a cargo de
Julio De Vido, para actuar como querellante.
La Sala II de la Cámara ratificó una decisión del juez
Bonadio firmada en junio pasado por la cual le negó al Estado ser parte
querellante en la causa.
Los querellantes-victimas tienen un rol acusatorio : piden
pruebas, controlan la investigación, pueden apelar las decisiones de los jueces
y acusar a los imputados.
En marzo pasado, al inicio de la investigación, Bonadio
había permitido que el Estado actuara como querellante en tanto dueño de los
bienes –los ferrocarriles– que habían sido concesionados a Trenes de Buenos
Aires.
Pero en abril, ante la apelación de un abogado de las
víctimas, la Sala II de la Cámar a le ordenó que revisara su decisión.
En junio Bonadio le negó al Estado la posibilidad de ser
querellante debido a que, luego de la revisión de la Cámara, fueron citados a
indagatoria los ex secretarios de Transporte de la Nación Ricardo Jaime y Juan
Pablo Schiavi; Pedro Ochoa Romero, ex interventor de la Comisión Nacional de
Regulación del Transporte (CNRT); Antonio Luna, actual subsecretario de
Transporte Ferroviario; y Eduardo Sícaro, interventor de la CNRT.
Todos ellos –explicó el juez en junio– trabajaron o trabajan
en la órbita de Planificación, que pedía ser querellante. Bonadio le negó al
Estado la posibilidad de ser querellante y Planificación apeló. Para el momento
que la Cámara analizó la apelación de Llorens varias cosas habían cambiado: los
funcionarios y ex funcionarios –como así también los dueños y gerentes de TBA y
el maquinista del tren, Marcos Córdoba– habían declarado en indagatoria y la
Secretaría de Transporte había pasado de Planificación al Ministerio del
Interior. Y buena parte de las víctimas habían iniciado demandas civiles para
pedir resarcimientos económicos contra la empresa TBA y el Estado Nacional.
En su fallo, la Cámara señaló esta semana que “resulta
irrazonable imaginar que una actividad netamente acusatoria como lo es el
ejercicio del rol de querellante pueda ser llevada a cabo despojada de todo
interés orientado a repeler los embates propios de una demanda entablada en su
contra y por los mismos sucesos…”.
Con la decisión de la Cámara el Estado no será querellante.
Mientras los imputados esperan que Bonadio defina su situación procesal, al
expediente sigue llegando información que complica a los investigados.
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